El Ejecutivo aprueba casi 900 plazas para la estabilización de temporales en la Administración General del Estado

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros del año celebrado este miércoles un Real Decreto en el que se aprueba una tasa adicional de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado (AGE), que está formada por un total de 884 plazas que, de esta forma, dejarán de ser eventuales para pasar a ser fijas.

La posibilidad de aprobar estas tasas adicionales de estabilidad ya fue autorizada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, con el objetivo de convocar procesos selectivos para cumplir, a su vez, con la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Así, dentro de los procesos de estabilización de interinos, la norma prevé también una tasa adicional para las Administraciones Públicas estatal, autonómicas y locales.

En concreto, del total, 793 plazas serán de funcionarios de la Administración General del Estado: de los cuerpos A1 (73 plazas); A2 (224); C1 (8); y C2 (488). Otra plaza corresponde a personal laboral de Instituciones Penitenciarias. El resto son plazas de personal estatutario. Así, habrá 77 plazas correspondientes a la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa, sumando el personal facultativo, el personal no facultativo y el personal de gestión y servicios. Los 13 restantes forman parte del personal estatutario del Ministerio de Sanidad, tanto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) como de la Organización Nacional de Trasplantes.

El sistema de selección para estos procesos de estabilización será el de concurso, que deberá ser convocado y resuelto por cada departamento ministerial. Además, las convocatorias derivadas de esta tasa adicional de estabilización deben estar resueltas antes del 31 de diciembre de 2024. Estas plazas se suman a la mayor oferta de empleo público desplegada este año, con casi 40.000 plazas nuevas y de promoción interna, cuyos procesos ya se están llevando a cabo.

Este tipo de convocatoria tiene por objeto situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas, en línea con lo comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata de un objetivo que, pese a todas las normas aprobadas para ello, está aún muy lejos de lo previsto ya que la tasa de temporalidad del sector público supera el 30%, con lo que uno de cada tres empleados de las administraciones es eventual actualmente. Esta tasa se resiste a bajar, en contraste con la temporalidad del sector privado que, tras la reforma laboral de 2022, ha caído al entorno del 14%, en línea con los niveles de la media de los países europeos.

Próxima subida salarial

En materia de empleo público, el Gobierno deberá aplicar previsiblemente un nuevo incremento del salario de los empleados públicos del 0,5% si el incremento del PIB de este año es superior al 2,4% previsto. Este nuevo aumento se sumaría a los ya aplicados en este ejercicio. En el acuerdo salarial alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos se acordó un alza fija del 2,5% para 2023, pero este porcentaje se podía incrementar hasta en un punto adicional en función de variables como el IPC (hasta 0,5%) y el Producto Interior Bruto nominal (otro 0,5%).

Concretamente, en relación a la parte del aumento vinculada a la inflación, los Presupuestos Generales del Estado para 2023 recogen una subida de 0,5 puntos adicionales si la suma del IPC Armonizado (IPCA) de 2022 y del dato del IPC adelantado por el Instituto Nacional de Estadística del mes de septiembre de 2023 supera el 6%. El IPCA de 2022 fue del 5,5% y el segundo ha alcanzado el 3,2%, por lo que la suma (8,7%) cumple con la condición para llevar a cabo el incremento. Mientras que en próximas fechas, el Ejecutivo deberá aplicar la nueva subida de medio punto ligada al aumento del PIB, si se cumplen la mayoría de las previsiones, que apuntan a subidas superiores al 2,4%.

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