LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Los correos internos de la Comunidad de Madrid que denunciaron las muertes “indignas” en las residencias

Al inicio de la pandemia, el responsable de los geriátricos escribió a su compañero de Sanidad pidiendo atención médica y advirtiendo de “graves consecuencias legales”

Urgencias del madrileño hospital de La Paz, el pasado mes de abril. En vídeo, la guerra entre consejerías de la Comunidad de Madrid. SAMUEL SÁNCHEZ | Atlas

El consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), advirtió al inicio de la pandemia a su compañero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), de su impotencia para contener el avance del virus. En dos correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero le dijo a Escudero que si no le ayudaba podría darse la circunstancia de que “muchos residentes fallecieran de forma indigna” y también le advirtió, si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad: “Incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales”. Los escritos vistos por este periódico, que no tuvieron respuesta, son evidencia del aislamiento que ha sufrido durante la crisis sanitaria el consejero de Ciudadanos, que esta semana dio un sonoro golpe en la mesa advirtiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de su falta de ética y posible ilegalidad.

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Los mensajes también suponen una prueba en la posible investigación política y judicial de lo sucedido en las residencias de Madrid, donde han muerto 6.007 personas con covid-19 o síntomas de la enfermedad entre el 8 de marzo y este martes.

Reyero escribió a Escudero aquel domingo por la mañana alarmado porque había conocido un protocolo de la consejería de Sanidad para que 22 hospitales de la región seleccionaran qué ancianos de residencias admitir y así evitar un colapso de sus instalaciones. El documento recomendaba excluir a uno de los colectivos más numerosos, los mayores con grado tres de dependencia, aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continua. También recomendaba dejar fuera a personas con discapacidad internadas en residencias especiales. Desde el martes de esa semana, llovían noticias sobre cadáveres sin retirar en los geriátricos y ambulancias que no acudían a prestar socorro.

“Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias (en algunas ni eso) está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en unas condiciones indignas. Por lo que sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener”, escribió Reyero a Escudero en un primer correo a las 9.06 de aquel domingo.

“Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene una componente más grave; en este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave pero buenas expectativas de vida (…) podrían ser rechazados en esta derivación (a hospitales) e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened en cuenta eso”. La consejería de Sanidad rectificó esta exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad cuando se filtró el protocolo y las asociaciones de personas con discapacidad pusieron el grito en el cielo. La versión final de ese documento, concluida tres días después, solo excluye a pacientes que viven en residencias de mayores.

Como Escudero no contestó ni a ese correo ni al teléfono, Reyero volvió a escribirle otro mensaje a las 13.44. “Como estamos teniendo problemas para hablar te paso algunas de las cuestiones que me preocupan”, le dijo. Reyero describió la “situación complicada” e insistió en que las residencias no son eficaces para salvar vidas. Pidió alternativas como “medicalizar” las residencias, una promesa que Escudero había hecho el 12 de marzo, o trasladar a los mayores a “hoteles medicalizados”. También solicitó la ayuda de Escudero para lograr apoyo del Gobierno central.

Según fuentes de la consejería de Políticas Sociales, Reyero no obtuvo respuesta a estos correos. El consejero insistió con nuevos escritos a Escudero el 31 de marzo y el 11 de abril, una campaña de presión secundada por otros funcionarios de su consejería. El 14 de abril, el consejero de Ciudadanos criticó en una entrevista en la Cadena SER que Escudero hubiera dado inicio al “repliegue sanitario”, es decir la vuelta a la asistencia normal en los hospitales, en lugar de enviar a esos sanitarios a las residencias. Un portavoz de Sanidad aseguró a este periódico que Escudero escribió a Reyero, pero no compartió detalles sobre el contenido de esos mensajes.

Pocas horas después de que EL PAÍS publicara estos correos, Escudero ha calificado la actitud de Reyero “de un fariseísmo político sorprendente” en una entrevista este viernes en Onda Madrid. “Me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales, sobre todo cuando hemos llegado a mantener con su consejería hasta 21 reuniones, a las cuales no ha acudido ni una sola vez. Y podía haber llamado por teléfono. No entiendo a qué responde este tipo de filtraciones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo Gobierno”, ha dicho Escudero.

El consejero que se encarga de residencias y otros asuntos que conciernen a los vulnerables en Madrid ha sido ignorado o relegado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) en distintos momentos de la crisis sanitaria. Ayuso le desoyó el 19 de marzo cuando pidió ayuda del Ejército; el 26 de marzo la presidenta puso a Escudero al frente de un mando único sanitario sobre las residencias. A pesar de que el equipo de Ayuso dio a entender que restaba poder a Reyero, en la práctica el consejero de Ciudadanos conservó sus competencias sobre el sector, excepto en lo referido al aspecto médico.

La situación se ha aliviado en las últimas semanas pero las residencias no están preparadas para un segundo rebrote porque el refuerzo médico sigue sin materializarse, según múltiples fuentes del sector que precisan que la medicalización ha consistido principalmente en visitas puntuales de sanitarios.

Alrededor de mediados de abril los hospitales volvieron a recibir a residentes ancianos. Según un portavoz de la Consejería de Sanidad, el servicio de emergencias regional había trasladado a hospitales hasta el lunes y durante toda la crisis a 9.632 residentes.

Con la emergencia más controlada ha comenzado una fase de evaluación de lo sucedido que probablemente llevará a la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. En el plano judicial, la Fiscalía investiga a decenas de residencias madrileñas y varios juzgados de la región han recibido tres querellas colectivas por homicidio imprudente, trato vejatorio y denegación de auxilio contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero Escudero y el consejero de Justicia Enrique López.

La prioridad era no hospitalizar

Uno de los aspectos decisivos es el rol de los distintos protocolos de derivación hospitalaria que elaboró la consejería de Sanidad entre el 18 y el 25 de marzo. Durante esos días Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria, puso en marcha una guía de actuación para evitar el colapso de los hospitales madrileños. La consejería creó un grupo nuevo de 22 geriatras de enlace que, distribuidos por hospitales de la geografía madrileña, responderían a las llamadas de auxilio de residencias de ancianos de su zona.

Tenían por delante una tarea difícil de triaje que quedaría recogida en un protocolo firmado por la consejería y enviado a las 475 residencias madrileñas. Incluyeron una serie de criterios de selección que evolucionaron con el paso de los días. Al principio usaron el índice de Barthel, una escala estadounidense que mide la independencia del 0 a 100. La primera versión excluía a todo aquel con un índice menor a 60 (dependencias severas y totales) y también a los pacientes terminales. Iba destinado a cualquier tipo de residencia sociosanitaria en Madrid y fue firmado digitalmente por Mur.

Este periódico no tiene constancia de si ese documento se envió a los hospitales y residencias pero sí ha podido ver correos de Mur ordenando que fuera remitida una versión del 20 de marzo que rebaja la exclusión a los que no superen 45 en el índice de Barthel. Otro correo de Mur con una versión con criterios similares fue enviada el 24 de marzo. Los dos protocolos están firmados digitalmente por Mur, al igual que la versión definitiva del día siguiente.

Esto prueba que la presidenta y su consejero Escudero no han dicho la verdad sobre estos documentos. Ayuso respondió el martes a un periodista que solo hubo “un borrador” y que “esta orden nunca se llevó a ningún lugar”. Su consejero afirmó este jueves en la Asamblea que solo se envió “por error” un borrador a los centros sociosanitarios.

El documento definitivo del 25 de marzo tiene siete páginas y va acompañado de un segundo documento más detallado. Los geriatras desecharon la escala de Barthel y optaron por una escala de fragilidad del 1 al 9, que viene acompañada de dibujos orientativos. Quedaron descartados de hospitalización los pacientes del grado 7 al 9. Los de grado 7 presentan fragilidad grave. Son los que dependen totalmente para el cuidado personal, ya sea por causa física o cognitiva. Se trata de personas estables y sin riesgo de muerte. Una silueta muestra a una persona ayudada en silla de ruedas. Los de grado 8 son personas con fragilidad muy grave. Son personas totalmente dependientes que se acercan al final de su vida y que usualmente no se recuperan de afecciones menores. Los de grado 9 son enfermos terminales con una esperanza de vida menor a seis meses.

El protocolo pide que los empleados de la residencia valoren por teléfono con el geriatra de enlace la situación del paciente, según los síntomas y el estado de las urgencias hospitalarias, "priorizando la cobertura sanitaria en residencia”.

La guía no pone una edad límite, pero varios familiares de fallecidos en residencias que han contactado con este periódico aseguran que a sus mayores se les negó el traslado solo por superar un número de años. Un ejemplo es Gonzalo Alcón, hijo de Vicenta Vallejo que escribió el 9 de abril para denunciar que, según la subdirectora de la residencia Los Ángeles de Getafe, no tenían permitido derivar al hospital de referencia a ningún residente mayor de 80 años y con discapacidad cognitiva. Otros casos en que la edad fue un motivo de descarte han sido reportados en los medios.

Los 22 geriatras de enlace tuvieron durante semanas una delicada tarea. Las distintas versiones del protocolo, siete según la consejería, se deben al debate moral que tuvieron. Cuando se filtró que las personas con discapacidad estaban excluidas de la atención hospitalaria la asociación Cermi puso el grito en el cielo. Los geriatras se inspiraron en otras guías éticas de carácter nacional e internacional. Como dice la versión final del documento, uno de los objetivos era “responder adecuadamente a los principios de la bioética y el código deontológico de las profesiones sanitarias en situaciones de emergencia y catástrofes sanitarias”.

Más de la mitad de los geriatras de este grupo declinó responder a una solicitud de entrevista de este periódico y otros no contestaron a llamadas. Expertos independientes critican la filosofía utilitarista del protocolo. Marta María Albert, profesora de Bioética en la Universidad Rey Juan Carlos, cree que la guía debería haberse basado en la equidad, atendiendo a quién necesita más la hospitalización.

“En bioética todos sabemos que los recursos sanitarios son limitados y a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero eso no puede justificar un criterio de utilidad que descarte a determinadas personas con base en que su calidad de vida es menor”, opina.

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