El Defensor del Pueblo advierte de las carencias de personal e inspecciones en las residencias de mayores antes de la pandemia

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto en su informe anual de 2019, que ha entregado este miércoles en el Congreso, los puntos débiles del sistema de residencias de mayores en España. El documento no menciona la pandemia que lo ha cambiado todo este 2020. Habla de otro mundo, en el que estos centros no se habían convertido en un gran foco de contagio, ni había miles de ancianos fallecidos por el virus. Pero ya menciona aspectos que han resurgido durante la crisis. Reclama una “profunda revisión al alza” de las ratios de personal de atención directa, que han quedado “manifiestamente desfasadas”; que las comunidades incrementen la inspección de estos centros; que se mejore la cualificación del personal, y que se estudie avanzar hacia un modelo en el que gane peso la atención médica y de enfermería.

Durante esta crisis, en los centros faltaron equipos de protección individual y test para todos los residentes y trabajadores —aún no han llegado en la cantidad adecuada a todos los centros, según los sindicatos—. Además, en comunidades muy tensionadas, durante el pico de la pandemia, los hospitales rechazaron derivaciones. El Gobierno no informa sobre la cifra oficial de fallecidos, pese a que recopila la información de las comunidades desde hace más de un mes. Según el último recuento de este periódico de la semana pasada, al menos 17.500 personas han muerto por covid-19 o con síntomas compatibles en residencias de servicios sociales (también incluye las de personas con discapacidad o salud mental). Las residencias de mayores se han convertido en un punto tan sensible durante esta crisis que el Ejecutivo prevé relegar a la fase tres la desescalada, y allí propone revisar el modelo, aunque en el documento gubernamental con las líneas generales durante esta etapa no se especifica en qué sentido.

Precisamente del modelo habla el defensor, que llama a una “revisión profunda” del mismo. Ya en 2018 recabó información de las comunidades y en su informe se centró en señalar aspectos que, según recoge ahora también, “no han sido resueltos aún de manera generalizada”. En un país en el que más de nueve millones de personas tienen 65 o más años y la esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,2 años, la institución manifiesta que se carece de “un número suficiente de plazas públicas y concertadas” para atender a quienes se les ha reconocido algún grado de dependencia y critica las “prolongadas” listas de espera. Habla además del “envejecimiento del envejecimiento” y pide que las residencias se adapten a la nueva realidad de los mayores, que llegan a las residencias con mayor dependencia.

“Es necesario un número suficiente de personal”, sostiene en su informe el defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. “Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos”, añade. Para ello, anima al Consejo Territorial de Servicios Sociales —que reúne a las comunidades, competentes en la materia, con la vicepresidencia de Derechos Sociales— a fijar unos requisitos y estándares adecuados, “tanto en cómputo global como específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías”.

Uno de los problemas en los que los sindicatos han insistido durante esta crisis ha sido las condiciones del empleo en estos centros, con trabajadoras —es un sector muy feminizado— con elevadas cargas de trabajo y sueldos precarios. Incluso la patronal Ceaps ha reconocido que, para convivir con el virus, hará falta mejorar las ratios. Castilla y León precisa en su respuesta que subirán los costes y reclama a la Administración General del Estado que mejore la financiación de la dependencia (actualmente aporta aproximadamente el 20% del gasto público, cuando debería ser el 50%).

En el documento se cifra en cerca de 373.000 las plazas en residencias, aunque se reconoce que se desconoce cuál es la ocupación, que según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ronda entre el 75% y el 80%. El Defensor explica que considera “esencial” que se mejoren los mecanismos para recopilar datos, para que se pueda contar con estadísticas fiables y actualizadas, tanto a nivel de las autonomías como estatal. En España no existe un número oficial de centros (son unos 5.400), tampoco de usuarios de los mismos. Durante esta crisis, el Gobierno no ha informado aún del número de fallecidos en residencias, pese a que recopila la información de las comunidades desde hace ya más de un mes. En el Ministerio de Sanidad explican que los datos se “están analizando”.

De las 20.616 quejas recibidas por el Defensor en 2019, 916 fueron relativas a política social (frente a las 970 de 2018). La institución explica que el año pasado solo remitieron los informes solicitados sobre residencias la mitad de las comunidades (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra), además de las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa —que tienen las competencias en residencias en el País Vasco—, Ceuta, Melilla y el Imserso —que gestiona algunos centros—. En el informe se constata la “dispersión normativa” para autorizar la apertura de centros o la acreditación de los mismos —para que puedan concertar plazas—, por ello anima a homogeneizarla.

Planes periódicos de inspección

En el informe se llama a aumentar las inspecciones, dado el gran número de residencias existentes y los diferentes modelos de gestión: hay residencias privadas, con plazas concertadas, públicas e incluso públicas con gestión privada. “Es imprescindible que las comunidades creen con urgencia, o en su caso incrementen adecuadamente, unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz”, sostiene el Defensor. “También es muy recomendable que se aprueben planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas”, añade. Aunque también reconoce que de los informes recibidos se desprende “un papel más activo en casi todas las [autonomías] que contestan”.

El Defensor explica que el sistema residencial da una atención sanitaria a sus residentes de carácter general. “En caso de que se detecten problemas o se necesite una atención más especializada, los residentes son derivados al Sistema Nacional de Salud”, añade. Pide que se refuerce la atención médica y de enfermería en los centros. “Otro modelo de residencias de mayores, más propiamente sociosanitario, que contara con una atención médica y de enfermería más amplia y extensa, o en el que al menos y dado el perfil muy dependiente de los residentes se aumentaran las exigencias a los centros de contar con más medios sanitarios, sería posible y quizás conveniente”, plantea. Y apunta que sería “útil” estudiar su viabilidad y conveniencia. Si bien desde el sector recuerdan que las residencias son centros sociales, y no sanitarios, cómo debe articularse la respuesta médica ante un posible segundo brote del virus es uno de los debates que está sobre la mesa. La institución matiza, no obstante, que para aquellos casos de mayor dependencia o enfermedad, puede resultar adecuado tender a entornos más pequeños y domésticos, “en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas”.

El Defensor pide mejorar la cualificación del personal en las residencias y que las Administraciones fomenten planes de formación específica. Y respecto a ingresos involuntarios y sujeciones físicas, reclama una ley orgánica “que delimite las circunstancias extraordinarias vinculadas a la salud y al deterioro físico y mental de las personas en edad avanzada” en que se limiten sus derechos, con “especial referencia” a las residencias y, hasta que se promulgue, “sería necesario unificar criterios sobre ingresos no voluntarios”. También aboga por que se minimicen las sujeciones físicas y que sean “excepcionales y puntuales”, con consentimiento informado, cuando se hayan agotado las medidas alternativas, “siempre por prescripción facultativa”, porque resulte imprescindible para proteger la salud del afectado.

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