La Fiscalía investiga a Castilla y León por dejar a los mayores infectados en las residencias sin trasladarlos a hospitales

La Fiscalía de Castilla y León ha incoado diligencias penales e investigará la decisión de la Junta de Castilla y León de no trasladar a los ancianos infectados por coronavirus en residencias a los hospitales para ser atendidos. La denuncia la realizó el Defensor del Paciente en la comunidad en relación a una documentación anticipada por eldiario.es y firmada por el departamento de Servicios Sociales y Sanidad. Las instrucciones que se remitieron a las residencias, explicadas en un texto llamado Medidas generales para contener el impacto de la crisis del covid-19 en las residencias de carácter social, emplazaban a atender a los pacientes “sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital”. El soporte debía realizarse garantizando “la atención sanitaria”, si bien el Defensor del Paciente, a partir de profesionales y familiares, ha insistido en las “condiciones penosas” de los centros de la tercera edad. Al menos 2.581 mayores han fallecido con prueba o con síntomas de coronavirus en Castilla y León desde que se desató la pandemia, dos tercios de ellos en las propias residencias, dentro de los 3.595 decesos registrados por el virus.

El documento oficial recogía que la actuación en las residencias debía marcarse por el aislamiento de los positivos; por disponer del material sanitario necesario, aunque los sindicatos y asociaciones de sanitarios han denunciado la ausencia de recursos; por la aplicación de tests de detección; por la creación de equipos interdisciplinares para gestionar la asistencia en los geriátricos; por la designación de personas de referencia para servir como interlocutores en cada área de salud; y por prohibir que se incorporara a más personas de la tercera edad durante la crisis, salvo casos de excepcional necesidad. El escrito lo firman Manuel Mitadiel, gerente regional del servicio sanitario castellanoleonés, y Carlos Raúl de Pablos, gerente autonómico de Servicios Sociales. La consejería de Familia ha ofrecido su colaboración a la Fiscalía y recuerda que durante estos meses han informado a diario a sobre la situación de los 1.214 centros de discapacidad o mayores, en su inmensa mayoría privados.

La gerencia regional de salud también divulgó las consideraciones éticas que seguir en cuanto a las medidas terapéuticas aplicadas en las residencias “ante una situación excepcional de desastre sanitario”. La pauta establecida instaba efectivamente a mantener a los ancianos in situ y matizaba que se levantaría esta norma en “casos muy justificados, de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos. En estos casos excepcionales de traslado, se contará con la autorización previa expresa del servicio de urgencias del hospital de referencia”.

El argumento que proporcionaron la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ambos de Ciudadanos, se sustentó en el propósito de “proteger a las personas mayores”. Casado arguyó que el objetivo era “trasladar la hospitalización a las residencias” para evitar “molestias a los residentes”. La consejera sí indicó que si los médicos recomendaban el desplazamiento a sede hospitalaria, así se haría. La instrucción, aseguró, se ejecutó no para "cerrar un derecho, sino llevar ese derecho a las residencias” y mantener así a los pacientes en su contexto ordinario.

Las fiscalías provinciales, además de esta denuncia, mantienen activas hasta 19 diligencias de investigación penal. Otros 15 expedientes se han archivado desde que estalló la pandemia.

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