Los días más duros de los geriatras de Madrid

A finales de marzo los mayores de residencias que recibían la luz verde del hospital se encontraban a los pocos minutos con otra luz roja. El 061 no acudía a recogerlos a pesar de que los geriatras de enlace habían autorizado el traslado. Estos encargados de filtrar las entradas desde residencias para evitar el colapso protestaron a la Comunidad de Madrid porque se suponía que esas personas cumplían con los requisitos de hospitalización del protocolo diseñado para la crisis del coronavirus.

Frustrado, un geriatra de este grupo expresaba su disgusto con el Summa (las urgencias madrileñas) con un juego de palabras que evoca a un viejo lema de la Comunidad: “Más que la summa de todos hay gente que parece que resta”.

Era una de muchas quejas a la consejería de Sanidad de este grupo de 22 geriatras de enlace que ahora está bajo lupa por su papel en el diseño de la política de triaje en las residencias de mayores, el principal foco de muerte en la pandemia. Cuando surgió el problema de las ambulancias, ya se habían enfrentado a la difícil tarea de elaborar los protocolos, un documento extraordinario inspirado en la medicina de catástrofes, que en su versión final recomendó no admitir en hospitales a enfermos terminales ni grandes dependientes. Tuvieron que decidir a gran escala quiénes se beneficiarían de recursos médicos escasos, quizás el mayor dilema ético de toda su carrera. A algunos les recordó a los ejercicios teóricos de la Facultad de Medicina, como cuando dos trenes chocaban y tenían que poner pegatinas verdes y rojas a las víctimas.

Anticipando que los hospitales de Madrid podían colapsarse, la Consejería de Sanidad creó este grupo el 13 de marzo. A las residencias les sorprendió porque antes de ese día no tenían que conseguir el visto bueno de ningún intermediario para derivar al hospital a sus enfermos. Era un filtro que según la Sociedad Española de Geriatría solo se instauró en la Comunidad de Madrid.

La dirección de coordinación sociosanitaria asignó esta labor inicialmente a 10 geriatras distribuidos en un número igual de hospitales de todo el territorio de la región. El día 16 se amplió el grupo a 22 hospitales, según detallan fuentes médicas a este periódico. Cada geriatra de enlace tuvo asignadas decenas de residencias de mayores de la Comunidad, donde hay en total 475 centros de ese tipo.

Además de responder a las derivaciones, hasta 200 consultas al día desde residencias de mayores, y continuar con su trabajo habitual, tuvieron la orden de elaborar el documento de triaje. Redactaron hasta siete versiones, según la consejería de Sanidad. Las consensuaban telemáticamente y las firmaba el director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu.

Las primeras versiones eran más restrictivas. Dejaban fuera del hospital a personas con dependencia moderada y en uno de los documentos se rechazaba a personas con discapacidad de cualquier edad. Los geriatras rebajaron esos requisitos y también modificaron el lenguaje más crudo. Sustituyeron “criterios de exclusión" por “criterios de derivación hospitalaria".

“Nunca se pretendió excluir a nadie, pero tampoco caer en el encarnizamiento terapéutico. Cuando a un residente se le ha intentado manejar en su residencia ha sido porque la derivación al hospital no le iba a proporcionar un beneficio en su pronóstico vital”, dice Mur de Víu a este periódico.

Sin embargo, las familias y residencias denuncian que se rechazó a cientos de personas que se hubieran beneficiado de un tratamiento en el hospital, incluidas personas aptas según los protocolos.

El triaje es habitual en la profesión médica, por ejemplo a la hora de decidir preferencias de trasplantes o la atención en la UCI tras un accidente múltiple. Lo novedoso es que los geriatras denegaron el acceso a una cama de hospital, un recurso más amplio.

Según expertos en bioética, el riesgo de estas situaciones de escasez es que se dé prioridad a un criterio utilitarista, por el cual el bien colectivo se impone a las necesidades del individuo. Lo usual cuando sobran recursos es que predomine la equidad en el reparto, es decir, que los colectivos más necesitados deben tener prioridad, justo al contrario de lo que las familias denuncian que sucedió.

“Todo el mundo puede entender que no se traslade a un enfermo terminal agonizante porque no se va a beneficiar de otra cosa que no sean cuidados paliativos, pero los mayores dependientes son otra cosa. No puedo negarles una cama disponible solo porque una persona más joven puede necesitarla en cuestión de horas”, valora Aurelio Luna, catedrático de medicina legal en la Universidad de Murcia.

Protestas

Los geriatras se dieron cuenta con el paso de los días de que la medicalización de las residencias anunciada por la Comunidad de Madrid no era realidad y protestaron por ello. Era la otra pata del plan de atención a las residencias. Si ellos estaban negando atención a mayores en hospital era porque se suponía que iban a ser atendidos in situ.

Muy al principio, el 14 de marzo, habían pactado con la consejería de Sanidad un incremento del soporte médico en las residencias porque estaban limitadas y no podían ofrecer tratamientos tan básicos como oxigenoterapia o terapia intravenosa. Pero el 10 de abril tuvieron que reiterar esas demandas. Pidieron a la Comunidad un refuerzo médico en las residencias a través de la Sociedad Española de Geriatría y de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica.

También se quejaron a la consejería de que en las residencias no se había separado adecuadamente a los enfermos. “Existe un elevado porcentaje de residencias (alrededor del 50%) en las cuales las medidas de aislamiento propuestas o no se han realizado correctamente o no han resultado eficaces", dice un borrador de los geriatras de enlace visto por este periódico.

La presión, el drama en las residencias y los obstáculos del Summa minaron la moral de los geriatras. Durante lo peor de la crisis estuvieron disponibles 14 horas al día, de 08:00 a 22:00, de lunes a domingo. El 11 de abril se organizaron para tirar la toalla. Le pidieron a Mur de Viú acabar con su papel, ya que no tenía sentido en los términos que estaba diseñado.

“Esta actividad carece del apoyo de las consejerías correspondientes, está siendo interpretada de una manera equívoca y en el momento actual no es ya más que una traba burocrática más que enlentece los traslados. Se debería volver al sistema anterior al 13 de marzo en el que el médico de la residencia solicita el traslado directamente sin intermediarios, cuando lo cree oportuno”, dice el borrador visto por este periódico.

Los hospitales madrileños aliviaron su situación a mediados de abril y los geriatras pudieron dar entrada a más enfermos de residencias. Por entonces, más de 5.200 personas habían muerto en los geriátricos madrileños por covid-19 o con síntomas, casi un 90% del total hasta hoy.

Los autores de la política selectiva y sus defensores defienden hoy que la hospitalización no hubiera salvado esas vidas. Mur de Viú, que fue destituido el mes pasado, dice que el plan de choque de su consejería contuvo la tragedia. Defiende su actuación que le llevó incluso a él, un psiquiatra, a contribuir como voluntario en las residencias más apuradas. “Me apena muchísimo que no se relate todo lo conseguido para que, al menos, el drama no fuese aún mayor”. Pero reconoce que la medicalización no funcionó, en buena parte por la gran cantidad de bajas del personal que cayó infectado. Destaca que su consejería envió cantidades masivas de medicamentos y oxígeno a los geriátricos, pero para las familias de los fallecidos eso es una prueba de una política insuficiente e injusta.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @jdquesada

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