El hospital de Ifema se llevó a los sanitarios que iban a medicalizar las residencias

Ifema, el “hospital milagro” de la Comunidad de Madrid, dejó sin sanitarios a las residencias de mayores. Carlos Mur, el responsable de medicalizar las residencias de Madrid en la primera ola de coronavirus ha dicho este miércoles en la Asamblea regional que su plan dependía del personal de Atención Primaria, pero cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso abrió el hospital de campaña los hogares de mayores se quedaron sin esos recursos humanos. Más de un millar de sanitarios de atención primaria integraron la plantilla de ese centro temporal que fue la bandera de la gestión sanitaria de Ayuso al principio de la crisis sanitaria e inspiración del Hospital Enfermera Isabel Zendal.

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Por videoconferencia desde Barcelona y vestido con bata, Mur ha prestado durante 90 minutos una declaración muy esperada por los familiares que perdieron a mayores en las residencias ya que él está detrás de los protocolos que cerraron la puerta de los hospitales a mayores enfermos. Esos documentos firmados por él son para los hijos de fallecidos una prueba de cargo que han presentado ante la Justicia. Mur, de 44 años, era el director general de coordinación sociosanitaria, y recibió el encargo de salvar vidas en los geriátricos. Fue destituido el 13 de mayo y ahora trabaja como psiquiatra en un centro privado de la capital catalana. No ha sido imputado, pero conforme avanza la investigación judicial podría ser citado. Hoy ante la comisión de diputados que investiga si hubo abandono sanitario, un órgano que solo busca responsabilidades políticas, tenía menos presión que en un posible juicio, pero estaba obligado a decir la verdad para no incurrir en responsabilidades penales.

La cara B de los protocolos era la medicalización de residencias, pero su propia Consejería tomó decisiones que dejaron en la estacada a las personas que vivían en esos hogares. La decisión de abrir Ifema fue adoptada cuando ya se conocía que el coronavirus era devastador para los mayores de residencias. El martes 17 de marzo se supo que al menos 19 personas habían muerto en el geriátrico Monte Hermoso. Se temía que si el virus entraba en otros geriátricos causaría una gran tragedia.

Pese a ello, los superiores de Mur decidieron mantener los protocolos de exclusión de hospitales. Ifema no iba a ser una excepción. A Mur le informaron de que el nuevo hospital de campaña había establecido unos criterios que excluían a los mayores de residencias. “Los criterios que a nosotros nos trasladaron el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en Ifema era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo”, ha dicho Mur a los diputados durante el interrogatorio.

Ifema recibió a su primer paciente el 22 de marzo. La Comunidad lo presentó a bombo y platillo como “el hospital más grande de España” con planes de albergar más de 5.000 camas, pero finalmente se quedó en algo más de 1.000. A pesar de la propaganda, su propio responsable, Antonio Zapatero, llegó a admitir que era un hangar, y no un hospital, para excusarse por las limitaciones. Hasta su cierre el 1 de mayo, solo 23 mayores de residencias ingresaron en Ifema, según reveló Infolibre.

Tampoco los nuevos hoteles medicalizados eran aptos para los mayores de residencias, como le dijo a Mur el propio Escudero. “Lo que nos transmitieron a todos es que ni existían las camas articuladas ni auxiliares o gerocultores”, ha revelado Mur.

Las vidas de los mayores de residencias dependían de Mur pero su poder era mínimo. El cargo que ocupaba, de reciente creación, había sido definido en noviembre de 2019. No tenía competencia directa sobre ningún recurso sanitario, ni presupuesto, ni capacidad de contratar, ni personal a su cargo, salvo una secretaria. Él se ha descrito hoy como “una figura de consultor con rango de director general sin mando en plaza”.

Pese a todas estas carencias, Mur sí tenía al principio de la crisis el respaldo de un plan que preveía visitas diarias de sanitarios de Atención Primaria. Pero las bajas por enfermedad y la prioridad que Ayuso dio a Ifema dejaron ese documento en papel mojado. “Durante esos días hay que recordar que Atención Primaria también disponía de unos medios menores para el desastre que se estaba originando y el personal que evidentemente estaría llegando allí es el que queda tras montar el hospital del Ifema”, ha dicho.

Por ese motivo Mur entregó el miércoles 25 de marzo “la gestión integral de la crisis covid 19″ en las residencias a la hija de un colaborador del PP, Encarnación Burgueño, y a una pequeña empresa de ambulancias, Transamed. Él hoy ha querido reducir el papel de ellos, diciendo que eran colaboradores, pero los documentos de aquellos días, publicados por EL PAÍS, le contradicen. Indican que les encargó la medicalización que no había conseguido con los sanitarios públicos.

A pesar de las miles de muertes indignas en las residencias, Mur ha evitado culpabilizar a nadie. Según su versión, la responsabilidad principal fue “el virus covid y sus características”. Luego ha lamentado como causas de la elevada mortalidad la falta de material de protección o las bajas de profesionales de residencias debido a la enfermedad.

“Siempre informé a mis superiores directos”

Mur también ha dado nuevos detalles sobre cómo fueron creados los protocolos. Ha dicho que contaba con el respaldo del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Yo siempre informé a mis superiores directos”, ha afirmado.

Los documentos fueron redactados por Javier Martínez Peromingo, geriatra del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, y fueron presentados el domingo 15 de marzo a la Mesa de Apoyo al Sermas (Servicio Madrileño de Salud), presidida por Escudero. En esa mesa se sentaba la cúpula de la Consejería y un grupo de especialistas entre los que estaba Maite Vidán, geriatra del Hospital Gregorio Marañón. Mur ha resaltado que Vidán dio su visto bueno a los documentos.

Mur ha defendido que los protocolos no eran una orden estricta, sino una guía que permitía en algunos casos la hospitalización. Sin embargo, muchas residencias de Madrid sufrieron un tapón absoluto hasta que a mediados de abril bajó la presión sobre los hospitales. Los responsables de decidir qué paciente merecía una cama de hospital eran 22 geriatras de enlace, que trabajaban desde los hospitales de referencia de cada residencia. En ese grupo se encontraba Peromingo, quien sustituyó a Mur como director general de coordinación sociosanitaria.

La misión de Mur empezó el viernes 13 de marzo, un día después de que su jefe Escudero anunciara que las residencias iban a ser medicalizadas y que los mayores enfermos iban a ser curados allí. Esa decisión se tomó porque las camas de planta y de UCI en los hospitales de Madrid estaban siendo ocupados a un ritmo muy rápido.

Mur ha contado que se reunió a las 9:00 con los jefes de geriatría de los principales hospitales de la Comunidad. Acordaron elaborar un documento para que todos tuvieran criterios homogéneos. “El cataclismo al que hacían frente en primera línea todos los profesionales era enorme y no queríamos que no tuvieran ningún tipo de apoyo de la administración y que pesaran sobre sus hombros determinadas decisiones como sucedió con los intensivistas en Milán por ejemplo”, ha dicho Mur, quien ha defendido a estos médicos hasta el punto de referirse a ellos como “los muy, muy heroicos geriatras de enlace”.

Elaboraron seis borradores hasta llegar al definitivo del miércoles 25 de marzo. La firma de Mur aparece en al menos cuatro versiones distribuidas a hospitales y residencias. Las múltiples versiones se deben a que no se ponían de acuerdo sobre los criterios para descartar hospitalizaciones o a la redacción del documento. En uno de ellos, del viernes 20 de marzo, hablan de “criterios de exclusión” (la versión final se refiere a “recomendaciones de derivación”). Aunque los documentos dejan la puerta del hospital abierta, todos priorizan la atención en las residencias para así evitar el “colapso” del sistema de salud madrileño.

Mur envió los protocolos por correo a las cúpulas de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. Esta última, encargada de la supervisión y regulación en las residencias, distribuyó luego los protocolos a los 475 geriátricos de Madrid. Según Mur, el hombre al frente de esa consejería, Alberto Reyero, nunca le expresó directamente su oposición a los protocolos.

Esta afirmación ha hecho que la diputada de Ciudadanos, Ana Isabel García, saliera en defensa de Reyero. “Le quiero recordar que mentir en una comisión de investigación es constitutivo de delito”, le ha avisado. La advertencia estaba fundamentada. Este periódico ya publicó que el domingo 22 de marzo Reyero escribió varios correos a Escudero para protestar por los documentos. En copia de uno de esos e-mails aparece Mur. Como es conocido, el político de Ciudadanos sostuvo una tensa batalla con Escudero, a quien alertó de “muertes indignas” en las residencias y posibles responsabilidades legales.