El popular López Miras, investido presidente de Murcia con los apoyos de Ciudadanos y Vox

No hubo sorpresas en la segunda sesión de investidura en Murcia: el popular Fernando López Miras ha sido designado presidente de la comunidad autónoma con los votos favorables del PP (16), Ciudadanos (6) y Vox (4), tal como estaba previsto desde que los tres partidos llegaran a un acuerdo de investidura el pasado 19 de julio.

Tras dos semanas de reuniones y conversaciones intensas, finalmente, Vox, que en la primera sesión, el 4 de julio, votó en contra del candidato popular, ha dicho sí a un Gobierno de coalición en el que López Miras ocupará la presidencia y la líder regional de Ciudadanos, Isabel Franco, la vicepresidencia y la Consejería de Política Social. Según el acuerdo suscrito por PP y Cs el 24 de junio, los de Albert Rivera ocuparán también la portavocía del Gobierno, y las consejerías de Fomento, de Transparencia y Administración Pública y de Empleo.

El PP mantendrá el resto de competencias (Hacienda, Sanidad, Educación, Agricultura, Presidencia), aunque el secretario general en la Consejería de Turismo y Cultura, lo designarán sus socios de gobierno. Ciudadanos gestionará además una decena de entes y organismos autónomos, como el Instituto Murciano de Acción Social, el Servicio de Empleo y Formación, el Instituto de Salud y Seguridad Laboral, el Instituto de Fomento, el Consejo de la Transparencia, la Fundación Séneca de Ciencia y Tecnología o el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Los de Santiago Abascal, por su parte, no entrarán en el Ejecutivo, ya que su acuerdo era meramente de investidura. Para dar el sí a López Miras, este ha debido comprometerse con una veintena de exigencias de los ultraconservadores que se encargó de defender en su discurso del martes pasado, lamentando incluso que algunos de los puntos habían sido objeto de “críticas injustas”.

Entre ellos, destacó el compromiso de impulsar políticas de prevención de la “violencia intrafamiliar” y agradeció a Vox “que haya insistido en la lucha contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles” como lo es la violencia de género. “Tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No vamos a dar ni un paso atrás pero, con el mismo empeño, debemos luchar por defender a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras formas de violencia que se producen en los hogares”, apuntó.

Este viernes, por el contrario, no se ha referido a este asunto, pero sí lo ha hecho el socialista Diego Conesa, que ganó las elecciones, que ha centrado su discurso en criticar que PP y Cs hayan terminado por “normalizar una situación muy preocupante”, la de llamar “violencia intrafamiliar” a la violencia de género cuando España no tiene un problema por la primera, sino por la segunda. Precisamente, el pleno de investidura ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del niño de 11 años que ha sido presuntamente asesinado por su padre en el municipio murciano de Beniel. El hombre, de 39 años, que se ha quitado la vida tras el crimen, había sido denunciado en junio por acoso por la madre del niño, de la que estaba separado, y tenía una orden de alejamiento, que también incumplió.

“No valen eufemismos”, ha corroborado el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, que ha insistido en que este crimen será considerado violencia machista.

El portavoz de Vox, Juan José Liarte, les ha respondido equiparando este suceso con el ocurrido en Azpeitia hace unos días, cuando una madre ahogó a su hijo de 4 años en la bañera y se ha preguntado por qué el primero será considerado un caso de violencia machista y no el segundo, “siendo idénticos los ilícitos”.

“¿Por qué en un caso lo juzga un juzgado especial y en otro no?”, se ha preguntado, y se ha dirigido directamente a Conesa, para exigirle que explique por qué da por hecho y dice en público que el motivo de este asesinato ha sido el de “dañar a la madre” del menor.

“Se nos dice que este acto luctuoso de hoy es claramente un acto de violencia machista porque el Código Penal lo dice, pero el Código Penal no es más que un código de derecho positivo, nada más”, ha insistido.

Entre los compromisos impuestos por Vox se encuentran también la aprobación de una ley de protección integral de la familia, con “partidas presupuestarias concretas al apoyo a la maternidad, fomentado así la natalidad”, y otra de “protección de la mujer embarazada, ofreciendo información y alternativas, para que ninguna mujer se vea abocada al aborto”.

También medidas para revisar la política de creación de centros de acogida para menores extranjeros no acompañados (Menas), y numerosos compromisos en el ámbito de la educación, como los de exigir el consentimiento familiar para que los estudiantes asistan a charlas y talleres de contenido moral o sexual, o el refuerzo de las inspecciones para “evitar el adoctrinamiento político en las aulas”.