El drama por la covid en las residencias: los políticos no investigan y los fiscales no ven delito en ocho de cada 10 casos

Las heridas de miles de personas que perdieron a familiares en las residencias siguen abiertas todavía. Muchos piden que se aclaren las responsabilidades, que se investigue quién decidió que sus padres y madres no fueran trasladados al hospital. Lo necesitan Emilio Gómez, María Jesús Valero, Ana Redondo, y otros tantos hijos que en la primavera de 2020 escucharon la peor de las noticias y desde entonces tienen que vivir con mil incógnitas y una certeza: habían muerto sin su familia, en mitad de un caos que hizo a todo el país llevarse las manos a la cabeza. Ahora se sienten olvidados. Prácticamente todas las comisiones de investigación que se han pedido en los Parlamentos regionales han sido bloqueadas por los partidos que gobiernan. Y la justicia avanza lenta, dejando un reguero de sobreseimientos por el camino. La Fiscalía ha archivado hasta finales de septiembre, 411 de las 517 investigaciones penales que había iniciado, ocho de cada 10.

Hasta el pasado 28 de noviembre habían muerto en España 30.722 mayores que vivían en residencias, más de 10.000 de ellos con síntomas compatibles con el virus, a quienes ni siquiera se les pudo someter a un análisis que confirmara el diagnóstico, durante la primera ola. Dos terceras partes de los fallecimientos se produjeron en esos meses, y asociaciones de familiares, sindicatos y patronales denunciaron que en las comunidades más saturadas se restringió la derivación hospitalaria desde residencias y que tampoco se trasladó la atención sanitaria adecuada a los centros. “Hemos pedido comisiones de investigación en todas las autonomías”, expone Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma Estatal de Familiares y Usuarios de Residencias (laPlataforma), que agrupa a 19 organizaciones de familiares y usuarios en distintas comunidades. “Necesitamos explicaciones racionales para cerrar duelos”.

El objetivo es explicar qué falló, y la oposición lo ha pedido en todos los Parlamentos autonómicos, a excepción de los de Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Canarias y Aragón (en los que sí tuvieron una comisión de estudio sobre el modelo residencial). Pero las fuerzas que gobiernan han impedido que se abrieran. Así, lo que reclamaba la derecha en Extremadura lo bloqueaba en Murcia. Lo que solicitaba la izquierda en Andalucía lo vetaba en La Rioja. En la Comunidad Valenciana, la propuesta de Ciudadanos, presentada hace más de un año, aún no ha llegado a pleno, así que no ha sido debatida ni votada.

Sí llegaron a constituirse en Madrid y en Cataluña durante la pasada legislatura, en ambos casos sin ningún grupo en contra, pero la convocatoria de elecciones hizo que decayeran, y en los últimos meses se ha rechazado su reapertura. En el primer caso, con los votos del PP y de Vox; en el segundo, con los de Junts, ERC y el PSC. En Madrid, los protocolos que excluyeron de la hospitalización a residentes con gran dependencia o con discapacidad en lo más crudo de la pandemia enfrentaron públicamente al por entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), quien habló de muertes “indignas”, con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP). En Cataluña se ha decidido crear un grupo de trabajo, que aún no está constituido. En una comisión de investigación, los citados están obligados a comparecer y las sesiones son públicas. En el grupo de trabajo, el proceso se desarrollará a puerta cerrada y el informe final se entregará al Govern, y no al Parlament.

Así que la única comisión de investigación actualmente en marcha está en Castilla y León, para indagar sobre la gestión de la covid y el modelo de cogobernanza, y también sobre residencias. Está operativa desde el pasado octubre y salió adelante porque una diputada abandonó Ciudadanos y su cambio en el voto permitió que se aprobara. La Junta, sostenida por PP y Cs, ha insistido en apuntar a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que la oposición pondrá el foco en las residencias: en la comunidad dieron instrucciones que emplazaban a atender a los pacientes de estos centros “sin necesidad de derivarlos al hospital”, aunque especificaban que debía garantizarse la atención sanitaria.

Las asociaciones de familiares consultadas están decepcionadas. De la política, dicen, se lo esperaban. Lo que les indigna es que la Fiscalía considere que no hubo delito en tantos casos. Es imposible trazar el mapa de los procedimientos judiciales en marcha. Una denuncia puede presentarse ante la Fiscalía, o bien directamente en los juzgados, y estas últimas están sin cuantificar. Por poner un ejemplo, solo en el municipio de Madrid se abrieron 143 diligencias, de las cuales 67 se corresponden con causas que provenían de los juzgados, según fuentes de la Fiscalía de Madrid.

Pero a juzgar por lo ocurrido con las denuncias presentadas directamente en las Fiscalías, muchos casos están abocados al sobreseimiento. El ministerio público ha interpuesto 40 denuncias en los juzgados, del más de medio millar de investigaciones penales iniciadas. Hay 66 aún en trámite, según el recuento estadístico facilitado por la Unidad Coordinadora de Atención a las Personas con Discapacidad y Mayores, de la Fiscalía General del Estado, con datos hasta el pasado septiembre. Esto quiere decir que 411 han sido archivadas, bien porque un juzgado ya estuviera investigando el caso o porque se considerara que no había delito (en 2021, el 91% de los archivos se debió a esto último). También se han incoado 1.040 diligencias preprocesales en el ámbito civil, en el marco del papel protector del ministerio público, por motivos como hacer un seguimiento del centro, por ejemplo si surgen brotes, o relacionados con la negativa de familiares a la vacunación. De ellas, 302 siguen tramitándose. La mayoría de las penales se abrieron por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro (40%), pero un 36% son denuncias generales de la situación de las residencias.

El caso de Emilio Gómez es uno de estos últimos. La asociación a la que pertenece, Pladigmare, presentó en verano de 2020 ante la Fiscalía denuncias por las 59 residencias que registraban por entonces más fallecimientos que la media en la Comunidad de Madrid y consideraban que habían tenido un mal funcionamiento. Unas 30 han sido archivadas. “Mi padre empezó con síntomas el 20 de marzo y solo le dieron paracetamol, hasta el 6 de abril, que empezó con morfina. Estuvo seis días agonizando sin suero, ni nada”, cuenta. La última vez que lo vio fue el 8 de marzo. Murió el 11 de abril. Tenía demencia senil y vivía en una residencia gestionada por Mensajeros de la Paz. La Fiscalía no apreció hechos con relevancia penal. En el auto se alude a que la pandemia abocó a una falta generalizada de material sanitario y equipos de protección, a la saturación de los servicios médicos, y se menciona que la residencia siguió el protocolo para evaluar la derivación hospitalaria.

Gómez se revuelve al otro lado del teléfono. “No se ha hecho una investigación real, se han quedado con lo que ha dicho la residencia. Los mayores estuvieron encerrados en las habitaciones, las pruebas diagnósticas no se empezaron a hacer hasta el 13 de abril, hubo falta de personal”, se queja. Critica que no le dieron información, que por tener demencia no tuvo opciones del mismo tratamiento que en un hospital. Arrastra muchos meses de dolor. Ahora se plantea denunciar su caso directamente en los juzgados, una opción que tienen quienes han pasado previamente por Fiscalía. Siente que a su padre se le arrebató una oportunidad.

María José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1, radicada en Cataluña, insiste en que se vulneraron derechos humanos de los mayores, algo que afirmaron Amnistía Internacional y Médicos sin Fronteras en dos informes muy duros. “Las familias nos sentimos absolutamente indignadas, dolidas, abandonadas”, dice. “La Fiscalía tenía la obligación de investigar. Si esto hubiera ocurrido con niños, arden las calles”, sigue. Por ello no entiende que la Fiscalía archivara una denuncia “de 195 familiares de 30 residencias” por ser demasiado general. “No se nos puede exigir que digamos nosotros quiénes son los culpables de que no hubiera atención médica. ¿Cómo podemos saber si se pidió un traslado y se denegó o quién lo pidió?”, se queja.

Algo que también apunta el abogado Andrés Ollero. Él lleva nueve procesos en juzgados de instrucción, dos de ellos tras una denuncia del ministerio público, y asegura que hay una gran diferencia entre los casos que han pasado previamente por Fiscalía y los que no. “Un fiscal levanta el teléfono, pide a la policía judicial que consiga informes y los consigue. Nosotros, como simples abogados, no podemos hacerlo. Y la diferencia entre tener esa documentación y no tenerla es fundamental en la causa”, resume.

Marea de Residencias protestó el pasado 11 de noviembre ante la Fiscalía de Madrid y los han citado a una reunión en diciembre. “Exigimos que nos contesten por qué no han tenido hasta ahora en cuenta los protocolos”, expone una de sus portavoces, María Jesús Valero. Ella perdió a su padre y su caso está judicializado, como el de “más de 300 familiares”, canalizados a través de la asociación.

La justicia es lenta. Ni a los familiares ni a los letrados consultados les consta que haya ningún responsable político llamado a declarar. De hecho, el Tribunal Supremo desestimó denuncias contra miembros del Gobierno central y Ejecutivos autonómicos: afirmaba que no quedaba debidamente justificada la autoría de los hechos punibles que se les atribuían y remitía a los juzgados ordinarios la investigación. Durante el proceso de instrucción, y dado que los juzgados han citado sobre todo a directores y médicos, la intención de los denunciantes es ir escalando, poco a poco, para tratar de llegar a quienes tuvieran algún tipo de responsabilidad en las decisiones tomadas durante la pandemia, explica Carlos Vila, uno de los abogados de Marea de Residencias: “Queremos llegar hasta el final”.

Este es uno de los principales problemas, en opinión de Carlos Romeo Casabona, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco: que “cuanto más arriba se vaya, más difícil es delimitar quiénes fueron las personas responsables y cómo se tomaron las decisiones”. Y, por otro lado, señala que será muy complicado “establecer una relación de causalidad entre los fallecimientos y la falta de medios u otros recursos que se pudieron denegar”, demostrar que alguien podría haber sobrevivido. José María Toro, secretario general del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), una de las patronales de la dependencia, recalca que hicieron lo que pudieron: “No hemos dejado que la gente se muera, sino que en una emergencia sanitaria, si no se podía ir al hospital y con bajas de personal, hacíamos lo que estaba en nuestra mano”.

La fiscal delegada autonómica de lo civil y provisión de apoyos a las personas con discapacidad de Canarias, Rosa Rubio, asegura que siempre se investiga y considera que “se generaron unas expectativas a las familias y a la sociedad que no se ajustaban a la realidad”. “Entiendo que digan que alguien tiene que responder por lo sucedido, pero en este caos identificar la comisión de un delito por acción o por omisión, o determinar que faltó la diligencia debida, es muy difícil”, expone. El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, decía hace dos semanas en las Cortes, sobre el archivo de las denuncias: “Desde el punto de vista penal, no hemos tenido dudas ni aquí ni prácticamente en toda España”.

Juristas consultados ven más factibles las demandas civiles o por la vía contencioso-administrativa, que pueden derivar en una indemnización, si se prueba un funcionamiento anormal de un servicio público o un incumplimiento contractual. El letrado Carlos Sardinero, con clientes en Madrid y Valencia, explica que lleva “cientos” de casos por esta vía y media docena por lo penal. Una de las claves para que las causas prosperen, asegura, es que sean individuales y no colectivas.

Esta es la fórmula que quiso emplear Ana Redondo, de la Asociación de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León. Su madre, de 83 años y con deterioro cognitivo, murió tras contagiarse. Finalmente no ha podido ser, tuvo una mala experiencia con un despacho de abogados, se le agotaron los plazos y las fuerzas. “Yo no quería una indemnización, sino que se depuraran responsabilidades y que algo así no vuelva a ocurrir”.