El Gobierno se enfrenta a 45 querellas y denuncias en el Tribunal Supremo

Vox, abogados de víctimas y una variopinta sucesión de particulares y colectivos profesionales han presentado en el Tribunal Supremo hasta el pasado viernes 45 querellas y denuncias contra el Gobierno por la covid-19. Este rosario de acciones judiciales supone un nuevo reto para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, enfrascado desde hace casi tres meses en la gestión del problema más grave de salud pública que ha sufrido el mundo en los últimos 100 años. Algunas denuncias llegan a acusar al Ejecutivo de homicidio por imprudencia e incluso le culpan de haber antepuesto sus intereses políticos a la defensa de la salud.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo comenzarán a estudiar las querellas y denuncias la próxima semana y darán traslado de las mismas a la Fiscalía para que informe si procede o no admitirlas a trámite y abrir una investigación penal al Gobierno, según indicaron a EL PAÍS fuentes del tribunal. Los magistrados deben resolver primero si solicitan fianza a los querellantes para continuar con el procedimiento, sin que por ello se pueda prejuzgar la admisión a trámite de las querellas. “La imposición de una fianza no se podría interpretar como que el Supremo abre una investigación penal al Gobierno”, señalan las mismas fuentes.

Abogados de víctimas, partidos (Vox), particulares, sindicatos de funcionarios, policías, médicos y otros colectivos han presentado querellas contra el Ejecutivo por los supuestos delitos de prevaricación, homicidio por imprudencia o imprudencia grave con resultado de muerte, delito de lesiones o contra los derechos de los trabajadores y omisión del deber de socorro. Las querellas coinciden en el relato de hechos y en atribuir actuaciones delictivas al presidente Sánchez y a sus 22 ministros.

Reacción tardía. Las denuncias acusan al Gobierno de una reacción tardía y una actitud negligente al no tomar medidas para prevenir la propagación. El Ministerio de Sanidad aprobó el 9 de marzo medidas de distanciamiento social en Madrid, Euskadi y La Rioja, donde se detectaron brotes de transmisión local del virus. El Ejecutivo decretó el 14 de marzo el estado de alarma con el confinamiento de la población tres días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la pandemia y cinco días por detrás de Italia, primer país europeo con una masiva propagación.

Sin medidas en febrero. Los querellantes aseguran que España había detectado hasta 32 casos de contagio a finales de febrero sin que el Gobierno hubiera tomado medidas de prevención. En esa fecha, las autoridades sanitarias sostenían que la inmensa mayoría de los casos procedían o estaban vinculados con el origen del brote en Wuhan (China) y estaban controlados. El ministerio ordenó el 25 de febrero ampliar el campo de búsqueda del coronavirus en los hospitales, de manera que se hiciera la prueba a personas con infecciones respiratorias de origen desconocido aunque no procedieran de países de riesgo.

Manifestaciones de riesgo. Las querellas destacan que el Gobierno antepuso sus intereses políticos a la salud de las personas cuando autorizó multitud de manifestaciones feministas en la primera semana de marzo, sin advertir a los ciudadanos del riesgo de contagio. Permitió que se celebrasen eventos deportivos con decenas de miles de asistentes. Sanidad recuerda que en esos primeros días de marzo ordenó la celebración a puerta cerrada de partidos de fútbol o baloncesto a los que pudieran acudir aficionados de países de riesgo. Y explica que hasta el 9 de marzo no tuvo constancia de que había transmisión comunitaria en determinados territorios, lo que aconsejaba la adopción de medidas de aislamiento, cosa que se hizo.

Cancelación de vuelos. También reprochan al Ejecutivo los querellantes que no cancelara los vuelos con Italia hasta el 10 de marzo (un día después de que el Ejecutivo italiano decretase el confinamiento). España tampoco canceló los vuelos con China a finales de enero, como hicieron otros países. La OMS recomendó no restringir el tráfico internacional con China y expresó su deseo de que el veto impuesto por algunos países fuera levantado.

Material de protección. Las querellas aluden a la falta de medidas de seguridad y protección del personal sanitario, que motivó un enorme aumento de contagios y fallecimientos. El Gobierno aprobó una reforma legal el 10 de marzo para permitir a Sanidad centralizar la compra del material ante el desabastecimiento que se estaba produciendo en el mercado mundial. Sanidad acometió la compra masiva de material, por el que tuvo que pagar un precio desorbitado. En algunos casos, el material adquirido, tanto por el ministerio como por las comunidades, fue defectuoso.

La reparación del daño, por la vía contenciosa

La mayoría de expertos consultados por EL PAÍS considera muy difícil encajar los delitos narrados en las distintas querellas dentro de la actuación del Ejecutivo durante la crisis del coronavirus y señala que la vía para conseguir una reparación del daño ocasionado a las víctimas de la covid-19 es la contencioso-administrativa.

El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia señala que la responsabilidad patrimonial no requiere demostrar la existencia de una culpa por parte de algún funcionario, sino únicamente la realidad de una “lesión imputable causalmente a la Administración”. Ejemplo: una persona no pudo ser atendida en un hospital porque el centro sanitario estaba desbordado por la asistencia a otros pacientes durante los días del pico de la epidemia en España.

Las medidas tomadas en los últimos tres meses por el Ejecutivo central y las 17 comunidades autónomas han conseguido limitar la propagación del brote infeccioso y sus efectos: se ha pasado de más de 8.000 contagios diarios a menos de 200; de más de 22.000 hospitalizados, a menos de 3.000; de casi 5.000 ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, a poco más de 600; y de casi 1.000 muertes diarias, a menos de 50.

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