Residencias de ancianos

Dos gigantes de las residencias esquivan una sanción ejemplar de la Comunidad de Madrid

Aralia y DomusVi han evitado el castigo de ser las primeras empresas privadas que pierden la gestión de geriátricos públicos

Vista exterior de la residencia pública de Usera, en Madrid, gestionada por DomusVi.
Vista exterior de la residencia pública de Usera, en Madrid, gestionada por DomusVi.COMUNIDAD DE MADRID

Dos grandes cadenas de residencias de mayores han evitado ser las primeras en perder la gestión de geriátricos públicos en Madrid, según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales que confirman una información de este jueves del medio digital InfoLibre. La española Aralia y la francesa DomusVi se exponían a un castigo ejemplar por irregularidades en cuatro residencias pero finalmente los expedientes se han cerrado en falso.

La Consejería de Políticas Sociales explica que Aralia ha esquivado la ruptura de su contrato de gestión de dos residencias públicas porque el procedimiento se suspendió durante el primer estado de alarma de la pandemia de coronavirus. Al poco de reanudarse los plazos expiró el contrato. La Comunidad convocó el 14 de julio y el 13 de agosto un nuevo concurso para la gestión de los dos centros sobre los que había caído el expediente de sanción: Ensanche de Vallecas y Parque de los Frailes (Leganés).

En el caso de una tercera residencia gestionada por Aralia, Peñuelas (distrito de Arganzuela, en Madrid), la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, un órgano asesor en materia jurídica, ha determinado que la infracción no era de suficiente alcance como para suponer sanción.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha llegado a esta misma conclusión respecto a la residencia pública de Usera, gestionada por DomusVi.

La Consejería de Políticas Sociales inició los cuatro expedientes en febrero alegando que las dos empresas habían incurrido en una de las causas de rescisión al haber subcontratado a empleados para cubrir bajas de cuidadores.

El entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), quería que las sanciones sirvieran como un aviso de una nueva etapa exigente con las empresas de residencias de mayores que vulneran la ley. Reyero puso el foco sobre las empresas que gestionan residencias públicas, un grupo especialmente problemático porque concentran un alto número de infracciones. Reyero dimitió el mes pasado y ha sido sustituido por Javier Luengo, también de su partido.

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