La crisis pone a prueba el ingreso vital vasco

Javier Maroto, entonces alcalde de Vitoria, acusó en 2014 a “marroquíes y argelinos” de llegar a Euskadi solo para beneficiarse de las ayudas sociales. Ese día comenzó su largo periplo por la política nacional del Partido Popular hasta empadronarse en Sotosalbos, Segovia, para poder ser elegido para el Senado por esa provincia. Sus declaraciones provocaron una reacción social en cadena por enfrentar a los pobres de origen inmigrante con los autóctonos, y cuestionar una renta de garantía de ingresos que posibilita a miles de perceptores salir de la pobreza. Ganó las elecciones en Vitoria pero el resto de partidos se unieron contra él y perdió la alcaldía.

31 años después, una crisis vuelve a poner a prueba este sistema de ayudas. Las consecuencias de la pandemia del coronavirus amenazan con elevar el próximo año el número de perceptores a los niveles de la crisis financiera que arrancó en 2008 y que situó el pico de beneficiarios en el año 2015, con 66.000. Ahora lo cobran unas 54.000 personas.

El sistema vasco de protección social nació fruto del consenso en 1989, en plena crisis económica, y ese hecho es parte de su fortaleza. La defensa de su supervivencia está por encima de cualquier otra consideración. Y eso que en tres décadas el sistema ha sufrido vaivenes: el PSE y el PP pactaron recortarlo el 7% durante el mandato del socialista Patxi López; los partidos discreparon sobre cómo afrontar su reforma, que ha quedado pendiente para la nueva legislatura; y el PNV y el PSE cambiaron en 2017 la referencia de pago. Esa renta pasó de estar vinculada al salario mínimo interprofesional a crecer según un porcentaje fijado en los presupuestos que Elkarrekin Podemos subió del 2% al 4% al final, a cambio de aprobar los presupuestos del PNV y del PSE. Con el salario mínimo se habría revalorizado un 8%.

Zareen es una de las personas a las que señaló Maroto. Marroquí, tiene dos hijos y vive en un piso alquilado en Abetxuko, junto a Vitoria, gracias a esa renta y a la prestación complementaria de vivienda. Es una de las 54.066 personas que cobraron esa ayuda en mayo en Euskadi. Al contrario que Maroto, su periplo comenzó en Marruecos hace siete años y llegó a Vitoria en busca de una oportunidad para sus hijos. “Estoy muy agradecida porque mis hijos tienen qué comer cuando no hay trabajo, y tienen un futuro”, explica. Trabaja cada vez más tiempo en el sector de la limpieza, pero sabe que cuando las cosas vienen mal dadas tiene una mano a la que agarrarse. Forma parte de la minoría de perceptores procedentes de otros países. Más del 60% son españoles y reciben entre 680 euros y cerca de 1.100, dependiendo de los miembros de la familia. Una cuantía a la que se puede sumar el complemento de vivienda de 250 euros adicionales.

Cambios sí, pero ni siquiera el PP se atreve a plantear su eliminación. Tampoco se atrevió a votar en contra del ingreso mínimo vital para todos los españoles, cuando hace apenas unas semanas se votó en el Congreso de los Diputados, 31 años después de la primera renta de ese tipo en Euskadi. La renta vasca tiene un presupuesto para este año de 370 millones de euros, ampliables si es necesario, más los 43 destinados a las ayudas de emergencia social, los casi 80 millones adicionales para la pensión complementaria de vivienda y 10 más para luchar contra la pobreza infantil.

Aliviar la dificultad

“La renta de garantía no resuelve el problema del desempleo, ni la falta de cualificación de quienes tienen problemas laborales, pero palía las peores consecuencias de quienes sufren el sistema de extranjería, los problemas de acceso a la vivienda, y la precarización laboral”, aseguran desde el sindicato Comisiones Obreras, que ayuda a muchos inmigrantes con el papeleo.

No sucedió lo mismo con la Ley de Vivienda. El texto fue impulsado por el PSE-EE y secundado por EH Bildu y UPyD, y salió adelante en 2015 pese al rechazo del PNV, que gobernaba en solitario, y del PP. Socialistas y PNV habían firmado en 2013 un pacto presupuestario pero en su primera legislatura el lehendakari Iñigo Urkullu gobernó solo con el apoyo de sus 27 escaños.

El histórico Plan Integral de Lucha contra la Pobreza que surgió en 1989 para hacer frente a tasas de paro del 25% en muchas zonas de Euskadi se aprobó por unanimidad. Incorporaba la renta mínima de inserción junto a varios planes de apoyo para que los desempleados pudieran incorporarse al mercado laboral. En 2008 se convirtió en la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos que ayuda no solo a los parados, sino a los trabajadores con ingresos bajos y a los pensionistas. El 24,9% del total son pensionistas, casi uno de cada cinco perciben la ayuda como renta complementaria de ingresos de trabajo, y el 43,1% de los perceptores son parados.