La justicia reitera que el abuso de la temporalidad no justifica convertir en fijos a los funcionarios interinos

La justicia ha vuelto a posicionarse en contra de convertir en funcionarios fijos a aquellos interinos que han prolongado su condición de temporales durante años. Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, rechazan este resarcimiento, pese a que consideran que la temporalidad abusiva en el sector público debe ser sancionada, aunque no a través de esta asimilación. Ambos fallos defienden que de certificarse esta fijeza se vulneraría el principio de igualdad en el acceso a la función pública.

Ambos fallos, fechados este martes, provienen de sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y abordan los recursos de casación interpuestos por dos trabajadores que denuncian haber permanecido en situación de interinidad durante un periodo prolongado de tiempo, y que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla habían rechazado otorgarles la condición de funcionarios fijos.

En el primer caso, una funcionaria interina de Castilla La-Mancha estableció un recurso tras haber sido cesada de su puesto, en el que había permanecido más de 13 años, sin que en ese tiempo se hubiera publicado la convocatoria de su plaza. Al ser cesada, según ella, “de forma arbitraria”, alegó abuso en su nombramiento temporal y solicitó ser reconocida como funcionaria de carrera o recibir una indemnización compensatoria.

Al ser desestimado, recurrió al Supremo, que pese a reconocer que pudo haberse producido una situación de abuso en el uso reiterado de interinos sin convocar oposiciones, descarta que esto implique de forma automática un derecho a la conversión ni en funcionario de carrera, ni en funcionario fijo, puesto que iría “en contra del principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”. En cuanto a la indemnización, también resuelve en contra de su entrega.

El segundo caso versa sobre un funcionario interino de enseñanza secundaria al que la Administración cesó tras treinta años de servicio. Del mismo modo que en el relato anterior, alegó abuso en la contratación temporal y solicitó su reconocimiento como funcionario de carera o ser indemnizado. Los argumentos del Supremo en este caso orbitaron sobre la consideración de si, a través de los interinos, el Ministerio de Educación había cubierto necesidades estructurales sin convocar oposiciones en un tiempo razonable. Algo que señala que no se produjo, ya que en ese periodo se realizaron convocatorias en distintos años.

Fijar doctrina

Tanto en la sentencia anterior como en esta, en las tripas del fallo se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en una sentencia de febrero del año pasado, tiraba de las orejas a España al considerar que la normativa nacional estaría incumpliendo el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, y que instaba a convertir en fijos a los interinos e incluso a los indefinidos no fijos ante la falta de medidas adecuadas para prevenir y sancionar los abusos derivados del uso sucesivo de contratos temporales.

Sin embargo, pocos meses después, en mayo, el Supremo dictó una sentencia en la que rechazaba de plano el planteamiento europeo, al señalar que esta conversión automática resulta “incompatible” con los principios de “igualdad, mérito y capacidad” que custodian el acceso a un puesto fijo dentro del sector público. Este pronunciamiento fijó doctrina en un momento en el que diversos jueces habían fallado a favor de conceder la fijeza a estos trabajadores temporales, apelando al posicionamiento europeo.

En este nuevo fallo, el Tribunal considera que el acceso a la función pública no puede depender únicamente del tiempo de servicio que haya prestado, sino de procesos selectivos abiertos a todos los ciudadanos.