“Tememos que mi madre reciba las ayudas tarde o no las reciba”

La familia de Enriqueta Ortiz solicitó las ayudas a la dependencia cuando la mujer tenía 80 años. El proceso ha sido largo: seis meses hasta lograr una cita para la valoración, otros seis esperando el dictamen y un contador que sigue en marcha para la concesión de la ayuda, asignada el verano pasado: a Ortiz le corresponden 45 horas semanales de ayuda a domicilio por tener un grado dos de dependencia, el segundo más alto. Sin embargo, tres años después de la petición, las ayudas aún no han llegado. Su hijo, Manuel García, lamenta las trabas burocráticas: “Tememos que mi madre las reciba tarde o no las reciba”. En lo que va de año, cerca de 30.000 personas han muerto mientras esperaban las prestaciones de la dependencia, según los últimos datos oficiales analizados por la Asociación de Gestores y Directores de Asuntos Sociales. Esto implica que 164 españoles, que ya habían iniciado el proceso de valoración o tenían asignada la ayuda, fallecen diariamente sin percibirla.

Esta lista de espera alcanza las 392.526 personas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en estos primeros seis meses se han producido 44.422 solicitudes y 36.335 valoraciones menos que en el ejercicio anterior. Además, hay 37.587 beneficiarios más con derecho a prestación pendientes de recibirla. “El sistema de atención a la dependencia se está desangrando”, sentencia José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia. “Estas cifras vuelven a poner de manifiesto los recortes salvajes desde 2012 de más de 5.864 millones de euros”.

La atención residencial es el servicio que más ha disminuido, con 15.861 residentes menos que a principios de año, lo que supone un descenso de 9,3%. En la ayuda a domicilio la variación ha sido del 2,6%, con 6.401 usuarios menos que en diciembre de 2019, mientras que en los centros de día se han registrado 3.039 prestaciones menos. Son cifras que reflejan las plazas que han quedado vacantes a la espera de estar ocupadas por una persona en lista de espera. “Estos tres datos hacen que se pierdan casi 11.000 puestos de trabajo”, advierte Ramírez, quien reclama a la Vicepresidencia de Derechos Sociales, una convocatoria urgente del Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. “El sistema está colapsado y esa sobrecarga la están pagando también las familias”, incide Ramírez.

Es el caso de los García. Manuel y su hermana “hacen malabares” para cuidar a su madre que, tras una caída y fractura de cadera en marzo, es completamente dependiente. “Nosotros veníamos notando un deterioro severo meses atrás. El grado dos ya no era ni siquiera suficiente”, cuenta. Es por eso que iniciaron un proceso de revisión para que le reconocieran el máximo grado de dependencia. La cita se la concedieron en mayo, pero la crisis del coronavirus lo frenó todo. “Ya hemos decidido meterla en una residencia privada, aunque nos cueste 1.800 euros mensuales. A ver si aguantamos así unos meses hasta que la puedan valorar de nuevo y podamos recibir una ayuda a tiempo”, añade.

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