Residencias

Hacia un nuevo modelo de residencias: Gobierno y comunidades pactan establecer un sistema de evaluaciones que se hagan públicas

Derechos Sociales negocia con las autonomías los criterios mínimos que deben cumplir estos centros, con unidades de convivencia y una atención que se adapte a los mayores y personas con discapacidad

Varias señoras practican un juego de mesa, en una foto de archivo en una residencia de la Comunidad de Madrid.
Varias señoras practican un juego de mesa, en una foto de archivo en una residencia de la Comunidad de Madrid.Olmo Calvo

El objetivo es que no sean los mayores y personas con discapacidad quienes se adapten al modo de vida en las residencias, sino que estas se amolden en lo posible a ellos, a sus rutinas e intereses: que los centros se asemejen mucho más al concepto de hogar y mucho menos al de institución. El Gobierno y las comunidades autónomas han comenzado a debatir los criterios mínimos que deben cumplir los servicios de dependencia, empezando por las residencias. Y han pactado las bases sobre las que se articulará el acuerdo, que debería estar listo en diciembre: se han comprometido a que este incluya el establecimiento de un sistema público de evaluación de la calidad de vida de los usuarios cuyos resultados serán públicos; a encaminarse al modelo de atención centrada a la persona, y a que las residencias se dividan en unidades de convivencia.

La negociación está aún en fase inicial, este mismo lunes se aprobaron los principios sobre los que girará el debate, pero un documento de trabajo presentado por el Ministerio de Derechos Sociales a las autonomías esboza la hoja de ruta de la negociación: potenciar la convivencia en el entorno donde están ubicados los centros, respetar la historia de vida de los residentes, aumentar su participación, visitas libres para los familiares, etcétera.

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El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención de la Dependencia, que reúne a las comunidades y al ministerio, se ha comprometido a llegar a un nuevo acuerdo de acreditación a final de año, es decir, un acuerdo sobre los mínimos que deben cumplir las entidades que ofrezcan servicios en el sistema de la dependencia: tanto las públicas como las que tengan plazas concertadas y las privadas que operan a través de una prestación vinculada (un dinero que se da al dependiente para que pague parte del coste, el resto lo pone de su bolsillo). En él, según lo pactado, se regularán varios aspectos. Por un lado, se fijarán estándares dirigidos a evaluar los resultados de los servicios en la calidad de vida de las personas, y por otro, deberán establecerse las ratios de trabajadores, requisitos de cualificación del personal, entre otros, empezando por las residencias de mayores.

Este acuerdo es uno de los puntos que contemplaba el plan de choque en dependencia aprobado el pasado enero, que ha supuesto este año la inyección de 600 millones de euros. El anterior acuerdo de acreditación, bastante escueto, data de 2008, aunque ha sufrido alguna modificación desde entonces. En él ya se recogía que en el plazo de 12 meses el Consejo Territorial debía fijar “indicadores y estándares esenciales de calidad para la evaluación” de los centros y servicios, algo que no se hizo. Se prevé que el primer borrador del nuevo acuerdo esté listo en otoño, que posteriormente haya un análisis del impacto presupuestario y que en diciembre se apruebe el acuerdo. Los plazos son apretados.

Las autonomías tienen la competencia en servicios sociales, y de hecho muchas están emprendiendo cambios normativos en este sentido, pero el ministerio tiene la labor de coordinación. Fuentes autonómicas de distintos partidos políticos precisan que comparten la filosofía del acuerdo. De hecho, todas votaron a favor de iniciar la negociación a partir del documento presentado por el ministerio, a excepción de Cataluña, que se abstuvo porque considera que hay “una invasión competencial clara”. Varias fuentes recalcan que para poder elevar los estándares se necesita financiación adicional a la del plan de choque. Y otras fuentes sostienen que estos criterios deberían aplicarse a las residencias de nueva construcción, pero no a las viejas, pues muchas no se adecúan a ellos y algunas se verían abocadas al cierre. Solo de mayores, se cuentan en España más de 5.000 centros. En el Consejo Territorial se ha pactado que en el documento final se especifiquen “los plazos de adecuación a los requisitos mínimos comunes para los servicios preexistentes”.

Rendición de cuentas y transparencia

En España no hay criterios comunes de evaluación del servicio en centros residenciales. Una investigación de EL PAÍS, publicada a principios de este mes, reveló que antes de la pandemia, de 2014 a 2019, 10 comunidades tuvieron de media menos de una inspección de servicios sociales al año en residencias de mayores, e hizo públicos, por primera vez a nivel nacional, los nombres de las sancionadas en ese periodo. A diferencia de lo que sucede en otros países del entorno, en España los resultados de las inspecciones no se publican y las familias no disponen de información oficial que les sirva de referencia para elegir un centro u otro, así que fijar unos mismos estándares para evaluar los servicios en cuanto a la calidad de vida de los usuarios del sistema de dependencia, en el que se enmarcan las residencias, y hacer accesible esa información supondría una novedad importante. En Alemania, por ejemplo, los resultados de esa evaluación están publicados en la puerta de cada establecimiento.

El documento presentado a las comunidades por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, que seguramente sufrirá modificaciones durante la negociación y también se presentará a patronal, sindicatos, asociaciones y expertos, describe los principios básicos que en su opinión debe incluir el acuerdo de diciembre. A partir de este texto se articulará la negociación. El ministerio plantea que es preciso abordar la creación de un sistema de evaluación público “que incorpore no solo los estándares mínimos que habrán de cumplir los servicios ligados” al sistema de la dependencia para su acreditación, algo de lo que se encargan las actuales inspecciones de las comunidades, “sino también los resultados en términos de calidad de vida de las personas”. Considera que debe incorporarse una “cultura de rendición de cuentas y de transparencia”, para que los usuarios puedan comparar servicios. Fuentes de Derechos Sociales explican, respecto al Consejo Territorial del lunes, que el debate proseguirá a lo largo de los próximos meses y que “el sistema de acreditación público mejorará los estándares de calidad en el sistema, y además dará una mayor transparencia, favorecerá el control de este tipo de centros”.

A partir de los principios básicos que se plantean en residencias, se esboza un cambio de modelo en estos centros. Según el documento, deben dividirse en pequeñas unidades de convivencia, con un número de mayores a decidir, estar decoradas con un “diseño de hogar”, contar con sala de estar, cocina, aseo y comedor, que podrán usar tanto ellos como sus familiares. También se propone mejorar las ratios de personal, a calcular en jornadas completas de trabajo por cada 10 residentes o por unidad de convivencia y no en personas contratadas (hay mucha parcialidad en el sector), y diferenciar entre las horas de apoyo durante el día y la noche, así como especificar la ratio de quienes atienden a los residentes en las actividades del día a día.

El ministerio propone un cambio gradual. Quiere que se eviten los horarios y normas rígidas y que, en lo posible, se trabaje con horarios personalizados, sin tanta rotación entre los cuidadores. Cada usuario que así lo desee contará con un plan de apoyos, que deberá evaluarse como mínimo anualmente en el centro, y para cuya elaboración se contará con el residente. Habrá profesionales de referencia para cada uno y sus familias. Según el documento, los centros con muchos internos (no se fija el número) deberán planificar en los próximos años reducir poco a poco la oferta, para adaptarse a este modelo, así como un plan de reducción del número de habitaciones compartidas, para que quien vaya a una doble sea por elección. Se precisa que los residentes puedan disfrutar en los espacios personales, como el baño y la habitación, de su intimidad y de su sexualidad.

En el texto se insiste en que una residencia no puede sustituir al sistema de salud, y ministerio y comunidades han pactado que el acuerdo recogerá el “acceso a la atención sanitaria proporcionada por el sistema de salud”, acreditando la coordinación con servicios sociales. Derechos Sociales considera que deben ser un servicio de proximidad, por lo que el documento indica que estarán conectadas con la vida social del entorno: “Los centros gueto”, desconectados de la comunidad, “ya no resultan admisibles”. Los usuarios deberán estar motivados a participar y tomar decisiones en su día a día, independientemente de los apoyos que precisen. Podrán recibir visitas siempre que lo deseen, deberá justificarse claramente cuando esto no sea posible. Y se plantean órganos de participación donde haya usuarios, familiares, trabajadores, dirección del centro y agentes locales. Las familias son “claves” para garantizar los buenos apoyos.

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