Si la Asamblea de Madrid es el laboratorio en el que se experimenta cómo es la alianza de PP y Vox sin el factor moderador de Cs, estos son los primeros resultados. Uno: las enmiendas de la izquierda a los Presupuestos se rechazan sin siquiera ser leídas. Dos: el PP estudia la ley de igualdad que patrocina la extrema derecha, y que incluye una disposición para derogar las leyes LGTBI regionales. Y tres: la ley impulsada por Isabel Díaz Ayuso para neutralizar la nueva ley estatal de educación se analiza el miércoles en la Cámara sin debatir la mayoría de las propuestas de la oposición, que acaba protestando y analizando si puede acudir a los tribunales.

Así, el PP y Vox cierran un acuerdo bilateral antes de la ponencia que trabaja sobre la Ley Maestra, a la que llegan convencidos de que la izquierda solo quiere retrasar la aprobación de una norma elaborada para cortocircuitar la aplicación de la ley Celaá. Por eso los socios usan su mayoría para cambiar sobre la marcha el método de trabajo: defienden cerrar la ponencia sin escuchar la mayoría de enmiendas porque ya las han leído antes, saben que votarán en contra, y creen que se está consumiendo mucho tiempo en un debate que consideran reducido a leer textos ya conocidos y condenados a desaparecer por el peso de la mayoría que suman los dos partidos de derechas. Y se arma la de San Quintín.

“Esto va más allá de aplicar una apisonadora parlamentaria impresentable”, se queja Agustín Moreno, diputado de Podemos, que describe “un atentado al derecho del resto de los grupos parlamentarios, una negación del debate”. Marta Bernardo, del PSOE, redunda en su enfado: “PP y Vox no nos han dejado siquiera la posibilidad de exponer nuestras enmiendas”. Y Antonio Sánchez, de Más Madrid, se lamenta: “Ellos decían que las enmiendas las tenían antes de la sesión y las habían leído. Pero el Parlamento no funcionan leyendo, sino hablando, intentando convencer al otro. Sin escuchar al adversario, se suprime de facto el parlamentarismo“.

Desde 2019, PP y Cs se han aliado para cogobernar cuatro regiones: Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla y León. En las tres primeras, Vox ha sido un elemento indispensable para la investidura de los presidentes populares, la aprobación de los presupuestos, y la gobernabilidad. Pero muchas cosas han cambiado durante la legislatura.

En Andalucía suenan tambores de adelanto electoral porque los tres socios ya no se entienden. En Murcia, el PSOE y Cs se aliaron para una moción de censura que no logró desalojar al PP del poder, donde se mantiene gracias a cuatro tránsfugas que lograron su acta con los naranjas. Y en Castilla y León la alianza se ha fortalecido gracias a la complicidad entre Alfonso Fernandez Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs).

Sin embargo, el gran terremoto se ha vivido en Madrid. Aquí PP y Cs protagonizaron una convivencia destinada desde el primer día al divorcio. Aquí decidió adelantar las elecciones Isabel Díaz Ayuso. Y aquí, tras los comicios del 4-M, PP y Vox ya solo se necesitan el uno al otro, porque Cs ha desaparecido de la Asamblea. En consecuencia, Madrid es el principal escaparate de cómo podrían funcionar las hipotéticas alianzas de los dos partidos de derechas que surjan tras el ciclo electoral 2022-2023, donde se dirimirá el poder municipal, la mayor parte del autonómico, y el nacional.

Con la legitimidad y el respaldo de su estupendo resultado en las urnas, el PP y Vox se han combinado para controlar Telemadrid, nombrar como su administrador provisional al polémico José Antonio Sánchez (votante confeso de la formación conservadora que aparece en los Papeles de Bárcenas), o acordar los Presupuestos.

También se han unido para vetar la investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia (murieron miles de personas). O para impulsar una comisión sobre la influencia de los controles en el aeropuerto de Barajas en la evolución de la enfermedad en la región (uno de los frentes preferidos de Díaz Ayuso en el choque con el Gobierno de Pedro Sánchez).

Este jueves, con toda probabilidad, los socios volverán a sumarse para sacar adelante la rebaja del IRPF que los dos prometieron a sus votantes en campaña (se tramita en lectura única: sin debate previo en comisión ni posibilidad de que la oposición presente enmiendas), igual que el jueves 16 unirán esfuerzos para acabar con las tasas propias de la región (que representan el 0,02% de la recaudación).

Acelerar los tiempos legislativos

En medio, PP y Vox han dejado muestras de su apuesta por aprovechar la mayoría que les han dado las urnas para acelerar los tiempos legislativos, estrechando el margen de actuación de una izquierda que tiene menos escaños junta que el PP solo. La excusa viene a ser que no conviene apurar los plazos y gastar mucho tiempo cuando el resultado es de sobra conocido antes del inicio de cualquier trámite: se impondrá la mayoría de derechas.

“Entre decir que no se va a aceptar ninguna enmienda, y no aceptar ninguna enmienda, el resultado es el mismo”, ironizó Alfonso Serrano, el portavoz del PP, a cuenta de que el pacto presupuestario con Vox recoja negro sobre blanco que los firmantes no apoyarán ninguna propuesta de mejora de Más Madrid, PSOE y Podemos. Una decisión tomada con el plazo de registro abierto, y por lo tanto sin leer las enmiendas, ni valorar su contenido, o efecto presupuestario, ni mucho menos debatirlas.

Tras seis años de alta tensión para el PP, siempre pendiente de que el voto de Cs no inclinara los debates en favor de la izquierda, todo ha cambiado en la Asamblea. El PP y Vox son un binomio irrompible. Es muy difícil que Vox vote una cuestión clave con PSOE, Más Madrid y Podemos. Y los dos partidos están decididos a aprovechar su mayoría para sacar adelante lo máximo posible de su agenda política en una legislatura excepcionalmente corta: empezó en junio de este año y acaba en marzo de 2023.

“Toda la izquierda ha intentado obstaculizar y ralentizar la tramitación de la ley educativa”, justifica Lorena de las Heras, diputada del PP, lo ocurrido en la ponencia del miércoles. “Estaban buscando una artimaña para dilatar la tramitación de la ley: cuando el debate se convierte en una mera lectura de enmiendas registradas en octubre, que todos hemos leído y trabajado, es que hay una intención de agotar los tiempos”, añade, recordando que el cambio sobre la marcha del método de trabajo fue adoptado con un letrado de la Cámara presente, y por tanto fue avalado por este. Y remata: “No es cierto que se les haya impedido explicar sus enmiendas. No han hecho un uso adecuado del tiempo para ello, ya que en nuestra primera intervención los representantes de PP y Vox ya anunciamos nuestro voto contrario a las enmiendas. Y en lugar de debatir, utilizaron ese tiempo para leer las enmiendas, no para dar sus explicaciones”.

Aunque Vox declinó participar en esta información, fuentes parlamentarias aseguran que su representante en la ponencia, Jaime de Berenguer, intentó llegar a acuerdos con la izquierda antes de la reunión del miércoles, pese a que el PP consideraban inviable que los mismos partidos que habían apoyado la ley Celaá en el Congreso (PSOE, Podemos y Más País, la marca nacional de Más Madrid) pudieran aportar algo en la Asamblea a la norma regional con la que se pretende neutralizar la estatal.

Los observadores mejor informados de la Cámara, en todo caso, atribuyen al calendario político las prisas del PP por tramitar sus promesas electorales clave. Recién alcanzado el acuerdo presupuestario con Vox, los dos partidos viven una luna de miel que nadie prevé duradera. En menos de un mes, arranca 2022. Año preelectoral. Y antes de que vuelvan las cuitas entre los dos socios, hay que aprovechar el momento para sacar adelante cuantas más cosas mejor.

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