Residencias: la desescalada más difícil

Es probablemente la desescalada más difícil. Miles de personas han muerto en las residencias de mayores durante esta pandemia: son uno de los grandes focos de contagio, acogen a la población más vulnerable y con más mortalidad. El Ejecutivo no ha informado aún sobre las condiciones en que estos centros se integrarán en la nueva normalidad. Pero serán de los últimos. Fuentes del Gobierno comentan que “de momento” no van a iniciarse medidas de desescalada. “Estamos lejos de ese escenario”, añaden, dado que se trata de “una de las cuestiones más sensibles”. Si el virus volviera a irrumpir sin control en los centros, sería demoledor. El sector ya se ha puesto en marcha, considera vital un monitoreo de la situación, más equipos de protección individual, medidas que se adecúen a la disparidad de las más de 5.400 residencias que hay en España. Es imprescindible estar preparados para convivir con el virus e intentar contenerlo.

Los mayores que viven en residencias no podrán dar paseos a partir de este sábado, como sí podrá hacer el resto de la población, “con el fin de proteger a uno de los colectivos más vulnerables”, según explica la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado este viernes. El Gobierno no contempla un alivio de las medidas en estos centros hasta la fase tres que, como pronto (dependerá de la situación en cada provincia), llegará una vez iniciado junio. En el sector reclaman una única hoja de ruta. La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia (Ascad), con 250 miembros, elabora un protocolo que entregará a la Generalitat y quiere que el Ministerio de Sanidad lo estudie. Propone un registro de visitas obligatorio para poder alertar a posibles contactos en caso de contagio. Estas deberán programarse, ser individuales y tener un aforo limitado.

El presidente de Ascad, Andrés Rueda, explica que debería haber un circuito de desinfección, “con agua y lejía para los zapatos”, y tanto los familiares como los residentes tendrían que usar “mascarillas y guantes” en estos encuentros. Plantea un sistema de fases dentro de la propia desescalada: “Que lo primero que se permitan sean visitas en centros con espacio exterior, como patios o jardines. Si funcionan bien durante 15 días, sin contagios, puede pasarse a una segunda fase, con visitas en una zona común en el interior, bien delimitada y donde se pueda guardar la distancia de seguridad. Y de nuevo, si en otros 15 días va todo bien, ya entonces podrá estudiarse el acceso a otras zonas”, añade. “Debe darse a los directores la autoridad para decidir el número de visitas permitidas, en función de las características de las residencias”, sostiene.

El documento en el que el Ministerio de Sanidad plantea los criterios de desescalada no va tan lejos. Se postergan las medidas de alivio para estos centros a la fase tres —la última antes de la nueva normalidad—, cuando habrá una “previsión de desescalada y la revisión del modelo de residencias de mayores”. Sin más detalles. Sanidad asegura que se dará más información “próximamente”, pero por lo pronto remite al documento, en el que se reconoce que los ancianos de las residencias han sido los “más dañados” por la pandemia. El Ejecutivo sigue, sin embargo, sin publicar el número de muertes en estos centros. En el texto se especifica que es imprescindible garantizar una progresiva reducción de contagios y una “protección fuerte” de los mayores de las residencias y de los trabajadores. “Aunque esta protección será incluida como uno de los indicadores [para decidir sobre la desescalada]. La premisa inicial en el ámbito de las residencias será la no aplicación de medidas de desescalada”, se indica.

Monitorizar las residencias

”Es una barbaridad plantear una desescalada sin haber articulado una monitorización de las residencias e implantado un sistema de alerta temprana. Aún no se ha hecho“, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y experto en el sector. “Además tiene que haber test suficientes para trabajadores y residentes. De lo contrario, podemos volver a meter el bicho”, continúa. Ramírez reclama que se escuche a los profesionales de servicios sociales, algo que en su opinión no se ha hecho durante esta crisis.

Plantea, por ejemplo, que en los centros las habitaciones sean individuales. La distancia social será clave en esta nueva etapa. “Y lo más importante de todo: hace falta un protocolo de coordinación entre las residencias y los centros de salud y los hospitales”, puntualiza. Su temor es que durante una posible segunda oleada se repitan situaciones de este primer brote, cuando en las comunidades más tensionadas, durante los días más duros de la epidemia, los hospitales rechazaron derivaciones desde las residencias, según explican múltiples voces.

Otras fuentes del sector sugieren que los profesionales de atención primaria y de los propios hospitales puedan desplazarse con más frecuencia que hasta ahora a las residencias, para evitar los traslados de los ancianos a los hospitales, otro foco de contagio. En el documento del Gobierno para la desescalada se contempla que se asegure una ”adecuada atención sanitaria“ y se especifica que el modelo de residencias “deberá ser analizado para su mejora”, dado que “la experiencia ha puesto de manifiesto las limitaciones del actual sistema”, pero tampoco ofrece más detalles.

Los sindicatos, que han venido alertando de ratios insuficientes y contratos precarios, inciden en la importancia de los equipos de protección individual. “Esto no acaba con la desescalada. Hacen falta batas, guantes y mascarillas para trabajadores y visitantes. Hay que establecer una barrera entre los mayores y el exterior”, explica Gracia Álvarez, secretaria del sector de Salud y Dependencia en UGT. Afirma que el material va llegando, pero no el suficiente a todo el territorio. Antonio Cabrera, responsable de la Federación de Sanidad de CC OO, insiste en que es vital que las autoridades sigan “manteniendo el control de la situación en las residencias, tanto públicas como privadas, para evitar que haya una recaída”. Pide supervisión e inspección continua. Que cada centro elabore su plan de acción y que sean las consejerías de salud quienes lo aprueben. “Pero deberá ser todo muy escalonado. Hay que tener en cuenta la situación en el territorio en que se ubique el centro, pero también dentro de la propia residencia. No es lo mismo una sin casos que otra con decenas de ellos”, añade.

Cabrera propone una supervisión directa de la situación por parte de centros de salud y que las residencias que atiendan a personas en situación grave de dependencia se medicalicen, es decir, más presencia de personal sanitario y de medios con los que poder atender a los ancianos. José María Toro, secretario general de la patronal Ceaps, aboga en cambio por mayor coordinación con la sanidad y que los cambios en el modelo “se piensen con tiempo, y no en plena pandemia”. También ellos están elaborando un documento que esperan poder entregar al ministerio y las consejerías la próxima semana. Aboga por que se permitan nuevos ingresos en los centros que no tienen casos y por que se abran las puertas a las visitas. Lo que ve más complicado en estos momentos es la salida de los residentes con sus familiares y su posterior vuelta al centro, algo que sí podían hacer hasta que irrumpió el coronavirus. Por ello insiste en los test y equipos de protección. El riesgo cero no existe. Se trata de minimizarlo todo lo posible.

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