Una de cada siete personas se siente discriminada por la Administración, en los espacios públicos o al buscar piso

La discriminación en el acceso a la vivienda, en los espacios públicos y en los servicios estatales afecta a más de seis millones de personas en España, lo que representa a uno de cada siete personas mayores de 16 años (con un total de población de 41,3 millones) o lo que es lo mismo, al 15% de la población de más de esa edad. Así lo revela la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024. Módulo sobre acceso a servicios, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, las cifras muestran que más de 1,4 millones de personas se sintieron discriminadas al intentar acceder a una vivienda, 2,6 millones percibieron un trato desigual en organismos públicos, 1,5 millones denunciaron haber sido excluidas en espacios de uso común y más de medio millón sufrió discriminación en el entorno educativo.

El informe no detalla el posible solapamiento entre estos casos, pero la estimación se basa en la suma de los distintos ámbitos en los que los encuestados declararon haber sufrido un trato desigual. El 27% de los afectados señala que el origen étnico o la condición de migrante han sido la causa principal de su exclusión, mientras que un 11% lo atribuye a la edad, casi un 8% a una discapacidad o un problema de salud crónico, y un 4,5% al género.

En un país donde la vivienda se ha convertido en un bien escaso y los precios del alquiler han alcanzado máximos históricos, la dificultad para acceder a un hogar ha otorgado a agencias inmobiliarias y propietarios una posición de ventaja sobre quienes buscan desesperadamente un piso a precio asequible. Las personas con discapacidad, los extranjeros y los adultos jóvenes, entre 30 y 44 años, son los más vulnerables en este mercado volátil. Según la encuesta, el 8,9% de quienes intentaron alquilar o comprar una vivienda en los últimos cinco años se ha sentido discriminado, lo que equivale a más de 1,4 millones de personas sobre un total de 16 millones.

Dos grupos destacan entre los más afectados: los jóvenes y los adultos en pleno desarrollo de su vida profesional y familiar. Entre 16 y 44 años, las tasas de discriminación superan la media: 9,9% en los primeros y 13,9% en los segundos. El problema del acceso a la vivienda en España responde, en gran medida, a la escasez de oferta y la especulación inmobiliaria, que han disparado los precios del alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona. A ello se suma la discrecionalidad de los propietarios, que, en un mercado donde la demanda supera con creces a la oferta, pueden permitirse seleccionar a los inquilinos con criterios subjetivos, como nacionalidad, nivel de ingresos o composición familiar.

Los ingresos juegan un papel clave en esta desigualdad. Aunque la cantidad de personas que ha buscado vivienda entre 2020 y 2024 es similar en los sectores de renta más baja y más alta (entre tres y cuatro millones en cada grupo), la percepción de discriminación es tres veces mayor entre quienes tienen menores ingresos: casi un 15% frente al 4% de los sectores más acomodados. Pero no es solo una cuestión económica: en la mayoría de los casos, los hogares más vulnerables están formados por extranjeros, y casi la mitad de quienes se sintieron discriminados atribuyen su exclusión a su origen.

La percepción de los encuestados no es errada. Esta semana, otro informe elaborado por Provivienda y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones advertía de que la discriminación residencial en Madrid y Barcelona ha escalado casi 30 puntos porcentuales desde 2020. En un ejercicio telefónico que realizaron en ambas ciudades, encontraron que el 99% de las agencias inmobiliarias aceptaban prácticas de segregación explícitas hacia personas extranjeras.

Discriminación en la ventanilla pública

La Administración Pública tampoco escapa a este fenómeno. Más de 2,6 millones de personas que recurrieron a organismos oficiales el año pasado percibieron un trato desigual, lo que representa el 7,7% del total de usuarios que contactó con alguna oficina del Estado o utilizó un servicio público entre febrero de 2023 y febrero de 2024. Pese a las políticas de inclusión, muchos siguen sintiendo que son tratados de manera diferente por su condición social, acento o nivel educativo. Entre la población extranjera, ya sea de la Unión Europea o de otras regiones, la tasa de discriminación asciende a más del 10%. Y en siete de cada diez casos de este tipo, los afectados atribuyen el trato desigual a su origen étnico.

Los espacios públicos tampoco son una excepción. En cafeterías, centros deportivos o tiendas, 1,5 millones de personas denuncian haber sufrido algún tipo de discriminación. En el 38% de los casos, la razón señalada fue la raza, mientras que otro 38% menciona otros factores, como el nivel educativo, el aspecto físico, la religión, la orientación sexual o el nivel de ingresos.

Hay un gran número de personas que también se han enfrentado a problemas con los centros educativos. Más de medio millón de personas, de las cuales un 60% son mujeres, dice haber sufrido algún maltrato cuando acudió a algún colegio o universidad, ya sea como tutor o como estudiante. En estos casos, tres de cada 10 víctimas considera que su origen migrante incidió en el trato discriminatorio, mientras que la mitad aludió a otras causas, entre las que figura el aspecto físico o la religión.

El estudio refleja además una brecha de género que va más allá de la salarial. Mientras que el 9,6% de los hombres afirma haber sufrido discriminación, el porcentaje asciende al 11,3% en las mujeres. Ellas triplican la tasa de varones que identifican el sexo como el motivo del trato desigual: un 6,6% frente al 2%. Por edades, la discriminación golpea con más fuerza a quienes superan los 65 años y a los jóvenes. El 35% de los mayores ha sentido algún tipo de exclusión, mientras que en el otro extremo, el 11,8% de las personas entre 16 y 29 años reporta haber sido rechazado en algún ámbito.

La Encuesta de Condiciones de Vida es un estudio anual que analiza la situación económica y social de los hogares en España y el resto de la Unión Europea. Se lleva a cabo con un modelo armonizado entre los países miembros, lo que permite una comparación fiable de los datos. En la edición de 2024, realizada entre febrero y mayo, se encuestó a 72.000 personas mediante un enfoque de panel, donde los mismos participantes responden durante cuatro años consecutivos, lo que facilita un seguimiento más preciso de los cambios en sus condiciones de vida. Esta metodología ofrece una visión detallada sobre la evolución del bienestar en los hogares y permite evaluar políticas públicas en áreas como el acceso a servicios básicos o la desigualdad económica.