Sindicatos y empresas proponen más personal y mejores inspecciones en residencias

Sindicatos y empresas del sector de la dependencia proponen un plan de choque urgente ante una posible segunda ola de la pandemia en España. Con las residencias como uno de los principales focos de contagio, han presentado este lunes un informe que pone de manifiesto la necesidad de aumentar la calidad del servicio y llama la atención sobre la precariedad del empleo. Por ello, piden un aumento de la financiación de un sistema que aún sigue lastrado por los recortes; subir las ratios del personal, que deben establecerse en función de la categoría profesional; la realización de una auditoría sobre la actuación durante la crisis y de un mapeo de los recursos disponibles; la mejora de los salarios y de las inspecciones, y el establecimiento de un modelo de coordinación sociosanitaria que garantice la atención sanitaria pública.

Lo urgente es elaborar un plan de acción ante una posible segunda ola. Así lo ponen de manifiesto CC OO, UGT y las patronales Aeste —que agrupa a los grandes grupos de residencias— y Asade —de ayuda a domicilio—. Y así lo han planteado este lunes en una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez. Para ello, apuntan, es preciso conocer con qué medios se cuenta y cuáles son las estrategias que se aplicarán. Añaden que debe priorizarse la atención en los domicilios o en las residencias de los mayores, siempre que sea posible, pero respetando las recomendaciones del Ministerio de Sanidad: “No se puede ni debe relegar a los mayores en la asistencia sanitaria solo por el criterio de la edad, como lamentablemente se ha producido en algunos casos ante la insuficiencia de recursos y la ausencia de planificación previa”, se lee en el informe. El sector ha criticado que durante lo peor de la pandemia en las comunidades más tensionadas se restringió la derivación de los mayores desde residencias a los hospitales y no se les atendió adecuadamente.

Esta crisis, que ha costado la vida a miles de mayores en las residencias —cuya cifra oficial aún se desconoce porque la información que recaba Sanidad de las comunidades es poco fiable, según un documento del propio ministerio—, ha puesto negro sobre blanco las fragilidades del sistema. “La financiación de la dependencia corre a cargo de la Administración General del Estado en un 17% y de las comunidades en un 83%”, ha afirmado este lunes Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, en una rueda de prensa telemática en la que ha solicitado que se reviertan los recortes de 2012. Por ello, además de la actuación urgente, proponen un “acuerdo político y social amplio”, liderado por el Gobierno en colaboración con las autonomías, competentes en la materia, cuyo resultado sea la creación de un marco de colaboración sociosanitaria. Para ello, piden unidades de coordinación entre el sistema público de salud y los responsables de dependencia, bajo la supervisión de los primeros.

Estas unidades, según el documento, deberán realizar un mapeo de los recursos disponibles en su unidad territorial (provincia o municipio). De esta forma, podrá saberse cuántas residencias hay, cuántas personas viven en ellas, su modelo de gestión o ratios; cuál es la cobertura de los servicios de ayuda a domicilio o centros de día y cuántas horas trabajan sus empleadas (la mayoría son mujeres), o, en el ámbito de la salud, cuáles son los centros con servicio de geriatría y qué pautas de comunicación y derivación de pacientes covid-19 existen. También establecerán los protocolos de identificación y atención de estos casos, así como de su derivación hospitalaria, cuando sea necesario.

Una vez realizado esto, así como una auditoría del impacto y respuesta a la crisis sanitaria, plantean que el Gobierno impulse “un proceso de negociación con las comunidades” sobre el modelo de coordinación sociosanitaria en el que intervengan “los actores sociales y políticos” que establezca un catálogo de prestaciones que conecte ambos sistemas. Además, proponen mejorar la acreditación, es decir, por la cual se autoriza a una empresa a tener plazas concertadas con la Administración, que debe contemplar “ratios de plantilla superiores a las previstas en las normativas autonómicas, y que estas estén desglosadas por categorías profesionales, y que sean acordes al grado de dependencia de los residentes”. También consideran que se debe agilizar el procedimiento por el cual una persona en situación de dependencia solicita una revisión del grado que le ha sido reconocido, así como una reorganización de los centros en función del grado de los usuarios a los que atienden.

“Ha sido un despropósito lo sucedido [durante la crisis sanitaria]”, ha descrito Adela Carrió, secretaria confederal de UGT. También ha reclamado mejoras en la formación de las trabajadoras, en los salarios y en las ratios, así como en las inspecciones, para que dejen de ser puntuales y haya más implicación en el seguimiento de los casos. En el documento se plantea, de hecho, el modelo de Reino Unido, donde estas se articulan a través de un organismo independiente en un proceso de evaluación continua, con revisiones periódicas y planes de actuación para revertir las deficiencias detectadas. Jesús Cubero, de la patronal Aeste, ha reclamado transparencia en los datos, con un sistema público centralizado de información y un único procedimiento con el que las residencias comuniquen su situación a las Administraciones. De esta forma, podrán “disponer de información a tiempo real”, un mecanismo que debería estar “diseñado por el propio ministerio”.

El informe también aborda la ayuda a domicilio, como vía para permitir que los mayores permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible. Así, solicitan una “mayor intervención de la Administración central, sin que esto suponga una recentralización”, ha valorado Valeriano López, de la patronal Asade. “Que haya unos mínimos iguales en todo el Estado”. Entre sus propuestas destaca que los criterios de valoración para licitar los servicios no estén basados solo en la oferta económica, que se aseguren de que la financiación cubre los costes y que se tenga en cuenta el proyecto técnico. También se aboga por reducir la precariedad de contratos parciales.

Ante este panorama, los sindicatos y patronales firmantes han reclamado al secretario de Estado de Derechos Sociales que convoque la mesa de diálogo social, en la que se sentarán a negociar todas las patronales de la dependencia y los sindicatos. El ministerio ha informado de que lo hará “en los próximos días”.

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