La jueza imputa a la exconsejera de Mazón que dirigió el dispositivo de emergencias durante la dana

Cuatro meses y medio después de la mayor catástrofe que ha asolado la Comunidad Valenciana, la dana que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción, una magistrada ha dado el primer paso para investigar a sus responsables políticos. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar en calidad de imputada a Salomé Pradas, exconsejera de Interior y Justicia del Gobierno de Carlos Mazón, que permaneció al frente del dispositivo de emergencias de la riada, según un auto notificado este lunes. Pradas fue destituida por el president cuatro semanas después de la tragedia.

La magistrada también ha decidido imputar al exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso, y ha rechazado citar como investigado a Mazón, “sin perjuicio de que pueda solicitarlo voluntariamente”, según la resolución.

Para justificar las imputaciones —Pradas y Argüeso ya no son aforados—, la jueza destaca que la exconsejera era la “máxima autoridad” en la adopción de “medidas de autoprotección de la población” durante las colosales inundaciones. Y su declaración tiene “relevancia orgánica y, por ende, decisoria”. El juzgado todavía no ha fijado fecha para las comparecencias.

La magistrada recoge en el auto en el que imputa a los dos ex altos cargos decenas de dramáticos testimonios de las lluvias torrenciales. Una chica de 26 años embarazada de ocho meses que perdió la vida tras avisar por teléfono a su madre de que el agua penetraba en su coche y cuyo cadáver fue hallado cuatro días después. Una mujer que fue a recoger su vehículo de un garaje del barrio valenciano de La Torre y nunca regresó. Una anciana de 70 años de Chiva que vio como el agua consumía su vida, la de su marido y dos hijos en apenas cinco minutos. Son algunas de las estampas de la tragedia en la que ha puesto el foco la jueza.

Ruiz Tobarra recuerda que el envío del sistema de alerta masivas a móviles Es-alert, que se remitió desde el Cecopi –el centro de emergencias de la Generalitat- a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en garajes y plantas bajas, fue “tardío y erróneo”. Y señala que la dana “no fue un fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que su avance fue anunciado por la Agencia Española de Meteorología (Aemet), “hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades”.

La Generalitat, en una respuesta a la instructora, endosó a Pradas la responsabilidad de pulsar el botón rojo del envío del mensaje Es-Alert. Y fue precisamente este hecho el que precipitó la muerte política de la exconsejera, que reconoció en una entrevista que desconocía la existencia de este sistema hasta que un técnico le informó a las 20.00 horas del día de la dana. El dispositivo para remitir mensaje masivos de emergencia a teléfonos funcionaba desde 2023, tal y como admitió el propio Ejecutivo de Mazón.

La jueza estima que el Cecopi se debió convocar la mañana del 29 de octubre para “avisar a la población” de la magnitud de la riada. Y, sin embargo, el dispositivo de emergencias inició su reunión de crisis a las 17.00 horas de la fatídica jornada, cuando el 112, el servicio telefónico de emergencias de la Generalitat, ya recibía decenas de llamadas de desesperación de municipios como Chiva o Cheste que advertían del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia.

Las imputaciones de Pradas y Argüeso se producen tras una querella presentada por la primera entidad en constituirse de afectados por la dana, la Asociación de Damnificados Horta Sud. Su denuncia, suscrita por un centenar de familias, señalaba como responsables a cinco altos cargos del Ejecutivo valenciano de Mazón, y a la máxima autoridad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel Polo. La magistrada solo ha aceptado las imputaciones de Pradas y Argüeso. Y ha rechazado una querella de la organización ultra católica Hazte Oír contra la cúpula de la CHJ al “no existir indicios” contra este organismo gubernamental.

La jueza informa a Mazón de que es aforado

La instructora ha acordado rechazar la declaración como testigo o investigado de Mazón, tal y como habían solicitado la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras dos acusaciones particulares, respectivamente. Ruiz Tobarra abre la puerta a que el president “pueda solicitar” [la declaración judicial]. Y ha informado al barón popular de que es aforado para que pueda pedir su personación en la causa.

Y es que, por su condición de aforado, la jueza no puede imputar a Mazón. La citación como investigado del jefe del Consell tendría que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la instructora.

Tras cuatro meses de evasivas, Mazón reconoció que desembarcó en el Cecopi a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta a móviles. Y todavía no ha aclarado qué hizo entre las 14.30 y su llegada al dispositivo de emergencias. Solo se sabe que mantuvo un almuerzo en el restaurante El Ventorro de Valencia con la periodista Maribel Vilaplana a la que, supuestamente, le ofreció la dirección de la televisión autonómica A Punt.

La magistrada de la dana ha rechazado la petición de Podemos, que ejerce la acusación popular, de pedir al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que identifique a los escoltas asignados al president el día de la dana.

Las pesquisas suman ya 225 fallecidos y tres desaparecidos, después de incorporar a las diligencias el caso de una mujer con leucemia que requería transfusiones de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno. La víctima falleció en el Hospital de La Fe de Valencia el pasado 12 de noviembre.

En tres meses de investigación, la jueza ha tomado declaración a más de un centenar de testigos, la mayoría familiares de víctimas de fallecidos. Algunos de ellos, están recibiendo asistencia psicológica en el Instituto de Medicina Legal de Valencia. La causa aglutina las acusaciones populares de Podemos, Vox, el sindicato Cgt, el PSPV-PSOE y Acció Cultural, que se suman a decenas de acusaciones particulares que representan a parientes de las víctimas de la monumental riada. Ruiz Tobarra rastrea con sus movimientos la comisión de los presuntos delitos de homicidios (castigado con hasta cuatro años de cárcel) y lesiones imprudentes (hasta tres).