La exconsejera de Mazón imputada en la dana sostiene que la investigación “carece de relevancia penal”

La dana de 2024 fue un “fenómeno imprevisible” que “anuló cualquier capacidad de reacción humana” y, por ello, “carece de relevancia penal”. La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y principal investigada en la causa que indaga esta tragedia que dejó 230 muertes, Salomé Pradas, defiende a través de su abogado esta tesis en un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La defensa de Pradas, que ejerce el letrado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, solicita el archivo de las pesquisas contra la exdirigente y que, en el caso de que la investigación continúe, el TSJ valenciano asuma las diligencias sobre el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. La jueza instructora de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, emitió hace dos semanas una exposición razonada —acumulación de delitos contra el dirigente popular— en la que reclamaba al alto tribunal que asuma las pesquisas. Al ser aforado por ser diputado autonómico, Mazón no puede ser investigado por la magistrada Ruiz Tobarra.

Pradas, que está imputada desde hace más de un año junto a quien fuera su segundo en Emergencias en el Ejecutivo valenciano, Emilio Argüeso, defiende a través de su letrado que la dana de 2024 fue un desastre natural imprevisible y lo compara con la crecida del Río Guadalupe de Texas (EE UU), que dejó 80 muertos el pasado año. Apunta que la desgracia fue una “explosión meteorológica”, un acontecimiento “de fuerza mayor”, que “está fuera de la órbita penal”.

La exconsejera llega a decir que los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, sostuvieron que la dana “no era previsible”, pero obvia que esta segunda entidad advirtió con ocho días de antelación del temporal.

Pese a la investigación, que revela que el Cecopi —el cerebro autonómico que coordinó la crisis— manejaba datos del desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que desató la crisis al inundar municipios como Paiporta (25.309 habitantes) o Catarroja (30.000), Pradas defiende en su escrito que ningún miembro de este organismo tuvo información “certera, objetivada e interpretada técnicamente”. “Se actuó con absoluta diligencia en relación a la información de que se dispuso, cumpliendo el protocolo a rajatabla. El único elemento en el que se sustenta la investigación es el envío tardío de una alerta que no forma parte del plan de inundaciones”, apunta el escrito presentado al TSJCV.

Pradas cuestiona también la piedra angular de la investigación, el Es Alert: la alerta masiva a móviles que, según la jueza, llegó cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto, a las 20.11. Y que, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. “La responsabilidad penal solo puede construirse sobre la infracción de un deber jurídico concreto. Aquí entra una cuestión técnica decisiva: si el sistema Es Alert no está configurado en el Plan Especial de Inundaciones como medida obligatoria”, defiende en su escrito.

El otro exalto cargo de Mazón imputado en la causa, el exdirector de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, ha reclamado al TSJCV que, si decide continuar con la investigación, asuma las pesquisas “de todos los investigados”. Además, insta al tribunal a archivar la causa en su contra, según un escrito presentado en este órgano judicial. El documento se enmarca en las alegaciones a la exposición razonada del Tribunal Superior valenciano para decidir si acepta situar bajo el foco de las pesquisas al exjefe del Consell. “No hay nexo causal alguno, ya no para con mi cliente, sino ni para con la señora Pradas y el señor Mazón”, mantiene el letrado de Argüeso, José María Bueno Manzanares. Un abogado que defiende que la causa contra el exjefe del Consell es “prospectiva”.

El letrado del ex número dos de Pradas critica que la jueza de Catarroja citara a declarar como testigos al chófer y a los tres escoltas que acompañaron a Mazón el día de la desgracia, el 29 de octubre de 2024. Sus testimonios desmontaron en el juzgado el relato exculpatorio del barón popular. Un guion que sostenía que, tras concluir su comida en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana, siguió la crisis desde el palau de la Generalitat. Los empleados negaron esta versión al coincidir en que Mazón llegó a la sede de su Gobierno, en el corazón de Valencia, a las 20.00, once minutos antes del envío del Es Alert.

La defensa de Argüeso también afea que a Vilaplana se le preguntara cuando declaró como testigo cómo iba vestido Mazón o qué bebió el president en la sobremesa de cuatro horas en el restaurante. El abogado llega, incluso, a lamentar que la jueza Ruiz Tobarra pidiera al tique del aparcamiento donde la informadora estacionó su coche el día de la desgracia o la comanda de la comida de El Ventorro.