Los recortes de la crisis financiera han duplicado el peso de los interinos en el sector público

En Canarias, una funcionaria de Justicia lleva 27 años de servicios continuados como interina, en una comunidad donde la tasa de temporalidad se eleva al 43%. En el servicio de Urgencias del Hospital de la Princesa en Madrid hay una médico de Urgencias que es temporal desde 2005, hace 19 años, en un centro hospitalario donde el 83% de los facultativos ha llegado a estar en esta situación. Mientras que en la Organización Nacional de Trasplantes hay interinos que llevan en esa situación más de 16 años. Estos son solo varios ejemplos de los cientos de miles de trabajadores del sector público que, bajo distintas formas de temporalidad, acumulan prácticamente toda su vida laboral con contratos eventuales.

La idea de ser funcionario con un empleo fijo y seguro para toda la vida está cambiando a marchas forzadas. La foto que ofrecen hoy las plantillas de las administraciones públicas es bastante diferente de la de hace apenas 10 años. A pesar de que el peso del empleo público sobre el total de ocupación fue en 2023 el mismo que en 2011 (14,5%) la distribución del personal es muy distinta: hay casi 200.000 funcionarios de carrera menos y más de medio millón de interinos (temporales) más. Es más en este tiempo, según las cifras del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el porcentaje de interinos en las plantillas públicas ha doblado su peso, pasando del ser 12% del total al 26%. Esto supone una clara precarización del empleo público que este pasado jueves criticó una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, con más contundencia que en otras ocasiones previas, le dijo a España que ninguna de las medidas que ha tomado para intentar atajar el abuso de la temporalidad pública se ajustan a la directiva europea sobre la materia.

Pero ¿cómo se ha llegado esta situación? En el Gobierno lo tienen claro: la culpa es de los fuertes límites presupuestarios a la creación de nuevas plazas fijas en las administraciones públicas, que han operado a través de la conocida como tasa de reposición, especialmente desde la anterior crisis financiera. Esta tasa es un ratio que imponen los Presupuestos Generales del Estado cada año y que, en función de la disponibilidad presupuestaria, impide que se repongan todas las bajas que se producen en las administraciones.

Aunque estos topes a la contratación ya se aplicaban parcialmente en los años 90, fue a partir de 2012 cuando el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, endureció especialmente esta tasa de reposición en respuesta a los daños causados por la crisis financiera de 2008 y a la mayor necesidad de controlar el déficit que España incumplía desde ese año. De hecho, entre 2012 y 2014 hubo la prohibición de reponer las bajas de las plantillas públicas fue total y se produjo una congelación del empleo de las administraciones, especificando, que no se podría nombrar a funcionarios interinos, “salvo en casos excepcionales, urgentes e inaplazables”.

Pasados esos años, la tasa de reposición se fue relajando pero mantuvo en el 50% con carácter general en 2015 y en años posteriores fue aumentando hasta el 100% en algunos sectores estratégicos como el personal para la lucha contra el fraude fiscal y laboral; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o la asistencia directa a usuarios de servicios sociales. En los años siguientes esta tasa se fue ampliando en otros servicios públicos esenciales.

Pero ante estas prohibiciones de contratación, las administraciones, sobre todo las autonómicas (para los colectivos de la sanidad y la educación) y los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos públicos han ido buscando sus propias vías con las que sortear la falta de reposición de las plazas fijas en el sector público, y la contratación de interinos en alguno de los supuestos previstos por la ley (para ocupar plazas que no ocupaban sus propietarios o para realizar programas temporales por un máximo de tres años) se ha disparado. Con ello la tasa de temporalidad del sector público ha escalado por encima del 30%, que es en el nivel en el que está anclada desde la crisis del Covid.

Un ejemplo de estas carreras profesionales marcadas por el abuso de la temporalidad es la de M.A. auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Madrid que entró como interina en 2003 y estuvo en el mismo puesto durante casi nueve años, posteriormente cambió de categoría pero siguió siendo temporal y actualmente lleva encadenando contratos de pocos meses, nuevamente como interina, esta vez en programas temporales en el consistorio de la capital.

Cambio de ciclo

Así se llegó a la segunda mitad de la década pasada con una temporalidad absolutamente desbocada en el sector público y el Gobierno dio un giro a las políticas aumentando la tasa de reposición para algunos colectivos incluso por encima del 100% de las bajas que se hubieran producido en el año anterior (el pasado ejercicio se podían reponer el 120% de las bajas en algunos sectores prioritarios, hasta el 120% en los ayuntamientos con cuentas saneadas. Todo esto llevó a ir engordando las ofertas públicas de empleo hasta cotas récord como las de 2022 y 2023 cuando se llegaron a convocar 30.000 y casi 40.000 plazas fijas, respectivamente.

Si bien en este proceso, el Ejecutivo, con Miquel Iceta como ministro de Política Territorial y Función Pública, pactó con los sindicatos en 2021 un compromiso para estabilizar unas 300.000 plazas antes de que terminara 2024. Los nuevos responsables de este ministerio que dirige ahora José Luis Escrivá aseguran que ya se ha cumplido el 75% de este compromiso y los sindicatos dicen incluso que hay ofertadas hasta medio millón de plazas provenientes de años anteriores, aunque fuentes sindicales discrepan asegurando que la marcha de dichos procesos hasta que se ocupan las plazas va muy lento. Además, el TJUE ha dicho en su sentencia de pasado jueves que estos procesos no son suficientes tampoco para combatir el abuso de la temporalidad en las administraciones y que solo cabe hacer fijos a estos profesionales. Si bien, Escrivá rebajó este viernes la posible transcendencia de este fallo judicial, asegurando que “se ha hecho una interpretación muy extensiva” de dicha sentencia.

La realidad es que los procesos de estabilización están dejando fuera a numerosos interinos, con muchos años de experiencia en el puesto, que no son suficientes para conseguir los puntos necesarios que requiere una plaza fija. Así lo ha comprobado M.A. quien se ha presentado a las pruebas de estabilización del ayuntamiento de Madrid y tras 15 años de encadenamiento de contratos dentro de su misma categoría cree que no va a conseguir una de las 165 plazas que se han convocado para más de 500 interinos de ese nivel. “Otros trabajadores llevan aún más años que yo como interinos y se llevan las plazas”, se lamenta.

En el sector de la educación, Laura (nombre ficticio) es profesora interina de un Instituto de Educación Secundaia de Madrid desde hace seis años y explica que se está produciendo la paradoja de que las plazas de reposición —las que se convocan para cubrir las bajas de los funcionarios del año anterior — son más y más difíciles de conseguir porque los exámenes de la oposición son más complicados y, por tanto, no se suelen cubrir y estas vacantes son ocupadas por interinos. Mientras que, al mismo tiempo, las plazas de estabilización, mucho más reducidas, pero con pruebas de acceso más fáciles, son aprobadas por más trabajadores que los puestos fijos que se ofertan y es entonces cuando operan los puntos por experiencia, por lo que los interinos que llevan más tiempo son los que consiguen la fijeza.

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