Petro insiste en responsabilizar a la madre de Kevin Acosta por su muerte: “No aceptó una cirugía”

La muerte de Kevin Acosta, de siete años, tras sufrir una caída y cuando el sistema de salud colombiano interrumpió su tratamiento contra la hemofilia que lo protegía de los golpes, ha derivado en una evasión de responsabilidades. El presidente Gustavo Petro, quien el lunes ya había descargado la responsabilidad en la madre del menor por permitirle montar en bicicleta, insistió en su postura al filo de la medianoche del martes. En una intervención pública en La Guajira, el jefe del Estado afirmó que es cierto que el niño no recibió en enero el medicamento que mantenía su condición controlada, pero que ello se debió a un traslado de la familia del departamento del Huila, en el centro del país, al de Santander, en el nororiente.

Leyendo sin consentimiento de la familia la historia clínica del menor, señaló a la madre: “Aquí me mandan el documento de aceptación de la mamá de no realizar el tratamiento quirúrgico”, dijo, para luego aclarar que era una alternativa frente al tratamiento con la droga una cirugía, pues prefirió mantener el tratamiento con la droga emicizumab. Katherine Pico, la madre de Kevin, reconoce haber tomado esa decisión, pero ha explicado que, ante la falta del medicamento previo a la intervención, su hijo enfrentaba el riesgo de sufrir una hemorragia masiva. El presidente aceptó que la decisión de la madre pudo ser la correcta: “Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no”, dijo sobre la negativa a la cirugía.

Kevin Acosta murió en la mañana del pasado viernes 13 de febrero tras haber sufrido el 8 de ese mismo mes una caída en bicicleta que le causó hemorragias abundantes por la nariz y los oídos. Padecía de hemofilia A severa, una enfermedad que dificulta cortar el flujo de sangre. Primero fue remitido al hospital de Palestina (Huila) y luego al de Pitalito. Allí se informó a la familia de la necesidad de practicarle la cirugía. Ante el agravamiento, el menor fue trasladado en avión a Bogotá, en una situación ya crítica, y murió en el hospital La Misericordia. El niño debía recibir un medicamento cada 28 días para mantener controlada la hemofilia. La Nueva EPS, la entidad promotora de salud a la que estaba afiliado –intervenida por el Gobierno en abril de 2024 y responsable de los servicios de salud de más de 11 millones de personas-, era la encargada de suministrárselo. La última dosis, sin embargo, la recibió el 14 de diciembre.

En su intervención, el presidente leyó un reporte que le envió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que relata que, en diciembre de 2025, la familia pidió a la EPS que cubriera su salud durante cuatro meses en el departamento de Santander. El niño había recibido su medicamento el día 14. Sin embargo, regresaron en enero, antes del plazo, y por eso no recibió la dosis de ese mes. “Hay que determinar la responsabilidad individual, tenía que haber recibido una dosis el 14 de enero”, comentó Petro. El reporte sigue con la versión del interventor de la Nueva EPS, que indicó que el fármaco se le suministraría el 9 de febrero. Kevin sufrió el accidente el día antes, y su estado se empezó a deteriorar. Fue entonces cuando los médicos informaron a la madre de la necesidad de hacerle la cirugía riesgosa, que ella rechazó. Luego ocurrieron el traslado a Bogotá y el fallecimiento.

Tras leer el reporte, el presidente agregó: “Esto lo que significa es que, uno, no mentimos anoche, no estamos tapando algo con otra cosa. […]. Y dos, que aún hay que investigar más si se establece una responsabilidad ajena a la familia, sobre todo en el traslado de Santander a Huila, y la pausa en la que no recibe la dosis que tenía que recibir el 14 de enero”. El día anterior, el presidente había descargado la responsabilidad en la familia: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos”, dijo. En sentido similar se expresó el ministro de Salud: “Los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento”.

La Nueva EPS también se refirió al asunto en un documento en que dice que, pese a que el 27 de enero estaba programada la aplicación de la dosis al niño en Bucaramanga (la capital de Santander), el 28 de ese mismo mes la madre se acercó a la oficina de la EPS en Pitalito para registrarlo de nuevo como su municipio de residencia. Katherine Pico desmiente esa versión: “Es una gran mentira. A mí me llamaron y me dijeron que Medicarte [el centro en que Kevin recibía el medicamento] a partir del 1 de enero quedaba sin contrato con la Nueva EPS. O sea, que para enero no tenía medicamentos ni citas”, aseguró en Noticias Caracol. Añadió, además, que cuando el niño estaba hospitalizado, pidió un traslado urgente a Bogotá, para que pudiera tener una mejor atención, pero que le dijeron que la EPS no lo había autorizado.

El caso de la muerte de Kevin Acosta se ha convertido en una trágica constatación de la crisis en el sistema de salud en Colombia. El Gobierno de Gustavo Petro, que ha intentado desde el comienzo de su mandato reformarlo, optó desde 2024 por intervenir las EPS más grandes del país. Esas intervenciones, no obstante, no han llevado a una mejoría en la prestación de los servicios. En el caso de Nueva EPS, de hecho, son cada vez más habituales las largas filas, los reclamos y las demoras de semanas y meses para que los pacientes reciban los medicamentos que necesitan para mantener su salud. El fallecimiento del niño es el rostro más trágico de los problemas del sistema sanitario en Colombia.