Los sindicatos elevan la presión sobre el Gobierno para que negocie subidas salariales para los empleados públicos

Los sindicatos que representan a los trabajadores públicos buscan elevar la presión sobre el Gobierno para que este reaccione ante sus demandas laborales. Consumidos ya los meses de enero y febrero, la espera para negociar una nueva senda de subidas salariales para los algo más de tres millones y medio de empleados de las distintas Administraciones, una vez que en diciembre concluyó la vigencia del anterior acuerdo marco, ha llegado a un punto de alta tensión. Y no solo por el hecho de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública no haya puesto fecha todavía para que se reúna la mesa de diálogo ―que se comprometió a iniciar a principios de año―, sino porque la subida del 0,5% adicional de 2024 por la inflación que contemplaba el extinto pacto tampoco se ha plasmado en la nómina de la plantilla pública. Consultada por este desajuste, una portavoz del departamento que dirige Óscar López se limita a señalar que “es un compromiso que se va a cumplir”. Pero no señala si existe un calendario planificado para llevarlo a cabo, ni si en el ministerio valoran contactar con los sindicatos próximamente.

La falta de reacción por parte del Gobierno ―en CSIF aseguran que han exigido el inicio de las conversaciones hasta en tres ocasiones, sin éxito― ha llevado a que una parte de la plantilla de empleados públicos se sienta “abandonada”, y esté dispuesta a mostrar su malestar frente a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid el próximo miércoles, 19 de marzo; y a repetirlo por distintos lugares del país en próximas fechas si no obtiene una respuesta. “No puede ser que nos dejen siempre en último lugar”, se quejan en el sindicato de funcionarios, en el que se muestran preocupados también por la debilidad parlamentaria que ha demostrado últimamente el Gobierno de coalición.

Esta movilización, encabezada por CSIF, tiene como objetivo arrancar el compromiso al departamento que dirige Óscar López de que convoque lo antes posible a la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar un nuevo acuerdo retributivo para la plantilla pública, además de otros compromisos adquiridos con los representantes de este colectivo de empleados por el Gobierno. UGT y CC OO, los otros sindicatos mayoritarios, también reclaman al Gobierno que inicie cuanto antes los encuentros, pero rechazan valorar la idoneidad de las movilizaciones como fórmula de presión.

“Desde que se constituyó el Gobierno, en noviembre de 2023, la Mesa de Administraciones Públicas solo se ha convocado en una ocasión”, denuncia CSIF. Por medio de un comunicado, el sindicato presidido por Miguel Borra reclamó este lunes, además de la formulación de una nueva hoja de ruta de subidas salariales para los trabajadores públicos ―quienes, según la central, han perdido un 9% de poder adquisitivo desde 2022 pese a los incrementos percibidos en este tiempo―, que estas mejoras se produzcan de manera automática todos los años, “igual que las pensiones o la subida del SMI”.

A estas demandas se suma también la petición de recuperar “la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra”; la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 “eliminando la tasa de reposición”; un balance del plan de estabilización de plazas de personal interino; la implantación de una jornada laboral de 35 horas y del teletrabajo; la equiparación salarial entre las distintas Administraciones públicas; y la regulación de la jubilación parcial para funcionarios y estatutarios.

En noviembre de 2022, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que entonces dirigía María Jesús Montero, suscribió con los sindicatos UGT y CC OO un acuerdo marco en el que se establecía, entre muchas otras medidas, una senda de subidas salariales para los trabajadores públicos en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, que de forma conjunta llegó hasta el 9,5%. El último coletazo de la senda sí dio con la publicación del dato definitivo de la inflación armonizada en diciembre del año pasado, al que estaba conectado un 0,5% adicional, que se suma al 2% aprobado a finales de junio (también con efectos retroactivos aplicables a 2024).

Ese pacto finalizó el 31 de diciembre del año pasado y, por el momento, no se ha convocado ninguna mesa de negociación para renovarlo. Algo denunciable para CSIF, que no suscribió aquel acuerdo ya caduco y que ha anunciado que podrían sumarse nuevas protestas durante más fechas ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno por toda España.

El pasado 18 de diciembre, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, pactó con los sindicatos UGT y CC OO la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a la jubilación parcial, una fórmula de retiro que se prohibió para este colectivo en 2012, en el marco de los ajustes presupuestarios que llevó a cabo entonces el Gobierno del PP. Sin embargo, esta disposición, que permite compatibilizar un recorte de la jornada con el cobro proporcional de la pensión por las horas no trabajadas y que se encuentra entre las reclamaciones de CSIF, requiere de un cambio normativo que todavía no se ha llevado a cabo.

Conflicto sanitario

El único movimiento en dirección a regular el acceso a la jubilación parcial lo dio el Grupo Parlamentario Socialista a mediados de febrero, a través de una de las 37 enmiendas que presentó para modificar la futura Ley de Función Pública. Entre ellas también se encontraba la propuesta para ampliar dos años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios, de los 70 a los 72 años. Una demanda que vienen apoyando algunos colectivos, entre ellos los médicos, jueces o profesores universitarios.

Este paquete de reclamaciones llega apenas unos días después de que Función Pública haya cerrado el conflicto en Muface, con el que se garantiza la asistencia sanitaria de un millón y medio funcionarios (y sus familiares) en el sector privado en el periodo 2025-2027. Tras meses de tiras y afloja en cuanto a las condiciones de la licitación, finalmente las aseguradoras Asisa y Adeslas acudieron al último pliego de contratación de Muface, por el que el Estado pagará más de 6.250 millones de euros.