El futuro de 17.976 aspirantes madrileños para la FP: la calle o pagarse un centro privado

Víctor Castaño prefiere no pensar en su futuro. Con 19 años y las ideas claras, su esperanza laboral se limitaba hasta hace unos días a que le admitieran en un grado superior de Formación Profesional (FP) relacionado con la informática, su pasión desde hace años. Los dos últimos ha estado estudiando el grado medio de sistemas microinformáticos y redes en el instituto madrileño San Gabriel y quería continuar sus estudios para trabajar en un futuro programando videojuegos o creando páginas web. Pero en cuanto vio la lista de admitidos esa esperanza se evaporó. Castaño forma parte del 55% de las personas que ha intentado matricularse en un centro público en la Comunidad de Madrid que no han sido admitidas, según datos recogidos por CC OO. La alternativa: intentarlo por la privada. Pero para él no es una opción. “No puedo pagar 3.000 euros de matrícula”, lamenta. ¿Está enfadado? Mucho. Las puertas se le cierran y, sin dinero, no puede abrirlas.

El sindicato ha realizado un pormenorizado estudio para analizar una situación que viene de lejos y lo ha hecho gracias a los datos aportados por el 89% de los 119 centros públicos de la Comunidad de Madrid donde se imparten 170 titulaciones de FP. De los 32.952 aspirantes que han solicitado plaza, solo 14.976 la han conseguido. El resto (17.976) tendrá que buscarse la vida.

La situación se repite como el día de la marmota desde hace una década. De hecho, hay jóvenes como Lidia del Moral, de 20 años, que han repetido en el fracaso de intentarlo. Ella rellenó la matrícula el año pasado para acceder a la especialidad de comercio internacional y se quedó fuera, como otras 40.000 personas que lo intentaron sin éxito tanto en el grado medio como en el superior. Este año le ha pasado lo mismo. Su “cabreo” pasa por momentos a la desazón, la desilusión y la incertidumbre. “Quiero estudiar y no ser una fracasada, pero me obligan a que acabe de camarera o limpiando casas. Y no digo que los que hacen eso sean fracasados. Para mí lo es porque no es lo que quiero hacer”.

La solución que la Comunidad de Madrid pone sobre la mesa pasa por las becas para estudiar en la privada. El pasado 26 de mayo, el consejero de Educación, Enrique Ossorio anunció que el próximo curso destinaría 18,5 millones de euros para facilitar los estudios de FP en centros privados, una medida que la propia consejería calculaba que beneficiaría a 9.000 alumnos. “El Gobierno regional quiere fomentar la libertad de elección a la hora de decidir los estudios”, explicaba en una nota informativa la Administración.

Casi tres meses después, la libertad de elección de ese 56% de estudiantes que se ha quedado fuera para el próximo curso pasaba, como primera opción, por una educación pública.

Becas para la privada

El Ejecutivo, sin embargo, se defiende con otros datos: este curso se han ofertado 20.090 plazas, 2.100 más que el pasado. “En cualquier caso, el proceso de matriculación en Formación Profesional no está cerrado y hasta el mes de septiembre no habrá datos definitivos”, explica un portavoz.

Luis García, director del centro de FP Puerta Bonita —donde se imparten las especialidades de Imagen y Sonido y Artes Gráficas—, habla como vicepresidente de Adimad —la asociación de directores de Secundaria y FP de la región— de un problema de fondo. “Las becas van desde los 400 euros hasta los 3.000, pero en la privada hay matrículas de hasta 7.000 euros, por lo que en muchos casos si estos chavales la consiguen tienen que poner una buena parte de su bolsillo”, explica García. Para él, la solución no pasa por subvencionar la educación privada, sino porque la Comunidad de Madrid realice una mayor inversión para los ciclos con poca oferta pública.

“Los últimos años ha habido una congelación, no se ha ampliado la oferta al mismo ritmo que la demanda, y los datos hablan por sí solos”, lamenta García. También cree que falta información e incentivos. Por ejemplo, especialidades como comercio, marketing, imagen y sonido, todas las de la rama sanitaria o informática gozan de una alta popularidad entre los estudiantes. Por eso, siempre se queda gente fuera. Los datos de empleabilidad, además, contribuyen al éxito, ya que cuando los estudiantes terminan el ciclo formativo, entre el 70% y el 90% acaba encontrando trabajo.

Pero al margen de esas ramas tocadas por una varita mágica, hay otras con una baja demanda cuyos cupos se quedan sin rellenar. Ahora mismo, 2.218, según datos del Gobierno regional. Se trata de plazas de las denominadas profesiones de cuello azul, es decir, las relacionadas con la industria, la mecánica o los servicios de producción. “A priori son menos atractivas porque además se asocian con algunos estereotipos”, analiza García. “Pero tienen una alta tasa de empleabilidad, hay futuro ahí y a veces es cuestión de explicarlo, de orientar”, insiste.

La región madrileña, sin embargo, cuenta con solo 414 orientadores repartidos en los institutos, centros que el curso pasado contaban con 292.889 alumnos en Secundaria y 111.018 en Bachillerato. Literalmente, no dan abasto para orientar o informar correctamente en función de la sensibilidad de cada estudiante. La Administración, opina García, además debería lanzar un órdago e incentivar para cubrir las plazas de las especialidades que no están “de moda”, como eliminar la matrícula (la región madrileña es la única donde estudiar en un centro público cuesta 400 euros, en el resto de comunidades es gratis) o incluso becar a los estudiantes.

De nuevo, Educación se defiende. “La Comunidad hace una planificación de la oferta de FP que tiene en cuenta la demanda de los propios estudiantes, las necesidades del mercado de trabajo y las posibilidades de inserción laboral de nuestros jóvenes”, explica un portavoz.

Basándose en los datos, esos esfuerzos resultan insuficientes para Isabel Galvín, representante de Educación de CC OO. “¿Cómo puede ser que digan que planifican según la demanda y luego se queden más de 17.000 personas fuera?”, pregunta. “Es especialmente grave que en una sociedad marcada tan recientemente por una crisis sanitaria, el sistema de educación pública no pueda dar salida a un renovado interés por la salud y los estudios sanitarios”, lamenta Galvín, que cree que el dinero de las becas sirve directamente para engrosar los bolsillos de intereses privados. “No es de recibo, tampoco, que tras años intentando fomentar los estudios de FP, el gobierno regional sea incapaz de ofrecer las plazas públicas necesarias”, insiste. La sindicalista recuerda que “el gobierno repite una y otra vez que ofrece plazas que no son cubiertas y con esos casos impugna la totalidad de todo el sistema y justifica los recortes”.

Galvín advierte, en cuanto a eso, que el dinero ya no excusa, dado que el Gobierno central ha otorgado a la región madrileña 23 millones de euros con el único fin de fomentar la formación profesional. “Mientras en la Comunidad Valenciana se han creado 18.000 plazas nuevas, en la última década Madrid ha perdido un 22% de sus plazas”, recuerda. La Administración, sin embargo, se ciñe a los dos últimos cursos académicos para sacar pecho, ya que asegura que la oferta general (en el Grado Básico, Medio y Superior) ha aumentado un 7,60% y un 11,50% respectivamente.

Carmen Morillas, presidenta de la Federación de asociaciones de padres Francisco Giner de los Ríos, está cansada de escuchar una y otra vez lo mismo. Hace una semana salió la noticia de que casi 7.000 menores se habían quedado sin plaza en Grado Medio. Ahora la historia se repite en el Superior. “Volvemos a lo mismo. Nos encontramos a solicitantes que son desahuciados del sistema. Luego dicen que están a favor de la libertad de elección. ¿Qué libertad hay aquí? Ninguna”.

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