“El 1 de junio la residencia dejará de estar intervenida y volverá a ser un infierno”

De los 615 fallecidos por coronavirus en Galicia, casi la mitad eran usuarios de residencias de ancianos y los mayores focos se registraron en algunas del grupo DomusVi, en el área de Vigo y, sobre todo, en Santiago. La red se enfrenta ahora a la ofensiva judicial que pergeñan abogados de diversas asociaciones de familiares. Anuncian ya al menos una querella criminal, además de la admisión a trámite de sus escritos por parte de la fiscalía y una gran demanda colectiva por la vía civil. La Federación de Asociacións de Familiares de Usuarios de Residencias, conocida como REDE, y la Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia (Acouga) sientan las bases de una demanda “a nivel estatal” contra DomusVi, que prevén presentar en torno al mes de octubre ante los juzgados de lo Mercantil de Vigo, donde se encuentra la matriz de la cadena. El abogado Xoán Antón Pérez-Lema, de Acouga, define lo ocurrido dentro de sus paredes como una “catástrofe humanitaria”.

En lo peor de la crisis, la Xunta intervino la residencia DomusVi Barreiro, en Vigo, que desde ayer ya no tiene contagiados, y la de Aldán, en Cangas (al otro lado de la ría). Las familias reclamaron al Gobierno gallego que tomase también el timón de la de San Lázaro, en Santiago, pero eso nunca sucedió. En su lugar, la Xunta trasladó a los infectados con movilidad a un centro público, Porta do Camiño, pero los más dependientes, según los familiares, quedaron dentro.

Xosé Bernárdez, presidente del colectivo Vellez Digna, que tiene a su tía en la residencia de Cangas, una mujer de 94 años que ha superado la covid-19, asegura que después de lo que han vivido tienen “pánico” de la vuelta a la normalidad. “El 1 de junio se acaba la intervención y regresaremos al infierno de antes”, vaticina: “Yo digo que allí, menos pegar, se producen todas las formas de maltrato. El abandono, las caídas, la desnutrición, las curas mal hechas son la marca de la casa”. El 21 de abril, el juzgado de Instrucción 1 de Cangas archivó provisionalmente la denuncia del caso. La juez no veía “indicios suficientes de delito". Vellez Digna, no obstante, anuncia ahora que prepara “una querella criminal”.

Cuando hacen balance del número de fallecidos durante la pandemia, las asociaciones de familiares hablan de 27 en la residencia de Barreiro, 37 en Cangas y 51 en Santiago. Esta última residencia está considerada el mayor foco en la comunidad, y según Xabier Quián, sobrino de una anciana que se infectó y portavoz de la Asociación de Familiares de Residentes de San Lázaro, la “negligencia” y la “falta de personal y medios de protección” en este centro con plazas privadas y concertadas “multiplicó” los casos. “De 150 residentes, 116 se contagiaron, además de 37 trabajadores de una plantilla que cada día volvía a casa a convivir con sus familias", denuncia Quián. “Contra ellos no tenemos nada", matiza. "Los empleados fueron ángeles para nosotros. Se portaron muy dignamente, pero estaban desbordados”.

"De los que murieron, 22 lo hicieron en la propia residencia. El virus se propagó por la segunda planta, la de los más impedidos”, que fue aislada cuando se conoció el primer caso, “pero acabó llegando a las otras dos”. “Durante una semana”, en el momento de mayor desesperación de las familias, Quián dice que no logró hablar con su tía. “El 3 de abril, la Xunta realizó pruebas a todos, y el día 4 mi tía fue llevada a la pública”, recuerda: “A partir de ahí, todo cambió. Desapareció el oscurantismo. Hablaba por videoconferencia con ella día sí, día no, y los médicos, incluido el jefe, me llamaban a diario para contarme cómo estaba”.

En declaraciones a EL PAÍS, DomusVi responde que comparte “el dolor” de las familias y que “comprende que todos los que han sufrido una pérdida reclamen una explicación” y “responsabilidades”. “Entendemos y nos parece necesario que sean los tribunales quienes lo determinen”, continúa en referencia a la gran demanda colectiva que se anuncia. Será “la oportunidad de demostrar que se adoptaron todas las medidas”, defiende el grupo. DomusVi asegura que instauró su “primer protocolo” contra la pandemia “el 24 de febrero” y pidió sin éxito a “diversas consejerías” que se prohibieran las visitas. “Demostraremos cómo intentamos multitud de derivaciones a hospitales de toda España y no se admitieron”, concluye el grupo empresarial, que avanza “total colaboración” con las investigaciones que se abran.