Función Pública acuerda con los sindicatos que el personal laboral público pueda acceder a la jubilación parcial

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acordado con los representantes de los sindicatos CC OO y UGT este lunes la incorporación de “una tasa adicional” que permita que el personal laboral se pueda acoger a la jubilación parcial, según han anunciado ambos sindicatos a través de una nota conjunta. “De esta forma se da solución al planteamiento de las organizaciones sindicales para garantizar que el personal laboral de las administraciones públicas pueda disfrutar también del acuerdo de jubilación parcial firmado el pasado 18 de diciembre con este Ministerio y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de abril”, señalan las centrales.

Respecto a esta tasa, CC OO y UGT ―que por la tarde han participado en una segunda reunión en la que también ha estado presente CSIF―, han matizado que “no computaría sobre el porcentaje de tasa de reposición que se haya acordado”, lo que daría pie a la convocatoria de más plazas de empleo público, y que de esta forma “se pueda aplicar la jubilación parcial”, al tiempo que se tiene “a alguien en sus puestos”. Además de la incorporación de esta tasa, en esta primera reunión también se ha acordado modificar la normativa vigente “para que no se pierda este derecho”.

Una fuente sindical celebra el éxito del compromiso arrebatado al Gobierno, ya que recuerda que, pese a que es el Estatuto de los Trabajadores el que rige sobre el personal laboral amparando el acceso a esta modalidad de retiro anticipado, en la práctica no se estaba produciendo por la falta de personal público y la dificultad añadida para las Administraciones de encontrar un relevista a tiempo completo que ocupase el tiempo liberado, un requisito indispensable.

Pese a que el encuentro, demandado durante semanas por los sindicatos, ha dado comienzo a media mañana, y se ha extendido durante algo más de dos horas, este aspecto ha sido el único en los que los sindicatos CC OO y UGT (CSIF no había sido convocado) han logrado arrancar un compromiso al Gobierno.

El acercamiento vespertino tampoco ha sido especialmente fructífero, y fuentes conocedoras de la negociación detallan que no se ha profundizado en ninguna de las demás reclamaciones sindicales. Esto es, la aplicación de la revalorización salarial del 0,5% a la que el Gobierno se comprometió en el anterior acuerdo marco. Esta se ha abordado, pero desde el Ejecutivo se han limitado a señalar, como en anteriores ocasiones, que se llevará a cabo “en cuanto sea posible”. Las fuentes sindicales consultadas temen que esta alza sea tratada como un arma arrojadiza por parte del Gobierno para tratar de convencer al resto de fuerzas parlamentarias en su búsqueda de apoyos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Del mismo modo, tampoco se ha puesto sobre la mesa ninguna senda de negociación inicial para definir los incrementos salariales de los más de tres millones de trabajadores públicos en los próximos años, toda vez que el anterior acuerdo caducó el pasado diciembre. “No se ha concretado nada, todo está en el aire”, confía una persona presente en el diálogo social, que advierte de que en anteriores ocasiones, frente a un escenario similar, se ha utilizado la figura del real decreto para aprobar subidas para los trabajadores públicos.

Pese al encuentro de este lunes, en CSIF afirman que estarán “vigilantes” y no descartan mantener el calendario de protestas callejeras que iniciaron el pasado miércoles frente a la sede de Hacienda y las delegaciones de Gobierno en distintas ciudades del país. CC OO y UGT, por su parte, reconocen en la nota emitida tras el primer encuentro que han instado al Gobierno “a aprobar lo antes posible la subida salarial del 0,5% pendiente”, sin especificar ningún plazo.

Pacto caduco

Ninguno de los dos encuentros de este lunes ha servido para desbloquear la última subida pendiente del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI que establecía una senda de mejoras salariales para el trienio 2022-2024, y que fue suscrito en octubre de 2022 entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CC OO y UGT, puesto que CSIF se quedó fuera. Esa subida, que estaba ligada al comportamiento del IPC durante el periodo referido, no había sido aplicada pese a haberse dado las circunstancias establecidas en el pacto ―que la inflación acumulada en estos tres años fuera mayor al 8%―, y había quedado en el limbo desde que caducó el pacto en diciembre de 2024.

Esta parálisis ha molestado sobremanera a todos los sindicatos, especialmente a CSIF, que rechazó participar en el anterior acuerdo por considerar que los aumentos no corregían la pérdida de poder adquisitivo que venían arrastrando los trabajadores públicos. “Los empleados públicos han perdido un 9% de poder de compra desde 2022, cuando se firmó el último acuerdo, y más de un 20% desde los recortes de 2010 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero”, ha recordado este sindicato tras la reunión de la tarde. El 0,5% pendiente de aplicación se estima que tendrá un coste aproximado de 700 millones de euros para las arcas del Estado.

Alzas automáticas

“No hay razón alguna para que no se aplique”, lamentó la semana pasada Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, que adelantó también la celebración de una movilización ante Hacienda para el próximo 8 de abril, martes, que no ha sido oficialmente desconvocada. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que no dejen a un lado los derechos que tienen los trabajadores públicos por razones políticas internas”, se sumó también Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos.

La citación de Función Pública para este lunes también fue celebrada por CSIF, que exige, entre otras reclamaciones, no solo “aprobar cuanto antes la subida de este año y el 0,5% adicional, correspondiente a 2024″, sino que las subidas salariales que se aprueben a partir de ahora para este colectivo se produzcan ”de manera automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)“.