La lentitud de las oposiciones complica el objetivo de bajar al 8% la temporalidad del sector público

Los límites que puso la reforma laboral de 2022 al abuso de los contratos temporales y el fomento de los fijos discontinuos han logrado rebajar la tasa de temporalidad de las empresas privadas desde el 26% al 12% en apenas dos años. Sin embargo, esta mejora no se ha visto en el sector público, con una tasa de empleo temporal anclada en el entorno del 30% a pesar de los planes de estabilización que están llevando a cabo las Administraciones desde hace más de dos años. La complejidad de este tipo de procesos que se realizan a través de un concurso-oposición (examen y méritos) o solo concurso (méritos), y que están abiertos a todo el que cumpla los requisitos de la plaza, está complicando los procesos masivos de estabilización exigidos por la ley.

El anterior Gobierno de coalición sacó adelante en el Parlamento hace dos años y medio la conocida como Ley 20/2021 para la reducción de la temporalidad en el sector público. Esta norma se marcaba como objetivo llevar la tasa contratos temporales de las Administraciones desde niveles superiores al 30% a un porcentaje “por debajo del 8% de las plazas estructurales” a 31 de diciembre de 2024. Para alcanzar esta meta, la citada ley habilitó a las Administraciones a convocar los denominados procesos de estabilización, cuyo desarrollo está llevándose a cabo con retrasos.

Desde 2022 se han ofertado casi 600.000 plazas de estabilización en todas las Administraciones (estatal, autonómica y local) y, de ellas, se han convocado 522.000 oficialmente en el BOE, según las últimas cifras ofrecidas por el Ministerio de Función Pública. Pero de esas solo han sido cubiertas, tras haberse resuelto el proceso y tomado posesión del puesto, unas 225.000. El Gobierno ha repetido en varias ocasiones que a final de año se habrá llegado con toda seguridad a los 300.000 estabilizados. Este es el compromiso que el Ejecutivo adquirió con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, aunque no se trata de un hito que condiciones la percepción de fondos comunitarios.

Por tanto, la meta del 8% de temporalidad (que supondría con los datos actuales que solo hubiera unos 237.000 temporales frente a una cantidad aproximada de 700.000 u 800.000, una vez descontados los 300.000 estabilizados que prevé el Gobierno) se antoja poco menos que imposible de conseguir. Es más, según distintas fuentes implicadas en estos planes de estabilización, a finales de año la tasa de temporalidad de los empleados públicos podría terminar en torno al 20%, o un 15% en el mejor de los casos. Y recuerdan que ni siquiera logrando cerrar los más de 500.000 puestos convocados se cumpliría el objetivo.

Otras fuentes sindicales, en cambio, aseguran que a finales de año se habrán estabilizado “muchas más de 300.000 plazas”. “Aunque es absolutamente imposible saber cuántas en estos momentos”, matizan estas fuentes, el Ejecutivo “es prudente” y se guarda las cifras de muchos procesos que han entrado en la recta final en los últimos meses hasta que estos no estén definitivamente cerrados. Completar un proceso implica no solo la baremación de cada una de las plazas que se ofrecen, sino también la publicación de los nombres de los empleados estabilizados y la resolución de posibles impugnaciones. En este sentido, en la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, una asociación independiente de trabajadores públicos temporales, recuerdan que precisamente el hecho de que la ley diga que los procesos deben estar completados es uno de los motivos que va a impedir cumplir con el objetivo del 8%. Esta organización persigue la conversión automática a fijos de trabajadores que encadenan contratos temporales de manera abusiva, amparándose en varias sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Dos años esperando

La duración de los concursos y oposiciones para estabilizar a trabajadores temporales, según las Administraciones, oscila por lo general entre un año y un año y medio. Si bien se pueden ir a dos años o más, como en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, donde estos días están tomando posesión trabajadores que empezaron a optar a su plaza en abril de 2022. Alguno de ellos tenía una antigüedad de 22 años encadenando contratos temporales en este consistorio.

Asimismo, no todas las Administraciones y organismos llevan un mismo ritmo en estos procesos. Según las cifras conocidas, los ayuntamientos estarían siendo algo más diligentes que las comunidades autónomas a la hora de resolver los concursos y oposiciones, allí donde se exijan también estas últimas. Y ello pese a que son las autonomías las que partían de un mayor abuso de la temporalidad, con el 44% de su personal con un contrato eventual.

Esta precariedad se ha dejado sentir especialmente en el sector sanitario: en diez comunidades la temporalidad afectaba a más del 50% de los trabajadores de los hospitales y centros de salud, siempre según los datos del Ministerio de Función Pública. De hecho, las últimas cifras oficiales indicaban que, de media en toda España, el 53% del personal sanitario al servicio de las comunidades, y el 38% de los docentes no universitarios, también dependientes de las autonomías, tenían contratos temporales. En este punto, fuentes sindicales precisan que a medida que se van cerrando los procesos de estabilización, con especial intensidad en los últimos meses, estos porcentajes han descendido “aunque es imposible saber cuánto hasta el 31 de diciembre”.

Retraso en las convocatorias ordinarias

Además de la lentitud en sacar adelante estos procesos, hay dos circunstancias que no contribuyen a rebajar el abuso de la temporalidad en las Administraciones, según explican los sindicatos de la función pública. En primer lugar, la convocatoria de nuevas plazas ordinarias fijas de funcionarios contribuiría a rebajar el porcentaje de temporales sobre el total, “pero en muchos sitios están ocupados con los procesos de estabilización y retrasando las convocatorias ordinarias”. Y, en segundo lugar, aunque el Gobierno ya ha anunciado que en 2025 eliminará la tasa de reposición —que limita la sustitución de las bajas estructurales que se producen (por jubilación o fallecimiento, entre otros motivos)— esta aún se mantiene en numerosos sectores y organismos.

“Pese a estas dos circunstancias, los servicios públicos hay que seguir prestándolos y entonces se vuelve a contratar internos. Es la pescadilla que se muerde la cola”, explica una dirigente sindical de la función pública. También el presidente del CSIF, Miguel Borra, ponía este lunes de manifiesto el peligro de que, pese a los procesos de estabilización, no se interrumpa la contratación de temporales. En una comparecencia ante los medios, Borra recordó lo ocurrido a principios de siglo, cuando se estabilizó masivamente a trabajadores de los servicios de salud y, años después, los recortes y la tasa de reposición, devolvieron la precariedad a la sanidad hasta los niveles conocidos actualmente. Además, los responsables del CSIF anunciaron este lunes que, una vez se cumpla el plazo del 31 de diciembre de este año para llegar al 8% exigirán sanciones, como la inhabilitación de los gestores de personal, en las administraciones que incumplan este objetivo que marca la ley.

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