EL LIBRO BLANCO DE LA PANDEMIA (III)

Las residencias que quedaron a su suerte ante el colapso hospitalario

El sistema público de salud desatendió muchos centros de mayores. Cuando el ejército acudió a desinfectarlos se encontró con una grave falta de personal, formación y medios para combatir la epidemia

Una trabajadora de una residencia de Cataluña y una voluntaria ayudan a una mujer a sentarse en una silla de ruedas.
Una trabajadora de una residencia de Cataluña y una voluntaria ayudan a una mujer a sentarse en una silla de ruedas.Albert Garcia

El teniente coronel de infantería al frente del batallón de emergencias entró por primera vez en las residencias de ancianos una semana después de que comenzara el confinamiento contra la epidemia y se encontró desesperación, angustia y caos. Para entonces, los muertos por la covid-19 empezaban a contarse por miles en España aunque en esas cuentas oficiales no estaban todavía los fallecidos en los centros de mayores.

El mando militar al frente del batallón que había desinfectado seis geriátricos en tres días redactó informes escuetos y dolorosos sobre lo que había visto en esos centros atacados por el coronavirus. En los partes del teniente coronel se resumen algunos de los problemas que han causado tanto dolor en las residencias: descontrol, recursos insuficientes, ausencia de asistencia sanitaria pública, falta de personal y escasa formación para combatir el brote.


Capítulo 1

Una investigación judicial sobre la desatención médica de las comunidades

El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, se coló a finales de febrero en cientos de residencias de toda España y acabó con la vida de casi 20.000 personas, la mayoría ancianos, según los últimos datos de las 17 comunidades autónomas, que tienen la competencia sobre estos centros.

La Fiscalía investiga ahora la supuesta desatención médica a numerosas residencias por parte de las autoridades autonómicas entre el 14 de marzo y el 14 de abril, un periodo crítico en el que decenas de hospitales de toda España estuvieron desbordados por la asistencia a enfermos de la covid-19. Fiscales de distintas provincias han preguntado a los directores de residencias si pidieron ayuda a los servicios públicos de salud de cada comunidad y qué respuesta les dieron. También han reclamado las comunicaciones, si existen, entre las residencias y los hospitales o centros de salud de cada zona. Además, quieren saber si las residencias contaban con el personal y los medios obligatorios según las distintas normativas autonómicas.

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández, sostiene que la investigación judicial probará que las residencias llamaron “por activa y por pasiva” a los servicios de salud de las comunidades y les “negaron los ingresos” en hospitales. Y que esas “llamadas están grabadas”.

Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), llegó al Congreso cargada de documentación que demostraba supuestamente todas las peticiones de auxilio que hicieron las residencias y la falta de respuesta de las autoridades. “Cuando nos dicen que nuestros mayores tienen que estar en las residencias, nosotros esperábamos que nos mandaran EPI (equipos de protección individual), médicos, enfermeras, y test diagnósticos, y que se hiciera una valoración de las personas y si alguno podía salvar la vida habría que trasladarle al hospital”, afirmó. Pero eso no ocurrió en muchos casos.

La policía municipal de Madrid, los bomberos de Alcorcón, directores de residencias repartidas por las comunidades más pobladas, cientos de familiares de fallecidos en muchas partes de España y mandos al frente de la Unidad Militar de Emergencias han denunciado el abandono que sufrieron numerosos centros de mayores durante, al menos, los 30 días que pasaron desde el decreto que ponía a España en estado de alarma hasta mediados de abril, cuando los hospitales comenzaron a vaciarse de enfermos de la covid-19.

Hay cientos de denuncias de particulares relacionadas con el deficiente funcionamiento de residencias (trato degradante, falta de medidas de prevención, nula información…) y con el abandono de sus familiares por parte de los servicios públicos de salud.

Capítulo 2

Hospitales desbordados = residencias abandonadas

España sufrió los mayores daños de la epidemia entre mediados de marzo y mediados de abril, con cientos de muertes y miles de contagios cada día. Al menos una tercera parte de los fallecimientos quedó fuera de la estadística oficial del Ministerio de Sanidad porque ocurrió en geriátricos o en domicilios y no se hicieron pruebas diagnósticas para conocer el motivo de la enfermedad que causó la muerte.

A muchos de estos centros no llegaban en las primeras semanas de la pandemia ni los médicos, ni las ambulancias, ni los medicamentos, ni las pruebas diagnósticas, ni los equipos de protección individual. Aquellos días, ni siquiera llegaron los servicios funerarios, pese a que había cadáveres dentro de las residencias. “Llamamos a las funerarias y les dijimos: ¡No nos podéis hacer esto! Y nos contestaron que no podían venir porque no tenían EPI para sus trabajadores”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal CEAPS.

El pasado 2 de abril, España ya era el país del mundo con más contagios diarios por coronavirus (8.000) y con más muertos cada 24 horas (950, la mayoría en hospitales). Madrid, el territorio más golpeado por la epidemia, registró ese día más de 500 fallecimientos, casi la mitad en residencias de ancianos. Los hospitales madrileños atendían muy por encima de su capacidad máxima. Habían pasado de tener 640 camas en las zonas de cuidados intensivos a más de 1.500 para hacer frente a la crisis sanitaria. “Si no tomamos más medidas”, dijo entonces el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para justificar el endurecimiento de la cuarentena, “las UCI estarán saturadas en dos o tres semanas”.

Las UCI de toda España apenas podían atender la emergencia causada por el virus. El 2 de abril había 6.092 camas ocupadas en estas áreas de cuidados intensivos, mientras que antes de la crisis la capacidad total era de solo 4.400 plazas. De los 100.000 enfermos diagnosticados con covid a primeros de abril, la mitad estaban hospitalizados. Muchos centros habían reconvertido sus plantas para dedicarlas casi en exclusiva a la atención de infectados por el SARS-CoV-2.

Los protocolos de la Consejería madrileña de Sanidad aprobados para ese periodo crítico imponían restricciones a los traslados a hospitales de ancianos de residencias en función del grado de discapacidad o dependencia del enfermo. Los requisitos dejaban fuera a la inmensa mayoría de los mayores aquejados de algunas de las dolencias que impedían su ingreso en un centro sanitario.

“Nos pareció una barbaridad [la discriminación de Madrid]”, se queja Cinta Pascual. “Pero protocolos con limitación de acceso a hospitales hay muchos en más sitios y con palabras científicas muy bonitas”. “Pese a ello”, continúa, “estábamos convencidos de que se iban a llevar a nuestros enfermos a hospitales, pero a mediados de marzo se produjo el cierre. No ha pasado en todos los sitios, sino en aquellas comunidades que tenían sus sistemas públicos de salud colapsados. Ha ocurrido en Madrid, en Barcelona, en alguna provincia de Castilla y León. He sentido rabia y pena. No entendía qué estaba pasando y por qué. Emocionalmente no lo vamos a superar”.

El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), sostiene que en las residencias de ancianos “se cuida pero no se cura”, por lo que si el “residente no va al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia”, algo que no ocurrió en muchos casos en la Comunidad de Madrid durante el primer mes de la pandemia.

Las normativas autonómicas sobre centros de mayores señalan que se trata de establecimientos de servicios sociales no sanitarios, de “alojamiento, convivencia y atención social”, donde la atención sanitaria y farmacológica que se le presta al residente “es complementaria a la pública que le pudiera corresponder”, garantizando “el acceso de los usuarios a los recursos sanitarios públicos”.

El protocolo de la Consejería de Sanidad fechado el 26 de marzo era “discriminatorio”, según Reyero. “La derivación a hospitales debe basarse en criterios clínicos, no se puede excluir a nadie por discapacidad o niveles de dependencia. No es ético ni legal”. Reyero escribió en tres ocasiones al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), para quejarse del trato indigno que se le estaba dando a los ancianos de las residencias de la Comunidad de Madrid.

El consejero Ruiz Escudero niega que el sistema de salud abandonara a las residencias y para demostrarlo facilitó a finales de mayo en la Asamblea de Madrid una relación de servicios sanitarios prestados a las residencias, sin especificar las fechas: “Se han acometido 633 actuaciones en residencias, 232 han sido medicalizadas, se han ordenado 9.235 traslados de residencias a hospitales y también de hospitales a residencias, y se han distribuido 30.500 test en centros sociosanitarios, se ha comunicado el resultado de 18.000 test siendo positivos 6.271. Hay 28 equipos de atención primaria y 38 equipos formados por personal sanitario de hospitales que están atendiendo a las residencias, y también 26 equipos de geriatras que atienden a las residencias y coordinan con los hospitales de referencia. Se han entregado más de 12 millones de unidades de protección para las residencias y se han dispensado ya 2.960 concentradores de oxigenoterapia y 175.000 dosis de medicamentos”.

Expertos en geriatría y en medicina interna señalan que el traslado al hospital no siempre es lo mejor para pacientes muy frágiles con una enfermedad infecciosa grave, como la covid-19. Su organismo no aguantaría los procedimientos invasivos de los hospitales. Pero advierten de que, para decidir, hay que hacer una valoración individual con criterios clínicos, nunca con restricciones como la edad o la discapacidad. Y subrayan que tiene que garantizarse que en el geriático tendrán el cuidado médico necesario. Muchas no lo tenían. Ni tenían personal entrenado ―el fijo está formado por auxiliares de enfermería o gerocultores—ni medicación adecuada como sedantes ni oxígeno. Las residencias arguyen que son centros sociales, no sanitarios.

“En cuanto necesitas medicación por vía intravenosa o que enfermería esté 24 horas, tienes que medicalizar la residencia. Hay comunidades que lo han hecho y otras que no. Y todas lo han hecho tarde porque llegaron tarde los EPI y los test”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Geriatría (SEGG), José Augusto García Navarro. A muchas residencias no fueron las ambulancias para los traslados pero tampoco los médicos de los centros de salud o los equipos de cuidados paliativos. “Durante la crisis hemos atendido a los pacientes donde se nos ha requerido pero llegó un punto en el que no éramos suficientes”, denuncia Clara Abad, presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia, que atribuye la falta de medios en Madrid a la infradotación de la atención primaria y a que dos terceras partes de la plantilla del hospital de campaña de Ifema se cubrieron con médicos de familia que tuvieron que dejar sus puestos en los centros de salud.

Capítulo 3

La lucha contra el virus en hogares de cuidados a los mayores

La pandemia ha devastado numerosas residencias de ancianos de muchos países europeos. España, Italia, el Reino Unido o Francia tienen cifras muy altas de fallecimientos en hogares de cuidados a los mayores. Son casas grandes con mucha gente que convive junta muchas horas al día. Si entra el coronavirus, su propagación es rápida y el daño que causa, enorme, al atacar en un lugar cerrado donde convive el grupo de población más vulnerable ante un brote infeccioso.

Los primeros protocolos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades, previos a la declaración del estado de alarma en España, plantearon medidas preventivas que pasaban por el aislamiento de los casos sospechosos en las residencias. Pero esos protocolos no sirvieron de mucho para atajar el brote porque llegaron cuando el coronavirus ya estaba dentro de los centros.

“El problema”, explica Cinta Pascual, presidenta de la patronal CEAPS, “es que el 30% de los casos de coronavirus que teníamos era asintomático y, por tanto, aunque nosotros aisláramos en una planta a los sospechosos, en otra planta podían quedar residentes asintomáticos que seguían contagiando al resto”.

La lucha contra un virus tan invisible y tan mortífero que se cuela en recintos cerrados donde convive gente mayor con múltiples enfermedades crónicas se complica si, además, no es posible acudir a un sistema público de salud desbordado por la demanda de decenas de miles de enfermos.

Cinta Pascual denuncia así el abandono: “A finales de marzo nos reunimos en un comité de crisis con expertos epidemiólogos y nos dijeron: ‘Esto es la guerra y estáis solos”. En esa guerra, las residencias de ancianos intentaron comprar material para proteger a sus trabajadores, pero en algún caso les fue confiscado porque no eran un sector prioritario. En esa guerra, las residencias sufrieron numerosas bajas por enfermedad y, además, algunos de sus trabajadores fueron fichados por hospitales que necesitaban manos para atender a sus enfermos. En esa guerra, los directores de los centros tuvieron que mantener durante más horas de las razonables a cadáveres en habitaciones porque las funerarias no iban a recogerlos.

El Ministerio de Sanidad hizo público el 2 de abril un código ético que fijaba las pautas para gestionar una emergencia sanitaria donde había más necesidades que recursos. El ministerio admitía que la rápida expansión del brote infeccioso estaba poniendo a prueba los sistemas sanitarios de las comunidades, que tenían dificultades para conseguir los medios necesarios, tanto materiales como humanos, para atender la emergencia. Por esa razón, Sanidad hacía recomendaciones para tomar decisiones cuando los recursos son finitos y las necesidades infinitas.

Este código ético se incumplió en algunos casos. Los tribunales deberán resolver si esas conductas tienen un reproche penal o no, y si acarrean una indemnización a los perjudicados por la responsabilidad patrimonial de la Administración ante un daño ocasionado por el anómalo funcionamiento de sus servicios públicos.

Capítulo 4

El negocio del cuidado de mayores

En España hay 5.457 residencias de ancianos con casi 382.000 plazas, según datos del Imserso. Ninguna normativa autonómica obliga a tener enfermeras las 24 horas del día en estos establecimientos.

El último informe del Defensor del Pueblo sobre “atención a mayores en centros residenciales”, previo a la declaración de la pandemia, reclamaba más recursos para aplicar la ley de dependencia, se quejaba por una lista de espera de 50.000 personas y pedía una “revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial”. “Las ratios de personal están desfasadas. Ahora los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor”, señalaba. El informe consideraba necesario “mejorar la cualificación del personal” y promover un “modelo de residencia con atención médica y de enfermería más amplia y extensa”.

En los últimos años, el perfil de los ancianos que viven en residencias ha cambiado y requieren mayores cuidados médicos. En promedio, se trata de personas de más de 85 años, con tres enfermedades activas, que consumen más de siete medicamentos diarios, padecen insuficiencia respiratoria (17%) y algún tipo de incontinencia en tres de cada cuatro casos, según los informes de CEAPS.

“La ley de dependencia [vigente desde 2006] cambió las residencias de forma drástica. Ahora atienden a personas más dependientes. A partir de esta ley muchas personas en situación de dependencia que hasta entonces no podían pagarse una plaza pudieron acceder a ella, a través de plazas públicas o concertadas, o de prestaciones vinculadas al servicio [por las cuales se da un dinero a la persona, que debe aportar de su bolsillo lo que quede hasta cubrir el precio de la plaza]”, afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, vinculó lo ocurrido en las residencias de ancianos a los fuertes recortes en gasto social que ha sufrido España en los últimos años: “Han sido 7.000 millones de euros en sanidad y 5.000 millones en el sistema de la dependencia. Esos recortes han aumentado la vulnerabilidad de los mayores”. Además, Iglesias encontró otras razones para justificar la tragedia de los últimos cuatro meses: “¿Que las residencias estén en manos de conocidos corruptos y fondos buitre no tiene nada que ver?”, se preguntó.

Las patronales que representan a la mayoría del sector niegan las acusaciones de Iglesias y explican que tan solo el 15% de las residencias en España están en manos de grandes grupos, alguno de los cuales es propiedad de empresarios imputados en casos de corrupción. El 67% de los centros está gestionado por pequeñas y medianas empresas.

Capítulo 5

Las cifras de la tragedia

Los registros civiles han contado un exceso de mortalidad de 43.936 personas respecto al año pasado en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio. El Ministerio de Sanidad ha notificado en ese mismo periodo 26.991 fallecidos diagnosticados de covid-19. La diferencia de 16.945 fallecidos está relacionada también con la epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 aunque no puede ser atribuida completamente a esta circunstancia, según los expertos. La mayoría de esos 16.945 muertos corresponde a ancianos que fallecieron en residencias o en sus viviendas sin haberse hecho la prueba del coronavirus.

Los datos facilitados por los Gobiernos de Madrid y Cataluña suman casi 2.000 muertos en domicilios y más de 10.000 en residencias, la mayoría con coronavirus o sospecha de padecer covid-19.

Cuando la Policía Municipal de Madrid levantó acta de la inspección realizada a una residencia en mayo, el mando al frente de la operación escribió: “Nos dicen que si se hubieran podido derivar al hospital a los enfermos, habría habido menos fallecimientos”. Los expertos sostienen que es imposible saberlo.

Oficialmente, más de 28.300 personas han muerto en España por la covid-19, según la estadística del Ministerio de Sanidad, de los que el 86% tenía más de 70 años.

Conclusiones

La atención no fue adecuada

La tragedia que desencadenó la entrada del coronavirus en el 20% de las 5.400 residencias de ancianos de toda España, según datos de CEAPS, se vio agravada por la saturación de los servicios públicos sanitarios como consecuencia del contagio de decenas de miles de personas por el coronavirus SARS-CoV-2. El colapso hospitalario en muchas zonas impidió la atención adecuada a residencias. La aprobación de protocolos restrictivos por algunas comunidades, como Madrid, apuntalaron el abandono de residencias situadas en zonas con hospitales colapsados. Las cifras del drama, que no son homogéneas, tampoco entraron en la estadística del Ministerio de Sanidad sobre muertos por el coronavirus. De las cerca de 20.000 personas fallecidas en residencias, con test positivo o sospecha, más de 10.000 (de Madrid, Cataluña y Castilla y León, principalmente) no figuran en las cifras oficiales.

Recomendaciones

Refuerzo de la atención y coordinación

El debate respecto al modelo de las residencias de ancianos en España lleva años sobre la mesa. Un sector defiende reforzar su dotación médica y sanitaria. El Defensor del Pueblo también reclama para estos centros una atención médica y de enfermería “más amplia y extensa” que la existente en la actualidad. Expertos en servicios sociales advierten, sin embargo, de los peligros de convertir estos centros en una especie de hospitales pequeños y abogan por aproximar más las residencias a un concepto de hogar, con unidades de convivencia y donde se respete el proyecto vital de cada residente. Los expertos defienden también que la atención médica necesaria provenga de los servicios públicos de atención primaria y de una buena coordinación con la red hospitalaria.

Información sobre el coronavirus

- Aquí puede seguir la última hora sobre la evolución de la pandemia

- Así evoluciona la curva del coronavirus en España y en cada autonomía

- Buscador: La nueva normalidad por municipios

- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus

- Guía de actuación ante la enfermedad



Más información