El curso comienza con una tasa de interinidad entre el profesorado superior al 20%, lejos del 8% que exige Europa

El proceso de estabilización aprobado por el Gobierno para reducir la temporalidad entre el profesorado no ha tenido, de momento, los resultados esperados. Los sindicatos denuncian que un 22,47% de los docentes de la escuela pública se encuentra en situación de interinidad —ocupan una vacante que no es definitiva— en este inicio de curso, muy lejos del 8% fijado como objetivo para 2025 por exigencia de la Comisión Europea. Aunque en la mayoría de las comunidades todavía no se han completado los exámenes de oposición —sobre todo, del cuerpo de maestros—, el reloj corre en contra de las administraciones a la hora de solucionar un problema con consecuencias educativas y un elevado perjuicio personal para los docentes.

A finales de 2021, el Gobierno impulsó una ley para reducir la tasa de interinidad, como se pedía desde la Unión Europea, que establecía vías para acceder a los cuerpos docentes. Por un lado, se mantenía el sistema de acceso ordinario para las plazas de reposición (por ejemplo, ante casos de jubilación o de excedencias) y de nueva creación, con pruebas teóricas y prácticas de carácter eliminatorio. En este sistema, las calificaciones obtenidas en las pruebas pesaban más que la experiencia, algo que favorecía a los nuevos opositores.

Por otro lado, se abrió un proceso extraordinario en el que las plazas que hubieran sido temporales pasarían a ser fijas con el objetivo de reducir el porcentaje de interinos. Para acceder a estas plazas, denominadas plazas de estabilización, se abrieron dos vías: un examen simplificado (sin pruebas eliminatorias y sin prueba práctica) y un concurso de méritos para que los interinos con muchos años de docencia acumulados pudieran estabilizar su situación sin necesidad de realizar ningún examen.

Desde que se anunció este nuevo sistema de acceso a la docencia hasta que las comunidades autónomas publicaron las convocatorias definitivas, los sindicatos manifestaron el malestar y la incertidumbre generada entre los opositores. La falta de coordinación entre las autonomías provocó que durante meses no estuviera claro qué tipo de examen se iba a convocar en cada comunidad. El secretario de la educación pública no universitaria de la Federación de Enseñanza de CC OO, Héctor Adsuar, considera que tener tres procesos distintos a la vez “es un problema, porque hace difícil agilizarlos”. Una de las quejas más comunes por parte de los opositores novatos era el desequilibrio de posibilidades con las nuevas puntuaciones. Alba Sanahuja (Geldo, Castellón, 26 años) estuvo dos años preparándose para las oposiciones extraordinarias en la especialidad de Dibujo en la Comunidad Valenciana y reconoce que tenía poca fe en conseguir una plaza. “Fui con la derrota asumida, sabía que tenía pocas posibilidades”, cuenta Sanahuja, que finalmente aprobó, pero no consiguió la plaza.

A falta de poco más de un año para que termine el plazo, la mayoría de comunidades autónomas tiene pendiente realizar alguna de estas tres vías, por lo que, previsiblemente, el porcentaje de interinidad se reducirá. Pero los sindicatos denuncian que esta rebaja será insuficiente para alcanzar los objetivos marcados por Bruselas. Así lo refleja Comisiones Obreras en un informe presentado este martes, en el que advierte de un déficit de 18.360 plazas una vez realizados todos los procesos, que dejaría la tasa de interinidad en un 11,5% en la entrada de 2025.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que este proceso no ha tenido los efectos deseados, ya que, entre septiembre de 2022 y 2023, la tasa de interinidad se ha reducido del 27,46% al 22,47% actual. La temporalidad en el profesorado varía según las comunidades autónomas, que gozan de las competencias para provocar oposiciones. El País Vasco, con un 43%, y Canarias, con un 41%, son las regiones con una mayor tasa de interinidad, mientras que Baleares y Galicia se sitúan por debajo del 10%, según datos de CSIF.

Araceli Fernández (59 años, Burjasot, Valencia) es una de las beneficiadas por este proceso de estabilización. Tras casi tres décadas saltando de instituto en instituto para impartir Biología y Geología, hace unos meses consiguió la plaza definitiva en el municipio valenciano de La Pobla de Farnals. “Yo ya estaba acostumbrada a los cambios, pero cuando me tocaba repetir instituto, era mejor”, explica Fernández, que reconoce que era más complicado involucrarse en “proyectos a largo plazo” sabiendo que su puesto era temporal. Además, también se queja de que, al no ser funcionaria de carrera, le tocaban los horarios y los cursos que el resto no quería. Una protesta que comparte con Aurora Lara, profesora de 66 años jubilada, que impartió clases de francés en todas las provincias andaluzas durante los últimos 16 años. Para Lara, lo más complicado era la “conciliación familiar”, ya que hubo años que trabajaba a 450 kilómetros de su casa, la distancia entre la Puebla de Don Fadrique y Cádiz.

Además de las consecuencias personales, la elevada tasa de interinidad en la educación española dibuja un panorama con un impacto negativo en el funcionamiento del sistema educativo. El presidente de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, señala que impide a los centros desarrollar planes a largo plazo, ya que, en muchas ocasiones, los equipos directivos se encuentran con que el 30% o el 40% del profesorado cambia cada año, lo que impide aplicar una planificación del centro, crear vínculos con el alumnado o poner en marcha proyectos. “La elevada temporalidad es un síntoma más del cortoplacismo que reina en la educación española, como han demostrado las sucesivas leyes educativas de los diferentes gobiernos”, comenta Gutiérrez. Una tesis con la que coincide Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad), que entiende la dificultad de los interinos para mantener su implicación cuando tienen que compaginar su labor docente con la preparación de las oposiciones, ya que están “ocupados preparándoselas”.

Para evitar un repunte de la interinidad en el futuro, una vez terminados los procesos extraordinarios, los sindicatos apuestan por eliminar el límite de la tasa de reposición. Es decir, la cantidad de vacantes (por ejemplo, jubilaciones) que pueden ser cubiertas por nuevo personal. Entre 2012 y 2014, los recortes provocados por la crisis económica dejaron la tasa de reposición en un 10%, por lo que de cada 10 jubilaciones, tan solo se creaba una nueva plaza. Tradicionalmente se reemplazaba al 100% de la plantilla, pero el porcentaje se redujo en plena crisis económica al 30% (3 de cada 10 jubilados) en 2011, situación que se agravó aún más con Mariano Rajoy (PP) al frente del Ejecutivo.

Para recuperar el relevo total del 100% hubo que esperar hasta 2017 y, desde 2022, los Presupuestos Generales del Estado elevan esta cifra al 120%. Una cifra todavía insuficiente para Adsuar, de Comisiones Obreras, que aboga por la eliminación del límite en la tasa de reposición. “Es la solución para que este problema no se vuelva a repetir nunca”, defiende Adsuar.