La Junta de Andalucía reconoce falta de alimentos básicos y de personal en pisos de extutelados

La Junta de Andalucía ha acreditado que en los pisos de jóvenes extutelados gestionados por la entidad Inserta Andalucía no había alimentos ni enseres básicos y que la ONG incumplía la ratio de personal y otras mejoras a las que le obligaba su contrato. Es la conclusión a la que ha llegado la Inspección General de Servicios Sociales tras conocer el pasado 17 de octubre la denuncia de Pedro González, un antiguo trabajador de uno de esos recursos residenciales que, no obstante, ya había alertado de esas irregularidades tanto a la empresa como a otros altos cargos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en octubre de 2023. Ahora, serán las Delegaciones territoriales de Málaga y Granada, donde se encuentran los 15 pisos que dirige la ONG, las que deberán imponer las sanciones correspondientes.

“Me alegra que se haga justicia, pero a nivel personal y profesional no me compensa. He llegado a un punto en el que me cuesta mucho alegrarme por algo”, indica González, a quien denunciar estas irregularidades y proteger a estos jóvenes vulnerables (chicos y chicas que han estado bajo la tutela de la Junta durante la minoría de edad y que por su situación de riesgo de exclusión entran en programas del Gobierno andaluz para lograr su inserción) le ha costado su puesto de trabajo. Fue despedido por Inserta en mayo de 2024, sufrió ansiedad y solicitó una baja por ello. “En este tiempo nadie me ha ofrecido trabajo e incluso me dicen que trate de formarme en otros ámbitos”, puntualiza quien fuera el coordinador de todos los pisos de jóvenes extutelados que la entidad tenía en Málaga y recuerda con pesar cómo desde su antigua empresa se trató de deslizar que sus denuncias venían promovidas por una “venganza particular”, tal y como afirmó en el comunciado en el que reivindicaba su trayectoria y buen hacer.

En el escrito que la Inspección ha remitido a González, y que fue adelantado por Radio Málaga de la cadena Ser, se indica que, tras las actuaciones y análisis de la documentación pertinente, “quedan acreditadas las acusaciones vertidas por el denunciante contra la entidad en relación al incumplimiento de la ratio de personal y mejoras del contrato y la falta de alimentación y enseres básicos en recursos residenciales”. Unas irregularidades consideradas como infracciones graves en la Ley autonómica de Servicios Sociales. El informe se ha trasladado a la Dirección General de Políticas Migratorias “para la adopción de las medidas que se estimen oportunas” en relación con la ejecución del contrato de 300 plazas para la inserción laboral y social para jóvenes migrantes extutelados y a las Delegaciones territoriales de la consejería para “dictar los correspondientes acuerdos de inicio de expediente sancionador contra Inserta Andalucía”.

Aunque todo este proceso se inició tras la reunión que González mantuvo con la consejera de Inclusión, Loles López, y su número dos, a principios del pasado mes de octubre, como consecuencia de su insistencia, el técnico había denunciado directamente a Inserta la escasez de alimentos y productos de primera necesidad el 10 de octubre de 2023. La comida no llegaba a tiempo -con retrasos de hasta dos meses- y de los ocho trabajadores que atendían los siete pisos de Málaga, seis estaban de baja y no habían sido sustituidos. Cuando González supo que uno de los jóvenes había acudido a un comedor social porque tenía hambre, es cuando se puso en contacto por primera vez con la Junta, con sendos correos dirigidos al jefe de servicio de protección de menores de Málaga y al responsable del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.

Archivo provisional

Era 13 de diciembre de 2023. Las denuncias se sucedieron ante otros altos cargos de la consejería durante el primer semestre de 2024 y cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, al que también se le hicieron llegar las irregularidades, cerró su investigación, González se dirigió en junio a la Fiscalía, que inició sus propias pesquisas. El ministerio público archivó de manera provisional su investigación el pasado 28 de enero, a la espera de que se le remitan escritos que ha pedido, entre ellos la de la Inspección de Trabajo. “Estoy en permanente contacto con él y le estoy remitiendo todos los informes que me están llegando”, indica González.

Ese archivo ha impedido que la Fiscalía haya podido incluir en la causa este último informe de la Inspección General de los Servicios Sociales, ni de la denuncia que Por Andalucía interpuso a finales de este mes de enero contra el Gobierno de Moreno e Inserta por presuntas irregularidades administrativas en la adjudicación del contrato para la gestión de los centros de extutelados. De acuerdo con la coalición de izquierdas (el equivalente a Sumar en la comunidad), ambos habrían amañado los pliegos de la licitación, de manera que la ONG presentó una oferta de subrogación de 14 trabajadores a jornada completa, presentando a ocho trabajadores, cuando solo dispone de tres. La Consejería ha negado cualquier tipo de irregularidad.

Esa denuncia hace referencia a la adjudicación a Inserta de la gestión de 300 plazas dentro del programa JEM, uno de los que la Junta tiene para los jóvenes mayores de 18 años, y que son los que ha investigado la Inspección General de Servicios Sociales, pero González advierte de que las irregularidades también se han dado en el programa María Zambrano, si bien su gestión cambió de manos el pasado 1 de marzo. “Pero fue responsable de todo lo que ha sucedido en los cinco años que ha gestionado los centros vinculados a ese programa”, indica el técnico.

La situación en los pisos de extutelados que todavía gestiona Inserta no parece haber mejorado. Así lo atestigua un antiguo técnico que trabajaba en uno de los recursos de Granada y que fue despedido por denunciar las irregularidades y que pide no dar su nombre porque, como González, también ha recurrido su despido. Él sigue manteniendo contacto con los jóvenes a los que atendía y los está acompañando en la rotura del ayuno estos días. “Me cuentan que no hay comida suficiente y que la situación de higiene y salubridad no es la que debería. Muchos incluso manifiestan que quieren dejar el piso y vivir de manera autónoma, pero no pueden porque los trabajos a los que tienen acceso son precarios para poder permitirse vivir por su cuenta”, indica. Señala también que esa situación se la trasladan los compañeros que continúan trabajando en los recursos y que ya han desistido de trasladar la situación a la empresa, por miedo a represalias.

Pese a estar investigada desde el 14 de noviembre por la Inspección de Servicios Sociales, la Consejería de Inclusión acaba de otorgar esta misma semana a Inserta más de 4,4 millones de euros en subvenciones por un total de 17 proyectos en varios puntos de la comunidad concedidos en propuesta provisional vinculados a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) para la  intervención en zonas desfavorecidas. Redes de entidades del sector, como Jóvenes e Inclusión, sin embargo, han decidido apartar a la entidad hasta que se aclare su forma de proceder.