La nueva jubilación parcial de los empleados públicos llega con problemas para contratar a trabajadores de relevo

El próximo 1 de abril entrarán en vigor los nuevos requisitos de la jubilación parcial para todos asalariados regulados por el Estatuto de los Trabajadores que se aprobaron el pasado 23 de diciembre. Algunas de estas reglas serán difíciles de cumplir en el sector público —de momento solo el personal laboral de las administraciones puede acceder a este tipo de retiro, pero no los funcionarios ni el personal estatutario— y, de hecho, ya hay algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que han anunciado que paralizarán las solicitudes de sus empleados para jubilarse parcialmente. Así lo ha denunciado el sindicato de funcionarios CSIF, que ha exigido por carta al Gobierno que adapte esta modalidad de jubilación a las administraciones públicas.

El principal obstáculo que se van a encontrar los responsables de recursos humanos de las administraciones públicas a partir del próximo 1 de abril es que para poder realizar cualquier jubilación parcial deberán contratar a un trabajador relevista con un contrato indefinido y a tiempo completo para trabajar simultáneamente con el jubilado parcial. “Realizar este tipo de contrataciones fijas y a tiempo completo es para cualquier administración prácticamente imposible, por la propia naturaleza de los procesos de selección del empleo público, que son muy rigurosos: tienen que respetar los principios de publicidad, mérito y capacidad; la oferta solo sale una vez al año y, además, existen estrictos límites presupuestarios para la contratación”, explica Milagros Dorronzoro, secretaria nacional de Negociación de CSIF.

Según esta responsable sindical, aunque ha costado que este tipo de retiro empezara a aplicarse entre el personal laboral de las distintas administraciones (que es el único que tiene derecho a esta modalidad de jubilación por regirse por el Estatuto de los Trabajadores), ya lleva unos años en los que se usa regularmente. “Hasta ahora era relativamente fácil porque a los trabajadores relevistas se les hacían contratos temporales e improrrogables, que se terminaban cuando el jubilado parcial se retiraba definitivamente, pero a partir de abril, con los nuevos requisitos, no se va a poder hacerlos”, añade Dorronzoro.

De hecho, este sindicato asegura que les llegan noticias de comunidades autónomas y ayuntamientos de toda España donde han decidido que se paralizarán las solicitudes de jubilaciones parciales al no poder encuadrar la contratación de relevistas en los planes de contratación. Es el caso de, entre otras, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha o Castilla y León, indican fuentes del CSIF.

“En el caso de Baleares, hasta ahora no ponían impedimentos a la jubilación parcial del personal laboral —prosiguen estas fuentes—, pero ayer mismo [por el pasado lunes] confirmaron que denegarán las jubilaciones parciales con contrato de relevo a partir de abril, hasta que el Gobierno central dé directrices o aclare la normativa en el caso del empleado público”.

Igualmente, los representantes de este sindicato en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se han quejado de que la exigencia de que el trabajador relevista tenga un contrato fijo a tiempo completo “no ha tenido en cuenta la realidad de la Función Pública”, y “bloquea totalmente el acceso a la jubilación parcial para cientos de empleados públicos” de esta administración autonómica, señalan. Asimismo, en la Junta de Castilla y León están retrasando las concesiones de estas jubilaciones en varios departamentos, añaden estas fuentes.

Ante esta situación, CSIF ha dirigido una carta a la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio para la Transición Digital, que ahora dirige Óscar López, reclamando “una instrucción inmediata a todas las administraciones, para que, de alguna manera, se puedan vincular las nuevas contrataciones de relevistas a partir de abril a las ofertas de empleo público”, ha reclamado Dorronzoro.

Pero, además, en esta misiva el sindicato ha hecho otra reclamación en esta materia: también ha exigido a los máximos responsables del ministerio que convoquen la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar con los sindicatos el desarrollo legal de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, que actualmente no disfruta de este derecho.

López llegó recientemente a un acuerdo con CC OO y UGT para devolver la jubilación parcial a los funcionarios, algo que había eliminado el Gobierno del PP en 2013. Ahora, esta modalidad se regulará inicialmente en la Ley de Función Pública, que se encuentra en tramitación parlamentaria. Recientemente, terminó el plazo de enmiendas, entre las que había varias para desarrollar este derecho en la ley. No obstante, los sindicatos quieren negociar sus detalles, para intentar adaptar, entre otras cosas, los nuevos requisitos para los trabajadores relevistas, que para el personal laboral de las administraciones ya se presentan como un obstáculo antes incluso de que entren en vigor.