El Pacto Antitransfuguismo considera tránsfugas al presidente de Murcia y a cuatro diputados regionales

Tanto el presidente de Murcia, Fernando López Miras, como los cuatro diputados de Ciudadanos (Cs) que hicieron fracasar en el último momento la moción de censura contra su gobierno promovida por el PSOE y Cs han sido considerados tránsfugas, según el dictamen del Pacto Antitransfuguismo.

El texto dictamina que la actuación del presidente murciano en aquella operación política en marzo se considera como “transfuguismo”: son las conclusiones de una comisión de expertos designada por el Pacto Antitransfuguismo, que atribuye además a López Miras un papel de “inductor y beneficiario”. La misma etiqueta coloca a su vicepresidenta, Isabel Franco, y a los otros tres diputados naranjas: Francisco Álvarez, María del Valle Miguélez y Alberto Castillo, que hicieron fracasar la moción votando en contra y a los que acusa de “traición” por negociar con el PP a espaldas de su formación.

El informe rechazó las alegaciones del PP, que no consideraba que se tratase de transfuguismo porque estimaba que los cuatro diputados de Cs se mantuvieron “fieles” al acuerdo de gobierno alcanzado en julio de 2019 entre populares y naranjas. Sin embargo, el escrito señala que los cuatro diputados de Cs estuvieron de acuerdo en firmar la moción de censura contra López Miras, promovida por su socio de gobierno y los socialistas, pero después se retractaron de su posición y del criterio de su partido, lo que supone “la primera causa de transfuguismo”. Y lo hicieron, prosigue el dictamen, porque negociaron “con el presidente del Ejecutivo regional acceder o mantenerse en cargos de gobierno”, lo que es “una segunda causa” para ser considerado tránsfuga. Además, continúa, después se hicieron con el control del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea autonómica “apareciendo como legítimos titulares y desposeyendo de atribuciones a los diputados que mantienen el vínculo afiliativo”.

Si bien el dictamen no considera tránsfugas al resto de los consejeros autonómicos aunque se beneficiaran de la moción al mantener sus cargos, sí determina que su comportamiento merece “ser objeto de reproche”. El PP pidió la recusación del ponente del dictamen, Rafael Ibáñez Reche, porque ponían en duda su imparcialidad e independencia, y reclamó que la comisión de expertos se suspendiera, pero esa petición no fue estimada.