El hombre de la sanidad privada que revolucionó la pública

“Soy médico y defensor de la sanidad pública”, empieza su intervención, micrófono en mano, un trabajador del hospital del Henares (Coslada). “¿Por qué venden este hospital? ¿Qué le pasa? ¿No es rentable? La empresa privada que venga tendrá que ganar dinero. Quitará personal, servicios, pruebas diagnósticas. Usted dice que se están haciendo muchas cosas mal. Pues caray, vamos a corregirlo entre todos”. Aplausos. En el salón de actos, frente a decenas de trabajadores cabreados, el director general de Hospitales de Madrid, Antonio Burgueño Carbonell, aguanta el tipo. Han hablado médicos, enfermeras... Burgueño, también médico, de 70 años, ha ido respondiendo entre interrupciones y abucheos. A veces no contesta a las preguntas. Otras no se le entiende. El auditorio arde. “El Henares no se vende”, corean los asistentes, ya en pie. Burgueño empieza a caminar hacia la puerta. Le siguen —“¡sanidad pública!”, “¡fuera, fuera!”— hasta el aparcamiento. Se sube a un coche blanco de la Consejería de Sanidad y se va. Conduce él.

Sucedió el 9 de noviembre. Unos días antes, el Gobierno regional había anunciado junto con los Presupuestos de 2013 su plan de ahorro para la sanidad madrileña: privatización de la gestión de seis hospitales inaugurados en 2008 (entre ellos, el Henares), externalización de la gestión de 27 centros de salud, transformación de La Princesa en centro para mayores de 75 años y del Carlos III en hospital de media y larga estancia... Ni un solo dato económico, ni un estudio independiente que sustente el vuelco en el sistema sanitario regional. La decisión estaba tomada sin consultarla con nadie: ni el Colegio de Médicos, ni sociedades científicas, ni los gerentes de los hospitales afectados. ¿De dónde salía tal revolución? Diversas fuentes apuntan a Burgueño como ideólogo del plan.

“Es un encantador de serpientes y mucho más listo que todos los altos cargos de la Consejería de Sanidad”, le define un antiguo colaborador. Sin duda, es el más accesible. A diferencia del resto, incluido el consejero, Burgueño no rehúye a la prensa. También es el único que se ha atrevido a salir del despacho y presentarse en hospitales en armas a dar explicaciones. Lo hizo en La Princesa, donde ofreció a los médicos detalles que no habían trascendido sobre el centro para mayores que Sanidad pretendía crear y al que, tras la movilización popular y el rechazo unánime de los expertos, ha tenido que renunciar, por más que se niegue a calificarlo de marcha atrás. A decir de varias personas consultadas para elaborar este perfil, Burgueño es también un “caballo de Troya” de la sanidad privada en la Comunidad. Y su currículum parece corroborarlo.

El director general de Hospitales suele decir que su mayor orgullo es ser médico de pueblo, pero buena parte de su carrera ha discurrido en la gestión de la sanidad privada. Fue director asistencial de la aseguradora Adeslas (1990-2001) y uno de los padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), inaugurado en 1999. El proyecto resultó deficitario y la Generalitat valenciana tuvo que rescindir la concesión administrativa y volver a sacarla a concurso con un canon más alto y la inclusión de la atención primaria. Ganó la misma UTE (en la que estaban Adeslas y Ribera Salud). Burgueño pasó después unos años en Latinoamérica, donde fue coordinador de las acciones sanitarias de la Xunta de Galicia en Argentina y Uruguay.

A su vuelta, participó en la creación del primer hospital con que Madrid copiaba el modelo valenciano: Valdemoro. Esta vez trabajó para Capio. También asesoró al grupo Hospitales de Madrid en la apertura de su centro de Sanchinarro. El 1 de julio de 2008 el pleno de Mora (Toledo) aceptó su dimisión como concejal del PP. Unos días antes lo había nombrado director general el entonces consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes.

Desde que está Burgueño, la Comunidad ha adjudicado a Ribera Salud el hospital de Torrejón —Sanitas acaba de comprar la mitad— y a Capio los de Móstoles y Collado Villalba (este último, ya construido, pero sin inaugurar por falta de presupuesto). “Hoy en día el modelo Alzira ha crecido y se ha expandido gracias a Antonio Burgueño”, asegura en su blog Alberto de Rosa, gerente de Ribera Salud. Con la sanidad en llamas —esta misma semana cerca de 600 jefes de servicio de 20 hospitales han rechazado el plan regional, igual que los directores de los centros de salud, el Colegio de Médicos y las sociedades científicas, y este lunes comienza una huelga— los rumores sobre conflictos de intereses inundan las redes sociales. Capio envió el martes una comunicación interna a sus trabajadores para desmentir, “ante los insistentes rumores”, que políticos como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, María Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López de Hierro estén relacionados con la empresa.

También a Burgueño se le acusa de conflictos de intereses, por sus antiguos empleadores, y porque su hijo, Antonio Burgueño Jerez, es jefe de Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad de Ribera Salud. Burgueño hijo asegura que entró a trabajar en el hospital de La Ribera en 1998. “Mi relación con la compañía Ribera Salud viene de largo, es muy anterior al cargo de mi padre como director general”, explica a través del correo electrónico. “No hay ningún conflicto”, asegura Burgueño padre también a través del mail. “Yo no adjudico el concurso de Torrejón. La licitación no es ni de mi dirección general, sino de la de Infraestructuras”. Burgueño Jerez también fue asesor del proyecto del hospital de Torrejón para Ribera Salud, según su currículum en LinkedIn, entre 2010 y febrero de 2012. La Consejería de Sanidad lo adjudicó en 2009.

“En el trato personal es un tío con ideas, la cabeza le bulle. Los consejeros han aprovechado su argumentario, y el que no tenga afán de protagonismo”, dice el que fuera colaborador de Burgueño hace años. El director de Hospitales no se muerde la lengua. Los médicos aún recuerdan que en 2010, en el Colegio de Médicos, se quejó de que los facultativos de los centros de salud estaban desmotivados y adocenados, de que se dedicaban más a la burocracia que a ver pacientes (algo que ellos llevan años criticando y de lo que acusan a la Administración) y que derivaban indebidamente a hospitales.

Burgueño no esconde su preferencia por un sistema sin médicos funcionarios. Cree que tienen que trabajar por incentivos. En un acto público en Alzira este año aseguró estar a favor de “la financiación directa del médico de cabecera”, es decir, pagar íntegra la consulta (“30, 40 o 50 euros”). También habló de vender acciones de los hospitales públicos. Siempre ha sido partidario de la libre elección y del famoso “el dinero sigue al paciente” —que la Administración entregue más recursos a los centros capaces de captar más pacientes— que entonaba Güemes, pero que después desapareció del discurso oficial. Si sigue adelante el plan regional, puede que vuelva a oírse.