El Gobierno de Ayuso retrasó el acceso de un encargado de las residencias a una lista de 1.798 médicos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recibió al principio de la pandemia, el 18 de marzo de 2020, una lista de doctores voluntarios recopilada por el Colegio de Médicos de Madrid, pero se resistió a compartirla con el alto cargo que debía medicalizar las residencias de mayores, según wasaps y correos electrónicos vistos por EL PAÍS. Carlos Mur, director general de coordinación socio-sanitaria, pidió auxilio al propio órgano colegial, que el 20 de abril le pasó el Excel con los teléfonos de 1.798 médicos. Entre la primera y la segunda fecha se produjo una debacle en las residencias de Madrid. Miles de enfermos no fueron derivados al hospital y los médicos tampoco fueron a tratarlos. Antes de la pandemia vivían en las residencias de Madrid unas 50.000 personas. En marzo y abril de 2020, murieron 7.291 de esas personas sin un traslado hospitalario, según datos de la Comunidad. El Instituto Nacional de Estadística da una cifra muy semejante: 7.262.

“Mur nos dijo que era incomprensible”, afirma sobre este aparente desplante el entonces secretario de la junta directiva del colegio, el doctor José María Morán. “Él temía que no se había empezado a llamar a nadie”, añade. “También nos contó que había hablado sobre este tema dos veces con el consejero de Sanidad”, agrega en referencia a Enrique Ruiz Escudero. Otra fuente del colegio y una fuente del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con conocimiento directo del manejo de este listado confirman este testimonio. EL PAÍS ha comprobado que Morán envió a Mur ese Excel el 20 de abril de 2020, cuando ya había pasado lo peor.

La base de datos estaba desde el 18 de marzo en manos de la directora general de Recursos Humanos del Sermas, Raquel Sampedro. Mur era su compañero, el hombre que enlazaba el sistema de salud y las residencias. Fue el firmante de los polémicos protocolos para limitar las hospitalizaciones procedentes de residencias. Entendía que esas personas serían tratadas adecuadamente in situ, como había anunciado el 12 de marzo el jefe de ambos, Ruiz Escudero, quien usó una palabra nueva y ambigua: “medicalización”. Desconcertado, Mur le contó al colegio que Sampedro no le había remitido “ese generoso listado”, explica Morán, citando las palabras que usó. Al teléfono percibió su frustración: “Le noté abatido, solo ante el peligro”.

Una fuente del Sermas con conocimiento directo de lo que pasaba en recursos humanos y que ha pedido anonimato afirma que Mur se quejó. “Estuvo pidiendo gente mucho tiempo, pero los hospitales tenían preferencia para recibir a esos médicos”, dice esta fuente. Mur, que fue destituido en mayo de aquel año y trabaja ahora para el sistema andorrano de salud, ha declinado hablar. Ruiz Escudero no ha contestado. La Consejería de Sanidad asegura que compartió con Mur una selección de 700 médicos tras cribar la base de datos. Sostiene que “bajó considerablemente el número de profesionales disponibles” porque algunos ya habían sido contratados por la Comunidad o por otras autonomías, muchos estaban jubilados y “otros habían fallecido”.

Esta consejería, que dirige desde 2023 la sustituta de Ruiz Escudero, Fátima Matute, no ha respondido a la pregunta de cuántos de esos médicos fueron enviados a residencias. Un portavoz dice que “nunca” se negaron a facilitar listados y que se lo enviaron ya depurado a Mur, para que lo compartiera con la Consejería de Políticas Sociales, entonces dirigida por Alberto Reyero, un político de Ciudadanos que alzó la voz contra la gestión de la crisis por parte de Ayuso. Como contó EL PAÍS, esa consejería se quejó el 8 de abril de que muchos médicos ya habían sido reclutados por hospitales y centros de salud. El 11 de abril, Reyero escribió un correo a Ruiz Escudero reprochándole que las residencias no eran prioritarias: “En lugar de enviar médicos, enviáis listados”.

Morán explica que Mur les había pedido el listado antes del 20 de abril, pero no se lo dieron porque Ruiz Escudero y su viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, les habían indicado que debían remitirlo a Sampedro, y porque el fichero contenía datos personales. Antes, Morán había enviado el Excel a Sampedro en seis ocasiones, conforme el número de voluntarios fue creciendo. Lo hizo el 18, 20, 22, 29, 31 de marzo y 7 de abril. Estaban en copia Ruiz Escudero, Dávila y el jefe de gabinete del consejero, Emilio Navarro.

Mur ha contado en anteriores ocasiones que las residencias quedaron desprovistas de los sanitarios que iban a medicalizarlas, pero nunca ha criticado en público a sus superiores. Las familias de los fallecidos que piden justicia creen que tiene razones para hacerlo. Esperan que suceda si es imputado, algo que no ha ocurrido en cinco años de investigación judicial, pero que los fiscales acaban de solicitar. Las asociaciones Verdad y Justicia y Marea de Residencias lanzaron un comunicado el pasado lunes 17 de marzo celebrando este avance judicial. Incluyeron este mensaje: “Pedimos a Mur y al resto de denunciados que tiren de la manta”.

Mur ha hablado como testigo en los juzgados y en la Asamblea de Madrid. En ambas sedes declaró que los mayores iban a ser atendidos en las residencias por los sanitarios de los centros de salud, pero ese plan quedó en agua de borrajas el 20 de marzo, cuando su Gobierno abrió el hospital de campaña de Ifema y envió allí a más de mil sanitarios de atención primaria. Este centro, que Ayuso vendió como un “milagro”, no admitió derivaciones desde las residencias. Mur contó durante su comparecencia parlamentaria que, el día antes de la apertura, fue informado de que Ifema solo recibiría pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo.

En 2020, Mur admitió a EL PAÍS que hasta el 6 de abril no llegó a las residencias un apoyo médico relevante, con la participación de Samur, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, recursos humanos de los hospitales y profesionales de las mutuas de salud, entre otros.

El cargo de Mur había sido creado meses antes de la pandemia, cuando Ayuso estrenó la presidencia. Sin personal ni presupuesto, Mur tuvo que responder a uno de los mayores desafíos de la pandemia. Buscó refuerzos a la desesperada para las 474 residencias de mayores de la región. Pidió ayuda al gerente de uno de los mayores hospitales de Madrid, el Clínico, y también a un amigo influyente, el exdirector de Hospitales Antonio Burgueño, que le habló de su hija, Encarnación, quien comandó a un pequeño equipo de sanitarios en lo que llamó frívolamente “operación bicho”. El 13 de mayo, fue destituido. Ayuso le elogió en un tuit: “Este cambio ―nada― tiene que ver con su trabajo; estamos renovando la Consejería y cuento con él”. Sin embargo, Mur no volvió.

Solidaridad

El Colegio de Médicos lanzó su registro el 13 de marzo, un día antes de la declaración de Estado de alarma. Esta institución que representa a más de 50.000 médicos de Madrid, la mayor de su tipo en España, anunció la iniciativa en una nota de prensa y habilitó un formulario online. Se informó a los interesados de que les ofrecerían un seguro de responsabilidad civil y de que sus datos serían compartidos con el Sermas. Ese mismo día, el colegio avisó al consejero Ruiz Escudero y a la viceconsejera Dávila, según Morán. Dávila respondió que la iniciativa era “estupenda” y que la centralizaría Sampedro.

La idea era aprovechar la solidaridad de muchos médicos que, por distintas circunstancias, estaban sin empleo. Se trataba de profesionales de la medicina que no se dedicaban a la asistencia pero tenían los conocimientos oportunos, como docentes, investigadores, forenses, inspectores o trabajadores de la industria farmacéutica. También se inscribieron algunos recientemente jubilados, médicos de familia y pediatras que se ofrecían a hacer horas extra, así como estudiantes de quinto y sexto de carrera y del MIR.

El Sermas creó su propio canal para voluntarios el 22 de marzo, dos días después de abrir Ifema. El correo habilitado tenía el nombre de ese hospital: ifema.covid@salud.madrid.org. En esa cuenta se recibieron 14.053 currículos, según informó el Sermas en su Memoria de 2020. Ahí se explica que fueron enviados 4.155 voluntarios a Ifema y a las gerencias, es decir, a hospitales, centros de salud y las urgencias del Summa 112.

Sobre las residencias, la Memoria detalla que su refuerzo se produjo “teniendo en cuenta el descenso de la presión asistencial por COVID-19 en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud”. Es decir, la Comunidad reconoció que puso a esos centros en espera hasta que los hospitales sintieron el alivio. Este momento, según declaraciones de la época, comenzó el 7 de abril. Ruiz Escudero habló aquel día de que, gracias al descenso de la ocupación de camas, los hospitales habían iniciado “el repliegue”, o sea, la vuelta a la normalidad.

La Memoria explica que personal del Sermas se desplazó a las residencias bajo la coordinación de los servicios de geriatría o medicina interna para prestar una atención diaria. Sanitarios de Atención Primaria “intervinieron 240 residencias” y “se incorporaron equipos de intervención de médicos y enfermeras en las residencias más críticas”, dice el documento, que no precisa fechas.

La “competencia desleal” de Ifema

El colegio preguntó cuántos de los 1.798 voluntarios de su listado fueron aprovechados, pero no consiguió respuesta. Solo saben que la Consejería les dio el nombre de unos 30 médicos para hacer las pólizas gratuitas prometidas a los voluntarios. Desconocen qué destino se les dio. Morán sospecha que la inmensa mayoría no recibió llamadas. “Nos pusieron quejas sin sentido, como que no los podían ubicar”, dice Morán. “Esa excusa no se entiende en un momento así. Seguro que esos médicos le hubieran valido a Mur”.

El 14 de abril, Sampedro les envió una carta de agradecimiento. El texto dice que la Dirección de Recursos Humanos había canalizado profesionales a Ifema, a hoteles medicalizados y también a las residencias. Añade que trasladaron listados a aquellos centros sanitarios que solicitaron refuerzos. Morán responde categórico: “Es mentira”. Cree que esa carta responde al malestar del colegio por la falta de información. “Es como si alguien por mala conciencia te envía una foto con el jersey que le has regalado pero no piensa ponerse”, explica. Y concluye: “Ifema fue una competencia desleal para las residencias”.

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