La Fiscalía de Madrid confirma que ha trasladado a los juzgados denuncias por un nuevo delito relacionado con las muertes en residencias
El ministerio público recibió en octubre una denuncia colectiva de 109 familiares por denegación de asistencia sanitaria en 2020 que ha enviado a los jueces que ya investigaban los abandonos


La Fiscalía de Madrid ha confirmado este lunes que ha presentado denuncias por un nuevo delito en relación con las muertes de 2020 sin asistencia médica en las residencias. El ministerio público ha enviado una nota de prensa en la que informa de que esta decisión se debe a que el año pasado recibió una denuncia colectiva de 109 familiares de 115 fallecidos por el delito de denegación de asistencia sanitaria. Ahora ha dado traslado de ella a los jueces que ya investigaban estos casos por otros tipos penales. Como ya informó EL PAÍS, los casos ya cerrados, no podrán ser reabiertos por este nuevo delito. Sí avanzarán los casos de nueve denunciantes que no habían judicializado hasta ahora las muertes de sus mayores.
La denuncia colectiva fue anunciada en octubre por dos asociaciones de familiares, Verdad y Justicia y Marea de Residencias, que dan asesoría legal a los hijos de fallecidos. Las familias tomaron esta decisión al ver que cientos de querellas presentadas hace cinco años por homicidio imprudente y omisión de socorro no están teniendo éxito. Creen que la nueva denuncia, por el artículo 511 del Código Penal (denegación de un servicio público por motivos discriminatorios), tiene más visos de prosperar.
La nota de prensa detalla que la fiscal superior de la Comunidad, Almudena Lastra, recibió en noviembre a las asociaciones, que le entregaron la denuncia colectiva. El 6 de ese mes, Lastra remitió el escrito a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las tres Fiscalías de Área (Getafe, Alcalá de Henares y Móstoles-Fuenlabrada). Antes de trasladar la denuncia a los jueces, las familias han sido entrevistadas por los fiscales de estas áreas.
Las familias han estado pendientes de los movimientos de la Fiscalía porque necesitaban que diera traslado a los jueces antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de cinco años. La noticia les ha llegado en plena tensión con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con ocasión de la cobertura mediática por el quinto aniversario de los hechos. Hace unas semanas, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, pidió disculpas tras ser acusado de ofender a los familiares que aparecieron en el programa Lo de Évole, en La Sexta. Y la semana pasada, Ayuso calificó de “sectario” un programa especial de RTVE que incluyó un documental crítico con la gestión que hizo el Ejecutivo madrileño.
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