Amnistía Internacional reprocha a la Fiscalía que haya dado carpetazo a las muertes de mayores en las residencias sin una investigación suficiente

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha presentado este lunes unos datos demoledores sobre la deficiente actuación de los fiscales españoles en el esclarecimiento de las decenas de miles de muertes en las residencias de mayores desde la primavera de 2020. Casi el 90% de las investigaciones abiertas a hogares de mayores han sido archivadas, 451 de 517, en muchos casos sin que se haya hecho un mínimo esfuerzo por esclarecer los hechos. Amnistía ha examinado en detalle 127 de esos casos y ha comprobado que en ninguno de ellos se entrevistó a los familiares de las víctimas. Tampoco ha detectado que sea común una visita a las residencias para hacer una inspección ocular in situ. La organización concluye que la Fiscalía está incumpliendo sus obligaciones y no está actuando de acuerdo a los estándares internacionales.

Los hallazgos de Amnistía se conocen un mes después de que la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, declarara a la prensa que el sistema de triaje que creó la Comunidad de Madrid en la primera ola “no evitó derivaciones” y “era meramente orientativo”, unas afirmaciones que ignoran múltiples testimonios de familiares de víctimas, directores de residencias y patronal. La realidad es que los hospitales de Madrid actuaron de acuerdo al protocolo dictado por la Consejería de Sanidad, que pedía rechazar el ingreso del grueso de la población de 50.000 mayores que vivían en residencias, para así evitar el colapso hospitalario. Tres de cada cuatro fallecidos en la primavera de 2020 lo hicieron en la cama de su residencia, según un análisis que publicó EL PAÍS.

Amnistía ha investigado a fondo los casos de otros tres países europeos donde se produjo vulneración de derechos en las residencias: Reino Unido, Italia y Bélgica. El caso de España sobresale por el elevado número de muertes y porque es el único en el que las autoridades políticas (en la Comunidad de Madrid y en Cataluña) dictaron protocolos discriminatorios por edad para la admisión en hospitales.

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y, sin embargo, no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido”, ha dicho en un comunicado difundido este lunes Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, afirma.

“David contra Goliat”

La infructuosa búsqueda de la justicia ha causado estragos en las familias de las víctimas. Las cuatro hijas de Esperanza Tavira de Andrés comenzaron esa batalla el 19 de marzo de 2020, cuando su madre falleció en la residencia Vitalia Home de Leganés. “Desde entonces no puedo ni pasar por delante de la puerta, es durísimo volver aquí después de lo que pasó”, cuenta su hija Antonia, mientras durante un encuentro con este periódico vuelve a encontrarse con la foto de su madre, que sigue colgada del tronco de un ciprés en la plaza junto a la residencia. En julio de 2020 las familias hicieron un homenaje a las 107 víctimas de la primera ola en ese hogar de 266 plazas.

“Todo el mundo me dice que tengo que pasar página, que es mejor olvidar. Pero no puedo, y sobre todo no quiero parar”, dice Belén, otra hija. Las cuatro hermanas interpusieron una querella junto a familiares de 23 víctimas, en la cual siguen teniendo esperanza después de una pequeña victoria la semana pasada. La Audiencia Provincial de Madrid ordenó realizar una investigación más exhaustiva a la jueza de Leganés que en julio de 2021 archivó el caso de esa residencia y otras tres de ese municipio. La fiscal también se había opuesto a realizar más indagaciones. Los magistrados piden entrevistar a la geriatra del hospital Severo Ochoa, encargada de seleccionar quién recibía una cama y a los responsables de la gestión y atención médica en esos hogares.

El avance parece insuficiente a los ojos de los familiares, que tienen la sensación de que la jueza de primera instancia ni siquiera ha leído el relato escrito con su versión. “¿Por qué no nos preguntan a nosotros cómo fueron esos días?”, se pregunta Belén. “Sabemos que tenemos la razón, pero es como la lucha de David contra Goliat”.

Daniel Martínez, cuya madre murió en una residencia de Barcelona, es uno de los que vio cómo la Fiscalía daba carpetazo a su caso sin siquiera entrevistarle. “A mí es que nadie me preguntó absolutamente nada. Mi denuncia es que dudo de que se la hayan acabado de leer”, protesta él en un testimonio recogido por Amnistía. “Con lo cual te demuestra muy poco interés. Esa es la impotencia que te queda ahora de decir, estoy solo contra un monstruo impresionante que es la Administración”.

Varios caminos para denunciar

Los cientos de afectados han intentado varios caminos para obtener justicia. En unos casos presentaron denuncias ante la Fiscalía y, en otros, han acudido a los juzgados con querellas, un procedimiento más oneroso debido al coste de un abogado. Como el Consejo General del Poder Judicial no ha hecho un cómputo de este segundo tipo de casos, ahora mismo no se conoce cuántas víctimas han intentado acceder por esta vía a la justicia.

Las familias han acusado a los responsables de las residencias de omisión de socorro y homicidio imprudente, pero en algunos casos también han apuntado a los responsables políticos. Una querella de los familiares agrupados por la plataforma Marea de Residencias contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue enviada por una jueza de Madrid al Tribunal Supremo (al ser aforada). Pero este órgano judicial devolvió el caso a la jueza indicando que lo apropiado es que las diligencias de investigación las iniciara ella.

Las investigaciones políticas tampoco han llegado a buen puerto. Los ocho parlamentos de comunidades autónomas que abrieron comisiones de investigación las han cerrado: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid y Navarra.

Algunos hijos de fallecidos acaban rindiéndose por el desgaste. Prefieren cerrar el duelo. Pero otros aseguran que el dolor no les deja tranquilos. “Tienen que saber, al menos por lo que concierne a mi familia, que no vamos a parar”, afirma Arreba. “Yo hasta el último día de mi vida voy a seguir luchando para que esto se sepa, porque ha sido muy duro, muy duro”.

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