Las 3.700 ideas para mejorar Madrid que rechazan Díaz Ayuso y Vox

La apuesta de los socios presupuestarios por vetar enmiendas de la izquierda sin leerlas deja fuera de la cuentas inversiones en institutos, centros de salud...

Rocío Monasterio (izquierda) felicita a Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio (izquierda) felicita a Isabel Díaz Ayuso tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Es jueves 2 de diciembre, y Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, estalla. “Han puesto un cordón sanitario a las enmiendas (parciales) de los grupos que representamos a un millón y medio de madrileños”, se queja en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea, donde PP y Vox han acordado vetar todas las ideas de la izquierda para sus Presupuestos. Da igual que no haya terminado el plazo de registro. No importa que eso implique que los dos socios deciden sin haber leído el contenido de las propuestas del resto de partidos. PP y Vox explicitan el veto negro sobre blanco en su acuerdo para sacar adelante las cuentas. “Están ustedes enfermos de sectarismo”, recalca la líder de Más Madrid. “Rechazan, sin mirar, un centro de salud en Las Tablas, un instituto en Parla, o una fábrica de automoción en el Sur”, lamenta. Y estalla la bronca en la Cámara.

Así, de un plumazo, el PP y Vox descartan las 3.711 propuestas para mejorar las cuentas que registran Podemos (1.655), Más Madrid (1.581) y PSOE (475). No hay otra razón que su origen: con la izquierda, ni a por una herencia. Da igual su contenido, que las enmiendas tengan alguna carga ideológica, o que sean totalmente utilitaristas. Se rechazan de plano.

El PP justifica que lo mismo ha ocurrido en el Congreso con sus enmiendas parciales a los presupuestos generales del estado. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aceptado solo una exigua minoría de las de sus socios parlamentarios: en el proyecto ha acabado incluida una de Ciudadanos.

En paralelo, Vox ha mantenido una posición radical, y hasta contradictoria, en los dos ámbitos de negociación. Primero, renunció a presentar enmiendas parciales al proyecto estatal, con el argumento de que eso es hacerle el juego al gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, vetó que la izquierda presentara enmiendas parciales al regional, con el argumento de que así se impide que su influencia diluya el proyecto del gobierno de Díaz Ayuso.

Estos son los ejemplos de algunas de las 3.700 propuestas para mejorar Madrid que han rechazado los dos socios, resumiendo la polarización total de la política madrileña.

Más Madrid. Sin tasas en FP, luz en la Cañada Real. El partido de Mónica García propone eliminar las tasas de matriculación en los ciclos superiores de FP, construir un instituto en Arganda, San Fermín, Coslada, Rivas, Valdebebas o Valdemoro; centros de educación infantil y primaria en Tres Cantos; y múltiples infraestructuras para escuelas infantiles y de FP. Se plantea la construcción de residencias de mayores en Rivas, Móstoles o Madrid capital, y la de centros de salud en Fuenlabrada, Parla, Móstoles o Valdemoro; la creación de pisos de acogida para jóvenes LGTBI expulsados de su familia; o aumentar la partida que financia la renta mínima de inserción. Además, el partido que lidera la oposición apuesta por incrementar las estaciones de control de la calidad atmosférica para incluir a todos los municipios de más de 50.000 habitantes; hacer un inventario del amianto presente en la Comunidad; o mejorar la red eléctrica de la Cañada Real, donde no hay luz desde hace más de un año, por lo que también se pide comprar o ceder generadores eléctricos y paneles solares.

PSOE. Acabar con el drama de la línea 7B de Metro. El grupo de Juan Lobato ha presentado 476 propuestas con un valor total de 647 millones para cambiar las cuentas. De ese total, 141,5 millones se dedicaría a afrontar los problemas generados en el municipio de San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro (que ha afectado a los cimientos de 200 viviendas, según el Ayuntamiento, obligando al derribo de varios edificios y al desalojo de 24 familias), además de a unificar las tarifas de transporte o a mejorar carreteras. El PSOE también propone emplear 123 millones para reducir la lista de espera quirúrgica o cumplir con la ley de salud bucodental, que en teoría permite que los niños de entre 7 y 16 años acudan al dentista gratis. Finalmente, los diputados socialistas proponían dedicar 60 millones a la construcción de centros educativos de primaria, secundaria y de formación profesional, “para paliar la falta de plazas públicas en la región, con miles de personas teniendo que asistir a plazas privadas”.

Podemos. Reapertura de las urgencias de atención primaria, inspeccionar pisos turísticos. El partido de Carolina Alonso reclama la reapertura inmediata de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que llevan cerrados más de 600 días (desde el 30 de marzo de 2020); dotar de más personal al SUMMA 112 y construir centros de salud; destinar un millón de euros a que trabajen más inspectores de pisos turísticos; crear un carril Bus-VAO en la carretera M-607 e infraestructuras educativas por toda la región; ampliar la red pública para educación de 0 a 6 años; y multiplicar la renta mínima de inserción. También se plantea que las retribuciones del presidente, vicepresidente y consejeros de Madrid no puedan ser superiores a los de sus homólogos del gobierno de la nación (lo que por ejemplo implica reducir el sueldo de Díaz Ayuso en 18.000 euros). O dedicar los fondos previstos para la tauromaquia que iban a ser transferidos a los ayuntamientos (100.000 euros) a la construcción del Memorial de Víctimas del Terrorismo aprobado por la Asamblea de Madrid.

Ninguna de esas propuestas verá la luz. La mayoría de PP y Vox se impondrá en los trabajos de la comisión para que no alteren un proyecto valorado en 23.000 millones de euros, y con un sello indeleble: los presupuestos son solo de los dos partidos de derechas de la Cámara.

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Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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