Un acta del gabinete de crisis de Ayuso refleja los choques internos durante la tragedia de las residencias

El 8 de abril de 2020 habían muerto a causa de la pandemia 5.715 personas mayores que vivían en residencias madrileñas, pero la Comunidad de Madrid seguía manteniendo su plan para asistirlos en esos hogares faltos de recursos sanitarios en lugar de en los hospitales. Ese día el Gobierno autonómico celebró una reunión de crisis y EL PAÍS tiene en su poder un acta de ese encuentro que refleja cómo los trabajadores de la Consejería de Políticas Sociales se pasaban los días tratando de encontrar sin éxito a médicos para salvar vidas. Un alto cargo de ese departamento se quejó de que llamaban a los teléfonos de 146 sanitarios de mutuas en una lista que les había pasado la Consejería de Sanidad, pero saltaban los contestadores. Cuando respondían, muchos se negaban a colaborar, porque ya habían sido reclutados por hospitales y centros de salud.

La recomendación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero: “Imprimir más tensión a la hora de llamar”.

De nada sirvió que el entonces viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, pidiera a Escudero el envío urgente a las residencias de médicos de la Consejería de Sanidad. El día anterior, Escudero había anunciado en una entrevista de radio que la pandemia remitía y que se preparaban para “iniciar el repliegue” y “la vuelta a la normalidad a los hospitales”. Pero, a pesar de esa mejora, las residencias debían conformarse con esa lista de sanitarios especializados en accidentes laborales.

El acta obtenida por EL PAÍS muestra detalles desconocidos del conflicto en el seno del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que lastraron la respuesta en las residencias, el epicentro de la crisis sanitaria hace casi dos años. El documento también aporta más evidencias del fracaso de la “medicalización” de esos centros, el objetivo que la Comunidad de Madrid había ideado al inicio de la crisis para evitar el colapso de los hospitales. El plan del Ejecutivo autonómico había quedado por escrito a mediados de marzo en unos protocolos de triaje que negaron el derecho a la asistencia hospitalaria a la inmensa mayoría de los 50.000 residentes, la población más frágil.

La reunión formaba parte del plan de choque para las residencias que Ayuso anunció el 26 de marzo, cuando la opinión pública ya conocía esos protocolos de no derivación, que excluían de los hospitales a los mayores con dependencias que vivían en esos centros. Las noticias de esos días eran alarmantes: cadáveres acumulados en sótanos y muertes agónicas. En lugar de revocar el plan para residencias diseñado por su consejero Escudero, la presidenta anunció que este asumiría un mando único como coordinador de tres consejerías, dos en manos del PP (Sanidad e Interior) y una dirigida por Ciudadanos (Políticas Sociales). Pero la respuesta siguió siendo insuficiente y se vio obstaculizada por los choques entre los departamentos de uno y otro color político. Estos desencuentros ya eran evidentes antes del plan de choque. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, no había sido informado del plan de triaje y medicalización de residencias y quedó fuera de la toma de decisiones clave. Cuando pidió auxilio al Gobierno central, Ayuso le tachó con una cruz.

Luengo, representante de Reyero en la reunión, reprochó a Escudero que no le parecía idóneo el perfil de los sanitarios de las mutuas, según el acta. Probablemente pensaba que estos facultativos están especializados en redactar partes de accidentes laborales y no en tratar neumonías bilaterales. El documento refleja que también le informó de la resistencia que ofrecían esos sanitarios a ser reclutados, a pesar de que teóricamente estaban obligados por ley a obedecer las órdenes de las autoridades sanitarias. Los funcionarios de Políticas Sociales encargados de las llamadas se encontraban con que muchos de los 146 facultativos del listado ya habían sido enrolados días antes por la Consejería de Sanidad y se negaban a trasladarse a las residencias.

La reunión de hora y media, dirigida por Escudero, contó con la participación de 14 personas. Nueve eran cargos de Sanidad y solo dos de Políticas Sociales. También asistieron dos representantes de la patronal de residencias Aeste y un cargo de la Consejería de Interior. El acta de la asamblea, redactada por una asesora de Escudero, no recoge el tenor literal de cada intervención, sino un parafraseo, pero son patentes los choques entre los miembros de Sanidad y los de Políticas Sociales. Luengo se quejó de que los hogares de mayores estaban recibiendo un nivel de atención médica inferior al del resto de la población. A la mano derecha del consejero Escudero, la viceconsejera de Sanidad Ana Dávila, le aconsejó “estar más preocupada por la falta de sanitarios en residencias”.

Pero los reclamos de los hombres de Ciudadanos no tuvieron efecto. Los subordinados de Escudero defendieron el plan tal y como estaba. Sobre los médicos de las mutuas, la directora general de Recursos Humanos de Sanidad, Raquel Sampedro, le respondió a Luengo que “los perfiles no siempre son los más idóneos en una situación de emergencia”. Escudero, además de pedir “más tensión”, añadió que tenían que conformarse con los sanitarios que había: “Los perfiles no son nunca los más idóneos, pero es una pandemia y hay que tirar del recurso que esté disponible”.

Caos un mes después

El acta del 8 de abril muestra cómo continuaba el caos un mes después del inicio de las muertes en residencias. Al principio del encuentro, el alto cargo que firmó los protocolos, el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, facilitó el balance de fallecidos y advirtió de que seguía faltando información sobre las residencias (474 centros activos entonces).

A pesar de que el Gobierno de Ayuso había vendido el plan de choque como un antes y un después, lo cierto es que los mayores de residencias siguieron abandonados a su suerte durante semanas. Como no encontraban sanitarios, la Consejería de Sanidad actuó a la desesperada para “medicalizar” las residencias. Durante 12 días, hasta el 6 de abril, funcionó “la Operación Bicho”, el frívolo nombre que usaba la hija de un asesor de Ayuso a la que pusieron al frente de una quincena de sanitarios. La Comunidad ordenó parar a ese equipo el día que EL PAÍS reveló el caso de endogamia.

Bomberos, Protección Civil y militares hacían visitas a las residencias para desinfectarlas y retirar cadáveres, pero no llegaban refuerzos sanitarios de manera permanente. Mur detalla cómo el Samur había visitado ocho residencias y atención primaria, otras diez. Los traslados al hospital se producían con cuentagotas: 57 ese día, a pesar de que había miles de personas necesitadas. Según la letra de los protocolos solo las personas sin dependencias eran susceptibles de ser admitidas en hospitales, pero en la práctica hubo hospitales que impusieron un bloqueo absoluto y otros que filtraron por edad (solo menores de 75 años).

El enfado de Escudero

Otro conflicto en la reunión del 8 de marzo se debió a un anuncio de esa misma mañana del vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos. La Comunidad iba a habilitar dos hoteles para mayores de residencias sanos, como “zonas limpias” en las que podrían estar seguros. A Escudero no le gustó la noticia porque, dijo, no le habían avisado. Preguntó varias veces por ello a Luengo. A la primera éste rehuyó el tema, y más tarde, le respondió que habían considerado esos hoteles para sanos “cuando se empezó a trabajar en las residencias medicalizadas, o como les llaméis”.

El secretario general técnico de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez, salió al auxilio de Luengo: “Quizá ha habido ruptura de comunicación en algún lado, porque se ha hablado en varios ámbitos”.

Escudero le respondió: “Si en algún momento se habló, fue precisamente para descartar esa opción”. Según él, los hoteles que se había decidido crear eran “medicalizados”, destinados a enfermos. Les afeó que se hubieran saltado su autoridad, ya que él era el mando único sanitario en la región. “Si se tiene la autoridad sanitaria sobre las residencias, este es un recurso que queda ahora fuera del control de Sanidad”, les advirtió.

Según el acta, a Escudero le molestó enterarse por la rueda de prensa del vicepresidente Aguado. “Si se tiene una reunión de coordinación diaria, como se tiene; lo mínimo era plantearlo, informar de este nuevo recurso, e informar de su anuncio”, protestó. “Sinceramente no lo entiendo”, le dijo, según el acta. “Y sobre todo, no puedo entender que no se hubiera hablado aquí. Sería lo mínimo”.

El choque entre la Consejería de Escudero y la de Reyero fue a más en los días siguientes a esa reunión del 8 de abril. Tres días más tarde, el responsable de Políticas Sociales le envió una carta al titular de Sanidad en la que le reprochaba la falta de ayuda, refiriéndose al listado de 146 sanitarios de mutuas: “El problema fundamental en la Comunidad de Madrid es que no se acaba de considerar a los usuarios de las residencias como un colectivo prioritario dentro de la competencia del mando único sanitario. Por eso, en lugar de enviar médicos, enviáis listados”, dice la carta, publicada meses más tarde por InfoLibre.

Finalmente, todo el mundo pudo ver el conflicto entre los dos consejeros el 14 de abril. Reyero, un hombre sereno, decidió dar el paso de denunciar la situación en público, en la Cadena SER. Lo hizo después de escuchar declaraciones triunfales de varios miembros del PP madrileño. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el Ayuntamiento de la capital iba a enviar sanitarios municipales a Castilla y León. “Es el momento de que Madrid sea solidario”, dijo Almeida.

Reyero reveló a los madrileños lo que luego confirmarían representantes de la patronal, entre otros: la medicalización era ficticia. En la SER dijo que su Gobierno no había enviado el refuerzo médico prometido, a pesar de que los hospitales ya veían la luz al final del túnel. “No entiendo que ahora que se habla de repliegue sanitario no se utilicen a estas personas en las residencias”, afirmó Reyero, que usó el mismo término, repliegue, que había empleado Escudero.

Lo que alivió la situación en las residencias no fue la medicalización, sino que por fin, tras el alivio de la situación hospitalaria, los mayores enfermos volvieron a ser ingresados. Tras casi dos años, las familias de las víctimas siguen pidiendo justicia, aunque con poco éxito.

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