La educación pública sufre un recorte de 3.490 clases en cinco años mientras a la concertada solo le quitan 72: “La debilitan de forma deliberada”

El curso que acaba de comenzar lo hace con 5.000 profesores menos en la educación pública que hace un año, según un informe de Comisiones Obreras presentado este martes. El documento también refleja que, en cinco años, la escuela pública ha sufrido la supresión de 3.490 clases en infantil y primaria, mientras en la concertada apenas se eliminaban 72. A pesar de que ambas redes han perdido un porcentaje similar de alumnos en dichas etapas (de hecho, se ha reducido un poco más en la concertada, un 7,45%, que en la pública, un 7,06%), el porcentaje de grupos recortados en la pública es casi 20 veces superior, el 2,51% del total, que en la concertada, el 0,13%.

Ello tiene como consecuencia un aumento de ratio de alumnos por aula en la escuela pública (o, al menos, que esta no disminuya tanto como podría hacerlo en un contexto de descenso de alumnado por la caída de la natalidad, como sí lo hace en la concertada). Y, además, favorece el trasvase de estudiantes de la pública a la concertada (que habría perdido aún más matrícula si los grupos se suprimieran de forma más equilibrada entre ambas redes escolares).

“Los datos ponen de manifiesto una actitud política de debilitar deliberadamente la escuela pública”, afirma Francisco García, secretario general de Comisiones Obreras. “Y es una decisión que normalmente coincide con el sesgo político de determinados gobiernos. Si uno ve dónde está la realidad más dura, más palpable, se puede comprobar que cuando gobierna la derecha, la red pública se debilita y la concertada se fortalece”.

El caso más llamativo es el de Andalucía, donde los centros públicos han perdido el 5,9% de sus clases entre 2018 y 2023, mientras los de la red concertada no solo no han disminuido, sino que han aumentado un 5%. El PP empezó a gobernar la comunidad en enero de 2019. En Andalucía, al revés que la media del conjunto de España, la red pública también ha perdido un mayor porcentaje de alumnado, un 10,7%, frente al 4,3% de la privada subvencionada. CC OO destaca que una de las consecuencias de la supresión de clases en la red pública es que ello genera una pérdida de alumnado adicional a la que ya está provocando de por sí en la escuela el largo descenso de la natalidad. Entre los pocos casos que escapan a la tendencia general figura Aragón, presidido por los socialistas entre 2015 y 2023, donde la escuela pública ha experimentado un aumento del 1,4% de los grupos (y una caída del 5,2% del alumnado), y la concertada ha perdido un 1,2% de grupos mientras su matrícula se reducía un 10,2%.

Blindaje de conciertos y jueces

En el hecho de que se hayan suprimido muchos más grupos en la escuela pública que en la red privada subvencionada ha influido que, durante años, los conciertos educativos han actuado como un blindaje. Los conciertos, que suelen durar seis años en primaria y cuatro en el resto de las etapas (el Gobierno de Madrid los ha extendido a un decenio), han protegido a los centros que contaban con ellos incluso cuando la matrícula caía y la comunidad autónoma correspondiente quería quitarles unidades, gracias en muchos casos a la aceptación de demandas por parte de los tribunales. La entrada en vigor, en 2020, de la actual ley educativa, la Lomloe, cambió el escenario al establecer la obligación de que los Ejecutivos autonómicos ofrezcan un número suficiente de plazas públicas y darles la competencia para ordenar su oferta, afirma Héctor Adsuar, secretario de Enseñanza pública de CC OO. Su aplicación recae en las comunidades autónomas. Pero ahora al menos tienen la oportunidad de utilizar los argumentos de una ley orgánica ante los tribunales en caso de conflicto.

Otro factor que ha contribuido a que la escuela pública salga más perjudicada es el hecho de que es la que garantiza el servicio educativo en las zonas rurales (donde la concertada apenas está implantada), más afectadas por la despoblación.

11.000 maestros menos que en 2020

El análisis de la evolución de las plantillas pone de manifiesto que de los 33.323 profesores (contabilizados por cupos a tiempo completo; dos docentes con media jornada cuentan como uno) que se incorporaron a la educación pública en el curso 2020-2021 para poder reducir el tamaño de los grupos como preveía la normativa anticovid, quedan 22.296. Es decir, que se han suprimido 11.027 puestos. Los territorios donde más se han perdido han sido Madrid, con 5.634 menos, y Andalucía, 2.645, aunque también fueron los territorios que más docentes contrataron al inicio de la pandemia, 7.398 y 6.545 respectivamente.

El informe de CC OO refleja que la educación pública matricula al 66,9% de todos los estudiantes, pero al 72,5% de quienes presentan algún tipo de discapacidad, y al 75,4% de los niños y adolescentes con necesidades específicas de apoyo educativo por otro tipo de causas, como la “vulnerabilidad socioeducativa” (al 77,9%) o el “desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje” (83,7%).

El sindicato propone, para mejorar la inclusión educativa y corregir el desequilibrio que asume la educación pública, que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente “doble a efectos de ratio en todos los grupos”. “Esto se ha hecho en el pasado y aún se hace en algunas administraciones, en algunas etapas y solo con el alumnado con necesidades especiales asociadas a discapacidad”, señala el informe.

Aprobar dicha medida supondría incorporar a 34.717 docentes a la educación pública. Sumados a otros refuerzos que el sindicato reclama, 21.177 de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, 10.026 orientadores, y 18.995 profesionales para cubrir la nueva figura de coordinador de convivencia de los centros, Comisiones Obreras propone contratar a un total de 84.915 nuevos profesores y educadores de forma escalonada en un plazo de cuatro o cinco años. El coste de hacerlo ascendería a unos 3.566.000 millones de euros, un 0,27% del PIB de 2022.

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