La fiscal superior de Madrid asegura que los protocolos para las residencias no prohibieron que se derivaran pacientes a hospitales

Hace unos días un grupo de familiares de ancianos fallecidos por covid en residencias madrileñas se manifestó a las puertas de la Fiscalía Superior de Madrid por lo que ellos consideraban la inacción de este órgano a la hora de saber la verdad sobre la gestión en estos centros en lo peor de la pandemia. La fiscal superior, Almudena Lastra, ha recogido el guante este martes y se ha reunido con una delegación de la asociación Marea de Residencias. Esta agrupación de afectados quería explicaciones por un punto concreto de la memoria de actividad de este órgano en el que se aseguraba que el polémico protocolo del Gobierno de Díaz Ayuso para evitar traslados de pacientes de residencias a hospitales era “meramente orientativo” y “no evitó derivaciones”. Tras salir de la reunión, Lastra ha explicado que a la Fiscalía no le consta que hubiera “prohibición de derivar” y que las muertes en residencias no corresponden a un “problema de gestión de la Comunidad de Madrid”.

“Un protocolo es un protocolo, y se refiere a normas de actuación generalizadas. Ha habido muertes en residencias de toda España y en todos los países de nuestro entorno. Lo que apuntamos nosotros es que tal vez exista una mala concepción del modelo residencial en lugar de un problema coyuntural”, ha detallado Lasta en conversación con EL PAÍS tras el encuentro con la asociación.

En la memoria, la Fiscalía subrayaba que los protocolos del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso para evitar derivar a mayores enfermos de covid a hospitales en los momentos más duros de la pandemia para evitar el colapso de los hospitales eran “recomendaciones” con “valor meramente orientativo” y que “no excluían la valoración integral de cada paciente”. Las conclusiones del Ministerio Público indican que el protocolo “lógicamente contenía criterios generales, incluidos algunos que permitían una inicial clasificación de los usuarios entre los que aparentemente se beneficiarían más del traslado hospitalario y aquellos que no, pero que estos “no eximían de hacer una valoración de cada usuario en caso de sospecha de contagio”.

En noviembre del 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló estos protocolos al considerar que no podían tacharse de “irrazonables a la vista del fenómeno de la pandemia que empezaba a sufrir el país, con un total desconocimiento de su entidad y el modo de enfrentarlo, y que ya desde el principio, empezó a encender las luces rojas sobre el posible desbordamiento del sistema sanitario y asistencial.”

En las tres semanas en las que la covid casi llegó a saturar la atención hospitalaria, del 18 de marzo al 5 de abril de 2020, las residencias de la Comunidad derivaron a 900 ancianos. En ese periodo se produjeron casi 5.000 fallecimientos en los centros de mayores de la región. A partir de la segunda semana de abril se fueron normalizando las derivaciones a centros sanitarios y esos protocolos se anularon.

Para la representación de los familiares, el momento en el que han hablado de estas pautas emitidas por el Gobierno regional ha sido “la gran decepción”. Así lo transmite su portavoz, María José Valero. “Para nosotros es incomprensible, una barbaridad”, ha asegurado. Sin embargo, también han admitido que después de la sentencia del TSJM, la Fiscalía “también tiene un tope”. Los familiares han agradecido la receptividad de las fiscales, que han estado reunidas con ellos dos horas, pero mantienen su lucha por que se llame a declarar a responsables políticos, como Carlos Mur de Víu, director de coordinación sociosanitaria, y la persona que envió los correos informando del protocolo de exclusión sanitaria a las residencias. “Los familiares nos han transmitido que creen que todo va a acabar sin que se sepa la verdad pero la justicia es lenta y aún queda mucho recorrido”, ha apuntado la fiscal superior.

“Nosotras no somos avalistas de nadie”, ha respondido Lastra sobre si las conclusiones del Ministerio Público suponen un respaldo a la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, “hemos diseccionado cada caso y allí donde hemos entendido que no ha habido una buena actuación lo hemos perseguido penalmente”. Junto a ella, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha puntualizado: “Nosotros mismos hemos recurrido cuando hemos considerado que el sobreseímiento de una causa no estaba justificado, cuando hemos visto que en una hoja de seguimiento de un paciente había un hueco en el fin de semana, cuando el informe médico no era exhaustivo, cuando hemos visto casos de muerte por deshidratación... Es verdad que hasta ahora no hemos tenido mucha suerte en los tribunales”.

Planes de contingencia

La Fiscalía destaca en su memoria que el 99% de las residencias denunciadas contaban con planes de contingencia que “resultaron relevantes solo en los casos en que adaptaron la normativa que se iba generando a la realidad del centro”. El informe defiende la actuación de la Administración tras sus investigaciones: “Intuitivamente podía pensarse que evidenciaba un mayor grado de negligencia, no necesariamente se tradujo de esa forma. Por el contrario, fueron varios los casos en los que su intervención temprana permitió terminar de implementar los planes de contingencia en residencias que, a partir de ese momento, evolucionaron positivamente”.

La Fiscalía sí que detectó al menos algunos fallos en la gestión de los centros de mayores. En la memoria se destaca que el flujo de información en los primeros meses funcionaron correctamente “cuando se trataba de transmitir información que necesitaba la Administración, pero no necesariamente a la inversa, pues son muchos los casos de directores de residencias que no encontraban la forma de hacer llegar sus necesidades o que eran remitidos de unas áreas a otras sin respuestas claras”.

También admite que el modo de comunicarse con las familias por parte de los centros, pudo generar “padecimiento añadido, además de incomprensión, en muchos casos, llegando a producirse traslados a los solos efectos de mitigar esta sensación”. Esto se debió a que “en la información a las familias solía ponerse el acento en la responsabilidad del hospital, en lugar de informarles que los pacientes iban a recibir en la residencia un tratamiento hospitalario similar la que habrían recibido caso de ser derivados”, concluyen los fiscales tras sus pesquisas.

Los representantes del Ministerio Público también indagaron en los retrasos a la hora de examinar a los pacientes, pero, según sus conclusiones, quedó acreditado que “en casi todos los casos se pudo comprobar que había habido una atención sanitaria constante”. La Fiscalía asegura que no se puede achacar responsabilidad penal por el modo en el que se llevaron a cabo las interconsultas, es decir análisis del estado de los pacientes entre los responsables del centro y los hospitales, cuando no se llevaron a cabo por falta de tiempo por el rápido avance de la enfermedad o cuando se constata que la derivación no habría cambiado la evolución del paciente. Para la Fiscalía, las dificultades detectadas estuvieron “ligadas a la necesidad de dotación sanitaria de las residencias para afrontar una crisis de esta magnitud”.

Sin respuestas

La vía judicial no ha servido a los familiares para obtener respuestas sobre el modo en el que fueron atendidos los ancianos que vivían en residencias. La Fiscalía de Madrid inició 62 investigaciones en 2020 en residencias de mayores, la mayoría de ellas motivadas por denuncias de familiares. Estos procesos incluían más de 130 muertes. El Ministerio Público señala que las causas buscaban el “esclarecimiento de fallecimientos ocurridos por una inadecuada atención médica” y los allegados de los afectados apuntaban la “falta de información y transparencia” así como la “falta de medios de protección para los trabajadores y de adecuadas medidas de prevención de los contagios entre los usuarios”.

Casi todas estas causas se archivaron “por considerar que no había indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo”. A finales del año pasado solo 12 continuaban siendo investigadas.

La actuación de las residencias y los hospitales en esas semanas tan duras tampoco se investigaron por la vía política. Vox impidió con sus votos que la Asamblea de Madrid investigara las órdenes del Ejecutivo regional que impidieron las derivaciones de los ancianos al abstenerse en la votación para impulsar una comisión de investigación.

El diciembre del año pasado el Tribunal Supremo ordenó a los juzgados investigar la gestión de las residencias. En su auto, los magistrados especificaban que era “necesario que existan datos objetivos que permitan imputar los concretos resultados lesivos producidos en cada caso y sobre cada persona afectada”. En este sentido, la Fiscalía concluye en su memoria que “no hubo desatención y que no se dejó de prestar una asistencia sanitaria concreta que estuviera a su alcance y que fuera previsible que, de haberse aplicado, habría evitado la muerte”.

Los familiares no opinan así y han puesto todos sus esfuerzos en que se indage en el modo en el que fallcieron sus allegados. La asociación Pladigmare, por ejemplo, presentó en verano de 2020 ante la Fiscalía denuncias por las 59 residencias que registraban por entonces más fallecimientos que la media en la Comunidad de Madrid. De ellas, unas 30 fueron archivadas.

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