Así murieron más de 6.000 personas en residencias de Madrid

El virus que ha matado a 6.007 personas en residencias de Madrid se coló en los centros donde vivía la población más frágil en febrero y avanzó de forma sigilosa y devastadora. Ahora que el patógeno cede terreno y las acusaciones del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, recrudecen la batalla política y judicial, el relato de los hechos merece un examen minucioso.

La primera señal de alarma no llega hasta el miércoles 4 de marzo por la noche y la dan los empleados de la residencia La Paz, un centro público de 80 residentes en el distrito de Salamanca, no muy lejos del centro de la capital. Es entonces cuando el hospital Gregorio Marañón informa a la dirección de que ha muerto por covid-19 una mujer de 99 años que había ingresado la semana anterior. Ese día habían sido detectados en la región de Madrid 76 casos de covid-19, 5 de ellos en la UCI.

El jueves 5 los medios reportan la noticia del fallecimiento. Hay un brote en el centro que ha afectado al menos a 11 mayores más y una auxiliar de enfermería. Según fuentes del AMAS, la agencia de las residencias públicas, ese mismo día se dotó al personal de mascarillas. El viernes 6, los funcionarios de las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad envían a los directores de las 475 residencias de Madrid un protocolo con medidas de prevención como higiene de manos y aislamiento de residentes con síntomas. En aquel momento había 52.000 ancianos residentes en la región, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

El domingo 8 muchos hijos y nietos acudieron a las residencias para despedirse de sus mayores porque a partir del día siguiente quedaban restringidas las visitas. Fue la última vez que muchos vieron a su familiar.

A la semana siguiente, cuando los casos en Madrid ya superan el millar y la Comunidad ya ha cerrado los colegios, el consejero de Sanidad anuncia el 12 de marzo una batería de medidas, entre ellas la “medicalización” de las residencias. Es un término polémico por su ambigüedad pero da a entender lo que todos en el sector saben: que las residencias no están preparadas para asistir a pacientes porque la ley las concibe como un espacio de cuidados pero no de cura.

El pánico cunde el martes 17 de marzo cuando se conoce el primer caso de muerte masiva en un centro, Monte Hermoso. Al menos 19 ancianos habían perdido la vida en cuestión de pocos días. Empieza entonces durante semanas una cascada de noticias filtradas por familiares y trabajadores sobre otros brotes en la región, con 10, 20, 30 muertos por centro.

Con los hospitales madrileños sobrecargados, la Consejería de Sanidad crea un grupo de 22 geriatras de enlace para que decidan uno por uno la admisión de pacientes procedentes de residencias, valorando los años de vida útil. Elaboran hasta siete versiones de un protocolo de selección entre el 18 y el 25 de marzo.

Entre tanto, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pide el jueves 19 la intervención del personal médico del Ejército pero la presidenta Isabel Díaz Ayuso le desautoriza. Ese domingo 22 escribe dos correos a su compañero de Gobierno responsable de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para poner en duda la ética y legalidad de los protocolos. Reyero, progresivamente apartado por Ayuso, insistiría durante semanas con escritos a Escudero y declaraciones en medios quejándose del abandono de las residencias. Pide un refuerzo médico que solo puede prestar Escudero.

Pero además hay otras carencias básicas. Sin EPIs ni tests las residencias se defienden como buenamente pueden. Una Orden del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo pide a las residencias que dividan su espacio en cuatro zonas, en función del estado de los residentes. Pero esa orden es muy difícil de cumplir en residencias pequeñas, como por ejemplo los chalés de una sola planta. Las muertes crecen descontroladas última semana de marzo y las dos primeras de abril en todo tipo de centros, grandes, pequeños, públicos y privados. La Comunidad solo ha dado datos de muertes y contagios globales, y no ha hecho público el número de muertes por centro.

De poco han servido, según los sindicatos, las 14 “intervenciones” de residencias privadas por parte de la Comunidad. Intervención es una palabra que sugiere un alcance mayor al real. En la práctica las residencias intervenidas a partir del 1 de abril solo han recibido la visita de un funcionario que pasa parte de la jornada en el centro y no ha desplazado a los directores de las empresas.

La situación se ha aliviado en las últimas semanas pero las residencias no están preparadas para un segundo rebrote porque el refuerzo médico sigue sin materializarse, según fuentes de Comisiones Obreras y UGT que precisan que la medicalización ha consistido principalmente en visitas puntuales de sanitarios.

Alrededor de mediados de abril los hospitales volvieron a recibir a residentes ancianos. Según un portavoz de la Consejería de Sanidad, el servicio de emergencias regional había trasladado a hospitales hasta el lunes y durante toda la crisis a 9.632 residentes.

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