La crisis del coronavirus

El Gobierno aumenta el control en las residencias ante el incremento de casos de coronavirus

Las autonomías podrán dar uso sanitario a los centros, uno de los focos de la epidemia, y atender allí a los ancianos

Miembro de la UME desinfectan una residencia de mayores en Madrid. En vídeo, la Fiscalía catalana investiga la muerte de dos ancianos en residencias. SAMUEL SÁNCHEZ | ATLAS

El Gobierno desconoce la cifra de ancianos infectados o fallecidos por coronavirus en residencias. Remite a las comunidades. Pero cada una decide cómo dar los datos. Algunas, como Madrid —la más golpeada por la pandemia—, no dan esta información. Otras solo dan el dato global de centros sociosanitarios, que incluye los de discapacidad. Según cálculos de este diario, con cifras oficiales y estrictamente sobre residencias de mayores, hay al menos 906 ancianos contagiados y 118 fallecidos. Son solo la punta del iceberg: a quienes se les ha hecho el test en las autonomías que dan datos. Pero la cifra sube cada día y ha convertido las residencias en uno de los focos de esta crisis. Ante este incremento, el Ejecutivo ha decidido aumentar el control de los centros.

Las residencias de mayores y de personas con discapacidad están desde este martes sujetas a la inspección de Sanidad. Y las comunidades podrán convertir estos centros en espacios de uso sanitario, según la orden del Ministerio de Sanidad publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo es que los internos puedan ser atendidos allí, evitando su traslado a un hospital salvo en casos graves. El Gobierno no ha dado por el momento detalles sobre cómo va a dotarlos de medios, humanos o materiales, para que puedan asumir este reto que se les plantea. Pero fuentes del sector han explicado que la idea es que, cuando la situación epidemiológica lo aconseje, se puedan aplicar medidas de uso exclusivamente hospitalario, como administrar determinados medicamentos, siempre bajo la supervisión de un facultativo y del propio hospital, para evitar el colapso de la sanidad.

La medida ha trascendido un día después de que la ministra de Defensa revelase que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había hallado cadáveres de internos “en algunas visitas”. No precisó ni en cuántos centros ni en cuáles. Tampoco lo ha detallado este martes el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya, quien, tras la reunión del Comité Técnico del Coronavirus, se ha limitado a señalar que, cuando los militares acudieron a realizar tareas de desinfección, “se han encontrado personas fallecidas en algunas residencias”. Estas declaraciones han desatado las críticas del sector de la dependencia, que reclama con insistencia equipos de protección. Asociaciones profesionales y sindicatos aseguran que son casos aislados, algunos desbordados, otros a los que no llegan los servicios funerarios (el protocolo establece que son ellos quienes deben retirar los cuerpos).

En cualquier caso, la Fiscalía investiga ya la muerte de ancianos en una residencia en Madrid y en dos en Cataluña. Además, tras las declaraciones de la ministra, la Fiscalía General anunció que abría diligencias para determinar si hay delito. Para ello, se apoyará en las actas que levante la UME que acuda a los centros y en los que dejará constancia del estado de las instalaciones, falta de personal (muchos trabajadores se han infectado), atención o número de contagiados. Esta documentación servirá para tener una radiografía más precisa de la situación de estas residencias y se remitirán a la Fiscalía del Supremo, quien dirigirá la investigación. En los últimos dos días, las Fuerzas Armadas han actuado en 310 residencias (92 este martes).

El sector reclamaba recursos desde hace semanas. “Un mes”, ha puntualizado este martes en una rueda de prensa telemática Cinta Pascual, presidenta de la patronal Ceaps (Circulo Empresarial de Atención a las Personas), que ha asegurado que hay casos en que se ha esperado “de 48 a 72 horas” para recibir la visita de un médico tras dar el aviso. “Habrá unas 300 o 400 residencias con positivos, de más de 5.000”, ha dicho.

Asociaciones profesionales y sindicatos han recordado que el sector sigue lastrado por los recortes y piden que se refuerce el personal sanitario de los centros —no todos tienen médico propio, ni el mismo número de horas— durante esta crisis y que por fin lleguen los equipos de protección. Los trabajadores están desempeñando sus tareas al límite. Por ello, el sector celebraba que se anuncien medidas que, según ha dicho este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, son más estrictas que las recogidas en protocolos anteriores y refuerzan los mecanismos de información. Pero llegan tarde, según Pascual.

Otra orden del 19 de marzo ya obligaba a separar a los usuarios entre los contagiados, los que tuvieran síntomas, quienes hubieran estado en contacto estrecho con ellos y los libres de sospecha. Dividía a los trabajadores entre estos grupos y establecía medidas de desinfección y limpieza. Instauraba la generalización de test y la supervisión sanitaria de atención primaria en residencias. La orden de este martes, además, obliga a los centros a dar periódicamente “información veraz y ajustada” sobre su situación a la comunidad autónoma, que podrá intervenir las residencias, públicas o privadas, ordenando el “alta, baja, reubicación o traslado de internos, creando nuevos centros o modificando su capacidad u organización e incluso nombrando a un funcionario público que dirija la actividad asistencial”. Algo que este martes anunció Alberto Núñez Feijóo en Galicia: una residencia acogerá a usuarios contagiados (leves) de otros centros para que puedan ser atendidos allí por sanitarios.

La orden de Sanidad reitera además que los centros desbordados deben pedir auxilio urgente si no pueden cumplir con el protocolo, especialmente en lo relativo a aislamiento. O si no pueden gestionar los cadáveres. “Aún tenemos que conocer los detalles, pero todo lo que ayude a paliar la situación actual será bueno. Las plantillas, que cobran sueldos pobres, están sobrepasadas, esforzándose muchísimo, hay problemas para contratar. Nadie quiere trabajar aquí”, lamentaba este martes María Victoria Gómez, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad de CC OO. “La situación es dramática”.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectan una residencia de ancianos en el madrileño barrio de Usera. En vídeo, las asociaciones de residencias para mayores acusan a la ministra de Defensa de alarmismo. S. SÁNCHEZ / ATLAS

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