El consejero de Políticas Sociales en Madrid cree que negar el auxilio a las residencias pudo ser ilegal

El consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, ha cuestionado este lunes la legalidad de los protocolos aprobados por su Gobierno para seleccionar qué ancianos de residencias eran aptos de ser hospitalizados durante la pandemia. Su declaración aviva los roces entre el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y alienta los pedidos de una investigación judicial sobre los miles de muertes en los geriátricos.

“Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto", ha dicho Reyero en la Asamblea de Madrid. "Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”.

Reyero, de Cs, leyó esas palabras preparadas para responder a una pregunta de la portavoz del PSOE en la Comisión de Políticas Sociales, Purificación Causapié, quien le pidió que se pronunciase sobre los protocolos. Se refería a los documentos aprobados por la Consejería de Sanidad dirigida por Enrique Ruiz Escudero, del PP, que han sido la guía de los hospitales madrileños ante las solicitudes de ingreso hospitalario para evitar el colapso durante la pandemia. La última versión, del 25 de marzo, dejó fuera a quienes presentaban demencias avanzadas, los grandes dependientes, los enfermos terminales y los enfermos de cáncer terminal.

El primero de estos documentos data del miércoles 18 de marzo, un día después de que saltaran las alarmas sobre el peligro del coronavirus en las residencias al conocerse que al menos 19 ancianos habían muerto en un geriátrico de Madrid, Monte Hermoso. Eran los días más críticos de la pandemia, cuando comenzaron a conocerse las presiones que soportaban los hospitales de la región.

La Consejería de Sanidad decidió que era necesario elaborar un documento con criterios de admisión, basados en la ética de la medicina de catástrofes. Funcionarios de la consejería se coordinaron en un chat con los 22 geriatras de hospital que iban a tener la última palabra sobre los ingresos desde las residencias de su área geográfica. Elaboraron siete borradores de los protocolos, algunos con la firma digital de Carlos Mur, director general de Coordinación Sociosanitaria.

Uno de ellos, del 20 de marzo, suscitó una fuerte reacción por parte de los geriatras porque excluía a las personas con discapacidad, con independencia de su edad. Los geriatras señalaron que el criterio rector debían ser los años de vida útil del enfermo. Tuvieron como inspiración otras guías éticas de actuación, como las elaboradas por la Sociedad Española de Geriatría o el Centers for Disease Control and Prevention, una agencia federal estadounidense.

Reyero reveló que tanto él como otros miembros de su equipo le dijeron a Escudero de palabra y por escrito, en reiteradas ocasiones, que se oponían a los protocolos de Sanidad. En concreto dijo que él le envió tres escritos con fecha 22 de marzo, 31 de marzo y 11 de abril. Detalló que en esas comunicaciones le pidió como alternativa la “medicalización” de las residencias, un término ambiguo que sugiere dotar a estos centros de unos recursos de los que carecen. La ley española concibe a los geriátricos como viviendas con asistencia permanente de cuidadores y otros profesionales sanitarios, pero no como un sustituto del hospital.

“En mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital era imprescindible la medicalización porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo y para que se me entienda. O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia”.

Choques con Ayuso

Con sus declaraciones Reyero subraya su distanciamiento de la gestión que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho de la crisis sanitaria. Ayuso desaprobó en público el pedido de auxilio que Reyero hizo al vicepresidente Pablo Iglesias para que enviase a la Unidad Militar de Emergencias a las residencias, aunque más tarde la presidenta accedió a esa ayuda. Posteriormente, el 26 de marzo, Ayuso le retiró competencias a Reyero al entregar un mando único sobre las residencias a Escudero.

Reyero también se mostró este lunes a favor de que la Asamblea cree una comisión de investigación sobre la mortalidad en residencias durante la pandemia. Es una demanda que portavoces de la oposición reiteraron ante la prensa después de la intervención del consejero.

“Hay muchas preguntas que venimos haciendo y llevan a la necesidad de aclarar en sede parlamentaria lo que ha sucedido. No recuerdo haber ido a ninguna reunión y que no salga el tema de las residencias", dijo el portavoz del PSOE Ángel Gabilondo.

“La situación que se ha vivido roza la ilegalidad. Nosotros lo hemos fijado como una prioridad”, afirmó Pablo Perpinyá, de Más Madrid.

El examen político en la Asamblea se uniría al frente judicial. Más de 200 familiares respaldados por el movimiento ciudadano La Marea de Residencias se han sumado este mes a querellas colectivas contra miembros del Gobierno de la Comunidad y directores de residencias. Han interpuesto sus acciones en juzgados de Madrid capital, Leganés y Alcorcón. Los querellantes acusan a Ayuso, Escudero y al consejero de Justicia Enrique López de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, entre el 8 de marzo y el 30 de mayo murieron en las residencias de carácter sociosanitario de la región 5.987 personas con covid-19 o síntomas compatibles. La inmensa mayoría de estas muertes se produjeron en residencias de mayores, donde al principio de la crisis había algo más de 52.000 residentes.

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