El frente judicial tras las muertes en las residencias: “Mi tía de 85 años merecía una oportunidad”

En España han muerto 19.194 personas con covid-19 confirmada o con síntomas compatibles en las residencias de servicios sociales. La cifra es el resultado de un recuento de este diario con información de las comunidades autónomas. El Gobierno recaba la información desde hace más de un mes, pero aún no ha hecho públicos los datos. No todos son fallecimientos en residencias de mayores —también incluyen de discapacidad y de salud mental—, pero probablemente sean la mayoría. En ellas el virus ha sido devastador. Tras la grave crisis sanitaria en estos centros donde vive población especialmente vulnerable a esta enfermedad, ahora se abre un frente judicial, con familiares, asociaciones e incluso partidos políticos recurriendo a los tribunales.

Familiares, sindicatos, trabajadores y patronales coinciden en que la situación ha mejorado en las residencias respecto a la época más cruda de la pandemia, que pilló a todos por sorpresa. Ahora la obsesión es que algo así no vuelva a ocurrir. Por ello se decidió Ana Cristina Gómez a participar en la denuncia que la Marea de Residencias, plataforma que aglutina a familiares y trabajadores, presentó este miércoles en Madrid contra el consejero de Justicia, Enrique López, y cinco directores de residencias. Se suma a otra que ya había impulsado esta plataforma contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias.

La última vez que Gómez vio a su tía fue días antes de que se decretara el estado de alarma. Tenía 85 años y se movía en silla de ruedas. Llevaba un año en la residencia Parque de los Frailes, pública pero gestionada por la empresa Aralia, sobre la que la Comunidad abrió a principios de año un expediente de rescisión de contrato. “Mi tía era como mi segunda madre. Tenía alzhéimer, pero nos conocía perfectamente”, recuerda esta mujer de 39 años. “Me llamaron del centro a finales de marzo y me informaron de que tenía una baja saturación de oxígeno en sangre”, dice. “Me explicaron en el centro que no la podían derivar al hospital porque no estaban aceptando a ancianos de residencias”, añade. En esos días trascendió un protocolo de la Comunidad por el cual se restringía la derivación de mayores con grandes dependencias y enfermedades terminales al hospital. “Pero ella no tenía una enfermedad terminal”, se queja. Un portavoz de la Consejería de Sanidad replica que ha habido más de 8.000 traslados de residentes a hospitales durante la pandemia. La tía de Gómez murió el 9 de abril. La última vez que hablaron por teléfono solo le dijo “hola”. “Siempre nos había hablado, siempre nos había conocido”, lamenta. “Que esto no vuelva a pasar. Mi tía se merecía una oportunidad”, dice.

Las comunidades envían los datos de fallecidos en las residencias de servicios sociales dos veces por semana al Ministerio de Sanidad, que asegura que hará pública la información cuando la haya analizado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el sábado que están pendientes de la evolución de los centros, pero “una vez pasada la epidemia” se podrá conocer mejor lo ocurrido.

Las autonomías remiten datos tanto de fallecidos a quienes se les realizó una prueba como de quienes presentaban síntomas compatibles. Aunque los expertos matizan que no todas estas últimas han muerto a causa del virus, la falta de test durante esta pandemia ha hecho que también se recabe información sobre casos sospechosos: a 9.625 de los fallecidos que vivían en residencias no se les realizó una prueba diagnóstica. Madrid está a la cabeza en número de muertes, seguida de Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además, en este tiempo se han registrado cerca de 36.000 contagios confirmados con test en estos centros.

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Tras la grave crisis sanitaria en los centros, ahora se abre un frente judicial. La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles de que tiene abiertas más de 170 diligencias penales y 190 civiles en residencias de mayores. Aunque no precisa en cada caso de qué delito se trata, fuentes fiscales explican que entre ellos están el de homicidio por imprudencia, maltrato y abandono. Algunos expertos consideran probable, sin embargo, que muchas se acaben archivando por falta de pruebas que permitan demostrar que hubo delito. Lidera la lista Madrid, con más de 80 investigaciones penales. Entre los asuntos que tendrán que examinar figura la denuncia que ha presentado la asociación de familiares Pladigmare, que se muestra convencida de que “muchas residencias no aplicaron los protocolos de aislamiento” a tiempo y habla de “catástrofe” en estos centros. Además, hay al menos una veintena de causas judiciales abiertas.

Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste, asegura que los centros actuaron “como dictaron los protocolos” de las comunidades y recalca que el principal problema es que durante unas tres semanas no se aceptaron derivaciones de residencias en los hospitales. Ahora comienza a normalizarse la situación en los centros, en los que la desescalada es más complicada, pero se avanza a medida que las comunidades así lo van determinando.

“Hay menos personal de baja, más equipos de protección individual, y más test, aunque aún no para todos los residentes y trabajadores en todas las comunidades”, explica María Victoria Gómez, responsable de negociación colectiva de la federación de Sanidad de CC OO. “En muchos casos se hacen solo a los sintomáticos”, añade. “Hace falta aumentar la ratio de gerocultoras y de enfermeras en los centros”, prosigue Gracia Álvarez, responsable de dependencia de UGT. “Es necesario regular la coordinación con la atención primaria de salud. Y una monitorización de los centros que permita un sistema de alerta temprana”, reclama José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experto en el sector. Teme un rebrote sin que esto esté asegurado.

Ramiro Berrocal explica que se ha decidido a ir a los tribunales por lo que pueda venir en el futuro. A él le contaron que su padre, de 85 años, tenía un poco de fiebre. Que lo aislaban por protocolo, por la pandemia que arreciaba, pero que estuviese tranquilo, que en la residencia donde estaba no había casos. Cuando un equipo médico logró entrar al centro, varios días después y tras ser intervenido por la Generalitat de Cataluña al registrar 24 fallecidos, una doctora exploró a su padre. “Estaba desnutrido y desatendido. Estaba sufriendo”, lamenta. Según su relato, una doctora le comunicó que presentaba una baja saturación de oxígeno en sangre. La familia autorizó aplicarle cuidados paliativos y el anciano, que tenía un alzhéimer avanzado, falleció pocos días después, el 13 de abril. “A la larga nos hemos enterado de que, desde que se cayó, lo tenían sentado en una silla. No le cambiaban el pañal. Estaba desatendido y no le daban de comer”, lamenta.

El Govern catalán intervino a principios de abril la residencia después de las denuncias por irregularidades de algunas familias y de las quejas del Ayuntamiento de Premià del Mar por la falta de comunicación del centro. Tras realizar PCR a 180 de los residentes, 133 dieron positivo por covid-19. Berrocal y otras 60 familias se han aglutinado en una plataforma de Facebook y han decidido interponer una denuncia conjunta. “El lunes tenemos una reunión para decidir si será una querella penal, una demanda civil o ambas. Hay que hacerlo por ellos, que los dejaron morir a propósito, sufriendo; pero también hay que hacerlo por los residentes actuales y por nosotros, que algún día también seremos mayores”, zanja.

Con información de Jessica Mouzo.

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