“Operación bicho al habla”: los audios de la mujer que quiso ser reina de las residencias en Madrid

Encarnación Burgueño ha dado por fin la cara para explicar la “operación bicho”, el plan fallido para llevar médicos a las residencias de mayores de Madrid durante las semanas de tapón hospitalario. Burgueño se sentó este viernes poco después de las 9.45 frente a los diputados de la Asamblea de Madrid que investigan la supuesta negación de auxilio a los mayores por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Burgueño, hija de un influyente asesor de la presidenta, elaboró un plan caótico y clandestino, que transcurrió durante los 12 días de primavera en los que murieron alrededor de 3.000 mayores dentro de los geriátricos de la región. EL PAÍS desveló los detalles de aquel plan en junio y difunde este viernes cuatro audios de Burgueño a los que ha tenido acceso. Se pueden escuchar uno a uno más abajo en este texto o todos juntos en el vídeo que acompaña a la pieza. Muestran que era dirigida por un alto cargo de la Comunidad y que su intento de socorro resultó insuficiente. Los mensajes de voz también revelan cómo en medio del naufragio ella pensaba en el negocio.

“Flipo colorines”, dice en uno de los audios. “Nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma”.

Ni la presidenta de la Comunidad ni su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han explicado esta operación. Cuando se conoció el primer caso de muertes masivas por coronavirus en una residencia, el 17 de marzo en Montehermoso, la presidenta Ayuso aseguró en una entrevista en Telecinco que era un suceso aislado y que las residencias estaban medicalizadas. La desmienten todas las pruebas, incluidas un informe de Amnistía Internacional, y testimonios de directores de residencias y del alto cargo que se encargó de esa medicalización.

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Encarnación Burgueño, de 50 años, no tenía experiencia con residencias ni formación médica (se dedicaba a alquilar desfibriladores), pero sí gozaba de conexiones. Su padre, Antonio Burgueño, fue director de Hospitales durante la era de Esperanza Aguirre. La presidenta actual le llamó el martes 10 de marzo para pedirle consejo porque los hospitales estaban llenándose. Al día siguiente Antonio Burgueño se reunió en la Puerta del Sol con Ayuso; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero y de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. En 24 horas el asesor les entregó un plan que incluía el envío de médicos a las residencias de mayores. El objetivo era atenderlos in situ para que estos no colapsaran los hospitales. La idea no fue ejecutada y una inmensa mayoría de ancianos de residencias, la población más vulnerable al coronavirus, quedó atrapada sin auxilio externo.

La hija del asesor aparece en escena el miércoles 25 de marzo, un día antes de que Ayuso activara un plan de choque para salvar las residencias. El consejero de Sanidad se iba a poner al frente de la crisis en los geriátricos, relegando al incómodo Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales que alertaba de muertes indignas dentro de esos centros.

La noche de antes del anuncio de Ayuso, Encarnación Burgueño envía un audio a su socio en el negocio de desfibriladores, Israel Jara, y al gerente de una pequeña empresa de ambulancias, Eduardo Aragonés. Incluye a este último en su plan porque él tenía los vehículos necesarios y una pequeña plantilla de sanitarios. A Burgueño le ha dado luz verde Carlos Mur de Víu, el director general de Coordinación Sociosanitaria. Es un psiquiatra que desde 2019 ocupa ese puesto de la consejería de Sanidad que tiene entre sus tareas la atención médica en las residencias.

“Eh, a ver en un par de horas, bueno ya menos, me va a llamar esteee… Carlos Mur porque yo le he mandado un correo diciéndole necesitamos los EPI, necesitamos los test y necesitamos saber dónde hay que ir, por lo menos ir entrando, luego si tenemos que ir ya, valorando y demás”.

Minutos más tarde Burgueño envía un segundo audio con las instrucciones de Mur de Víu para la mañana siguiente.

“A ver, operación bicho al habla. Me acaba de llamar el señor Carlos Mur. Me tenéis que mandar los EPI que necesitéis, ¿vale? Con un margen de dos o tres más por equipo, ¿vale? Los EPI que se necesitan para a primera hora él decir dónde tenemos que ir a por ellos. ¿Vale? Y mañana por la mañana nos dice. Me ha dicho que hay 10 residencias que están fatal y unas 30 que están mal. O sea, mañana si acaso empezaríamos a primera hora de la tarde o en cuanto lo tengamos todo organizado. Lo tengáis todo organizado. ¿Vale? Si no, empezamos haciendo radiografías, que no pasa nada. ¿Vale? Pero por lo menos ir a echarles un cable y a ver cómo lo podéis ir organizando vosotros para que luego hagáis un estudio de demandas e ir mandando lo que necesita cada residencia. ¿Vale? Tenemos un radiólogo voluntario. Para… echarnos un cable. Radiólogo jubilado. Importante, mandarme (sic) los EPI por un correo electrónico, no por WhatsApp. Correo electrónico. Para que le quede constancia a él y poderlo enviar a quien corresponda. ¿Valiendo? Vengaaa chao”.

Aragonés no conoce en persona a Burgueño. Es el socio Jara quien les conecta. Cuenta que se embarca en el proyecto de Burgueño por sentido del deber y porque esta le da garantías. Le envía por correo electrónico un PDF con un contrato remunerado firmado por Carlos Mur de Víu. Este periódico ha visto ese documento. Asigna a su empresa de ambulancias, Transamed, “la gestión integral de la crisis del covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid”.

Él tiene 43 años y es un apasionado de las urgencias que de adolescente se enroló como voluntario en Cruz Roja. Hace pocos años pidió un crédito para comprar ambulancias y montó su propia empresa. Transamed se mantiene gracias a eventos deportivos y espectáculos donde es necesaria la presencia de ambulancias. Esa actividad paró por completo con el estado de alarma y el contrato para medicalizar las residencias era una tabla de salvación.

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La primera mañana Burgueño le dice a Aragonés que el punto de recogida de los EPI es el hospital de campaña de Ifema. Aragonés y sus sanitarios se mueven por órdenes de Burgueño, y esta recibe directrices de Mur de Víu. El dueño de Transamed nunca puede hablar con el político. Burgueño no quiere. Aragonés siente que esa cadena ralentiza a los sanitarios pero lo acepta. Piensa que esa intermediación es innecesaria, pero al menos ve que Burgueño es capaz de abrir puertas. Cada vez que las residencias impiden la entrada de sus sanitarios, él avisa a Burgueño. Minutos después la residencia les deja entrar.

Aragonés tiene a su mando a médicos y enfermeros. En total, son 15. Poco pueden hacer. Madrid tiene en marzo 473 residencias con más de 50.000 ancianos. El equipo de Transamed se cruza a veces con los militares de la UME o con bomberos, pero no con médicos externos a las residencias. Ven ancianos morir asfixiados, sin apoyo de oxigenoterapia, medicación intravenosa o morfina.

Desde su casa, Burgueño les guía y anima. Su principal interés es pasar a Mur de Víu información con el estado de cada centro. El sábado 4 de abril manda un mensaje de felicitación al grupo de WhatsApp.

“Ejem, llevamos en torno a 8.600, yo ya pondría con los que me faltan unos 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso?, ¿sabéis el curro que habéis hecho? Es increíble. O sea, increíble. En una semana y poco. Una semana. Porque empezamos el viernes de la semana anterior. En una semana. Flipo colorines, tíos. Flipo colorines de lo que valéis. Joder como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma, ¿vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga. Que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa. Gracias. Muchísimas gracias”.

Pero la alegría le duró poco. El lunes 6 de abril a las 15.01 EL PAÍS revela que Encarnación Burgueño estaba encargada de la medicalización de las residencias. Minutos después, ella ordena a las ambulancias que no visiten más residencias.

“Escuchar (sic), que no vayan a ningún sitio esta tarde Eduardo, ¿vale? Ahora te llamo”.

Burgueño no llamó hasta pasados dos días. Es una persona totalmente distinta. Le pone excusas. Le dice que eran voluntarios y que no puede pagarles.

El 14 de abril Burgueño contacta de nuevo a Aragonés para decirle que Mur de Víu les quería pagar, pero estaba esperando un momento y forma oportunos. “El fuego ha quemado pero no ha quemado tanto. Mur se está defendiendo”, le explica. Su padre, le dijo, iba a mediar para conseguir el pago. “Él (Mur de Víu) después de esta crisis se va a ir pero antes nos quiere pagar esto. Mi padre habla con él”, añade.

“El fuego ha quemado pero no ha quemado tanto. Mur se está defendiendo”

Encarnación Burgueño, en un mensaje del 14 de abril

EL PAÍS habló con Aragonés en junio. Contó que está arruinado por esa y otras deudas que no había cobrado. Tenía su contrato con la Comunidad de Madrid y se preparaba para reclamar el pago por la vía judicial. Transamed sobrevive gracias a pequeños servicios para empresas privadas como galerías de tiro o un programa de televisión, pero está desesperado. Necesita la vuelta de los grandes eventos.

Burgueño no ha hablado con este periódico, pero su padre la ha defendido diciendo que dio una ayuda mínima considerando la necesidad extrema que había en las residencias. Según su versión, su hija es una osada que sin su conocimiento contactó con la Comunidad para ofrecer su ayuda.

Mur de Víu le confesó a este periódico en junio que no hubo una presencia médica significativa en las residencias antes del 6 de abril. El 13 de mayo fue cesado. Ayuso dijo en un tuit elogioso que estaba renovando la consejería y contaba con él, pero lo cierto es que desde octubre Mur de Víu trabaja en un centro sanitario privado en Barcelona, según su LinkedIn. Es uno de los testigos propuestos por los partidos para comparecer ante la comisión de la Asamblea que investiga la gestión de la tragedia.

Durante la ola de primavera murieron dentro de las residencias de Madrid casi 6.000 mayores con covid-19. Ese dato no incluye a los que fallecieron en hospitales con covid-19, una cifra que no ha revelado la Comunidad. En total murieron por cualquier causa 11.555 personas que vivían en residencias de Madrid. Es decir, perdió la vida una de cada cinco mayores que en marzo residía en estos hogares, el escenario de muchas muertes indignas.

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¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con el reportero de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o mándale un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado

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