El exjefe policial acusado de violación: “Renuncié nada más conocer la querella, para no dañar el buen nombre de la Policía”

El director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por una supuesta agresión sexual, ha hablado por primera vez tras el escándalo que le afecta. Este miércoles González ha asegurado que él renunció antes de que el Ministerio del Interior pidiera que cesase. “En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”, ha asegurado en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles. González ha insistido en que él renunció antes de que Interior le anunciara el cese: “No, no... yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”.

La querella de una agente contra el hasta este martes director operativo cayó como un jarro de agua fría entre los 76.700 agentes del cuerpo. “Estamos en estado de shock”, “nadie se podía esperar esto”, “ha sido una auténtica sorpresa”, respondían algunos de sus agentes, que pedían algo de tiempo para conocer los detalles de una querella que acababa de admitir el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Conforme avanzaba la tarde del martes, se iban conociendo aspectos del caso, como que la mujer, con la que había mantenido una “relación de afectividad”, aseguraba haber sido víctima de una agresión sexual “con penetración” y haber sufrido coacciones “de forma directa e indirecta por otros altos cargos policiales para que no denunciara”.

El comisario principal José Ángel González firmó su dimisión a las nueve y media de la noche del martes, apenas dos horas después de que el sindicato mayoritario JUPOL reclamara con un mensaje en redes sociales que no continuara “ni un minuto más” al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el cargo uniformado de mayor relevancia del cuerpo, justo por debajo del director de la Policía.

Tras el impacto inicial, los representantes sindicales de los agentes han comenzado a emitir valoraciones en las que impera la prudencia, ya que el caso apenas se ha admitido a trámite y todavía tienen que prestar declaración en el juzgado la inspectora y González, algo para lo que han sido citados el próximo 17 de marzo. Los agentes consultados temen que se juzgue al cuerpo policial por una “actuación individual” y hacen equilibrios para proteger a la inspectora que ha presentado la querella, sin perder el respeto a la presunción de inocencia del mando recién destituido.

“Si la dimisión se produce para preservar la institución y facilitar cualquier investigación, entendemos que es una decisión coherente con la responsabilidad del cargo”, ha manifestado este miércoles Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), con la misma representación que JUPOL en el Consejo de la Policía, órgano de participación de los funcionarios y la Administración. “La ejemplaridad en los puestos de alta dirección [en la Policía] no es una opción, es una obligación. Si hay una investigación judicial en marcha, debe desarrollarse con total transparencia y sin interferencias”, ha añadido.

El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a los mandos policiales, también ha reclamado “respeto absoluto al procedimiento judicial”. “Cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente”, ha señalado la formación, presidida por Daniel López, en un comunicado. El SPP apelado a la “prudencia y a la serenidad”: “La presunción de inocencia no es la justificación de ningún hecho, sino un derecho fundamental para proteger a los ciudadanos, incluidos los policías. Si se demuestran los hechos, seremos los primeros en pedir que se depuren responsabilidades, pero nunca antes”, han añadido.

El SPP ha criticado el “daño reputacional” de manifestaciones sindicales que “buscando protagonismo” han reclamado “dimisiones anticipadas sin el menor rigor ni espera procesal”. En la tarde del martes, el sindicato policial JUPOL reclamó la dimisión del DAO y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ser su “máximo valedor” y haberle prolongado la jubilación de forma “indefinida” a través del real decreto de medidas urgentes para damnificados y víctimas de la Dana.

“Ambos [Marlaska y González] son un ticket y la caída de uno no es suficiente como cortafuegos de una crisis que, además, ha generado honda preocupación y vergüenza en las decenas de miles de policías que jamás toleraríamos comportamientos abyectos y repugnantes como los que ahora se están investigando", ha señalado la Confederación Española de Policía (CEP). “Marlaska ya está achicharrado”, añaden.

Marlaska, igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que “evidentemente” no sabía “nada” de la agresión presuntamente cometida en abril de 2025. Hasta ayer, su expediente era “intachable” y no se había visto relacionado con nada parecido, señalan fuentes policiales. Interior ha abierto una investigación interna para averiguar si la mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan —que también ha sido relevado de sus funciones—, conocía el supuesto caso de violación.

Los representantes de los agentes coinciden en defender al cuerpo policial al que pertenecen, especialmente para que este caso no dañe a una de las instituciones más valoradas por los españoles. “Para nosotros es muy importante la imagen de la Policía, tenemos que garantizar el respeto a la institución y hacia el trabajo de los policías”, ha añadido el portavoz de Unión Federal de Policía (UFP), Carlos Quero. Al igual que los demás, el representante de UFP ha incidido en la importancia de la protección de la víctima, la presunción de inocencia y el respeto al procedimiento judicial.