Las residencias podrán contratar trabajadores sin título para hacer frente al coronavirus

Es un goteo que no cesa y el Gobierno desconoce la cifra global de mayores afectados por coronavirus en residencias de ancianos. Así quedó de manifiesto este viernes, cuando el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, reconoció que la cifra concreta la maneja Sanidad. Pero el ministerio de Salvador Illa remite a las comunidades autónomas. El problema es acuciante. Esta semana han trascendido más de un centenar de fallecimientos en residencias. Las patronales reconocen que necesitan ayuda, equipos de protección. Los sindicatos se quejan de falta de medios de protección, de que el personal se contagia y hay centros en los que escasean las manos.

El Ejecutivo también desconoce el número de profesionales de baja. Ante esta situación, el departamento que dirige Pablo Iglesias, la vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha acordado con las comunidades autónomas la flexibilización en las exigencias para contratar trabajadores: podrán hacerlo cuando se acredite que no hay demandantes de empleo con las titulaciones requeridas, tanto para residencias como para ayuda a domicilio o un centro social, y además, podrán realizar estas tareas quienes tengan experiencia en cuidados, aunque no tengan titulación, y se sometan a una formación práctica de las entidades o empresas que suministren el servicio.

Esta medida de carácter excepcional tendrá un plazo de tres meses a partir de este sábado y se puede prorrogar. La iniciativa sigue la senda de la tomada por Sanidad, que ante el colapso del sistema por la epidemia causada por el coronavirus, anunció el jueves que incorporará a 50.000 profesionales, incluyendo a residentes MIR, médicos y enfermeras sin plaza y retirados.

Además, el viernes se acordó que los profesionales sean considerados de servicio esencial, es decir, que se ponen al nivel de los médicos. Y se repartieron los 300 millones de euros anunciados por el Gobierno el martes y que las comunidades podrán utilizar para reforzar los servicios sociales: en residencias y ayuda a domicilio, incluyendo el refuerzo del personal, y las partidas destinadas a las rentas mínimas de inserción, la ayuda que se presta a quienes carecen de otros recursos.

En el reparto se atendió a la población y a criterios como la insularidad. Andalucía es la comunidad que más dinero recibirá, 51 millones de euros, y las que menos, Ceuta y Melilla, con 1,5 millones. También se distribuyeron 25 millones de euros que se utilizarán en comedores escolares, para los niños en situación más vulnerable.

El director del Imserso, Luis Barriga, trató el viernes de difundir un mensaje de tranquilidad y de reconocimiento de la labor del sector de la dependencia, donde trabajan unas 290.000 personas, según cálculos de CC OO. Pero reconoció que la situación es de “extrema gravedad”. No existen cifras oficiales de número de trabajadores en residencias, pero el sector calcula que son unos 180.000. Para ser gerocultora (la mayoría son mujeres), se necesitaba hasta ahora un certificado de profesionalidad, que podía conseguirse con un curso de 680 horas entre prácticas y formación, o un título específico a través de un grado de Formación Profesional, explica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO. También trabajan en residencias o atención a domicilio técnicos de cuidados de auxiliar de enfermería. Son dos años de formación académica que, en caso de necesidad en los centros, ya no serán necesarios.

Nuevo protocolo para los centros

A final de 2018, último dato disponible, unas 380.000 personas mayores vivían en residencias. Muchos de ellos, mayores de 80 años, un grupo de población con el que el virus se ceba especialmente. Por ello, el jueves se firmó una orden del Ministerio de Sanidad, que contó con la colaboración del departamento de Derechos Sociales, que ha sido publicada este sábado en el BOE, que instaura un nuevo protocolo de obligado cumplimiento en residencias y centros de discapacidad: a partir de ahora, “con carácter general” y haya disponibilidad, deberá realizarse el test de confirmación a los casos con síntomas de infección respiratoria aguda y será obligatoria la supervisión por parte de personal sanitario de atención primaria de los casos de coronavirus.

Hasta ahora, según explica Jesús Cubero, presidente de la Asociación Empresarial de Servicios para la Dependencia, que agrupa a las grandes compañías del sector, en las residencias debían avisar a salud pública de las comunidades autónomas y los evaluaban telefónicamente y, “en función de la presión asistencial, de los síntomas y la patología asociada” del usuario, se derivaba al hospital o se daban indicaciones para que permaneciera en el centro. Ahora, el protocolo indica la manera en que deben establecerse zonas de aislamiento en los propios centros, preferiblemente separando en diferentes plantas, si el centro lo permite. Deberá usarse la sectorialización de incendios, salvo que esto no sea posible por el tamaño del centro.

Además, se establecen cuatro grupos entre los residentes: los infectados; los que tengan síntomas compatibles con el virus; quienes, sin síntomas, hayan tenido contacto estrecho con los posibles casos, y quienes estén libres de sospecha. Los trabajadores serán repartidos entre cada uno de estos grupos. Si un residente presenta infección aguda leve, deberá ser aislado del resto. En caso de que sean más de uno, podrán aislarse por cohortes. El mismo criterio se sigue con los contagiados. También se deberán habilitar zonas para que las personas que sufren demencias o alzhéimer, que en una fase de la enfermedad suelen deambular, puedan caminar, aun en aislamiento (luego deberán desinfectarse esos espacios). Además, se deberán adoptar “medidas extremas de limpieza con desinfectantes”.

Mientras, la angustia de los familiares crece. También la de los trabajadores, tanto de residencias como de ayuda a domicilio. El viernes, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, reconoció que no saben cuándo podrán repartirse los equipos de protección individual entre los trabajadores: batas desechables, mascarillas y guantes que ayuden a que estos no se contagien. “Estamos preocupados por este tema, al que más atención hemos dedicado [en la reunión con las autonomías]. Se pondrán a disposición de los servicios sociales tan pronto como lleguen a las comunidades”, dijo en la rueda de prensa.

La Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia ha reclamado este sábado en un comunicado más medios. “Una sociedad como la nuestra no puede consentir que los trabajadores no dispongan del material necesario para el desarrollo de su labor, que los guantes utilizados sean los del Mercadona, o que para atender a 70 ancianos solo haya dos auxiliares”, ha afirmado en un comunicado, en el que insta también a reforzar las plantillas, no solo en residencias, también en ayuda a domicilio y en servicios sociales.

“Las residencias son el hogar de población de riesgo. Y entraban tanto familiares como el personal, que lógicamente sigue acudiendo al trabajo. Es un cóctel explosivo, una situación de riesgo tremenda”, explica Gustavo García, coordinador de estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. “Incluso en centros que aplicaron las medidas a tiempo se están dando casos. Ahora lo fundamental es actuar en donde aún no tienen problemas: hay que habilitar zonas de aislamiento y se necesitan equipos de protección individual. Y también es fundamental que la atención domiciliara por parte de los equipos de salud sea efectiva, que se provea de medios, como respiradores. De lo contrario, se estará abandonando a los mayores, dejándolos a su suerte”.

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