¿Quién cobra más: los funcionarios del Estado o los autonómicos? Los sindicatos denuncian diferencias escandalosas que perjudican a los trabajadores de los ministerios

Los sindicatos UGT y CC OO denunciarán el próximo 4 de noviembre el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (AGE) para dar así el pistoletazo de salida a la negociación con el Gobierno del próximo marco legislativo (el V) del que dependen 40.000 trabajadores públicos. Las dos centrales han anunciado este lunes que su principal demanda será la de terminar con la discriminación en materia salarial que sufren los empleados de la AGE en comparación con sus homólogos de las Comunidades Autónomas o entidades locales, que perciben entre un 8% y un 10% más de sueldo por llevar a cabo las mismas tareas, según han denunciado. CSIF, por medio de un comunicado, ha considerado “precipitada” la denuncia de UGT y CC OO, y espera “que no perjudique a la negociación y el desarrollo de las mejoras en las condiciones laborales”.

“En términos generales, hemos cuantificado esta diferencia entre un 8% y un 10%”, ha indicado Vidal Cruzado, portavoz del sector de la AGE de FSC-CC OO. Cruzado ha considerado esta situación como una “desventaja” para estos trabajadores, y un impedimento para tratar de atraer y retener talento al sector público. “Hay trabajadores que, teniendo un contrato temporal de ocho meses en una comunidad, ganan más que uno fijo para el Estado en todo el año”, ha denunciado.

“El actual convenio se firmó el 4 de marzo de 2019, siendo Meritxell Batet la ministra Política Territorial y Función Pública, y aunque no se ha desarrollado en el tiempo y forma que nos hubiera gustado, consideramos que sí lo ha sido aceptablemente en sus objetivos fundamentales: una nueva clasificación profesional y moderna, y la ausencia de distinción entre los distintos regímenes laborales dentro de la AGE, esto es, entre el personal funcionario y el laboral”, ha señalado, por su parte, Carlos Álvarez, secretario federal de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT. “Es el momento ahora de dar un segundo paso. Si el Ejecutivo quiere captar y retener talento, no debe circunscribirse al ámbito universitario, es necesario extenderlo a la formación profesional, y el V Convenio debe tener unos salarios dignos y competitivos”, ha remachado.

El IV Convenio Único —que decaerá en noviembre—, contemplaba una subida lineal de 280 euros anuales, con efecto retroactivo desde enero, y un alza mayor para las categorías más bajas. Sin embargo, estos incrementos no han logrado paliar las diferencias en cuanto a la remuneración que existen entre el personal de la AGE (que depende del Estado) y el de las comunidades autónomas (cerca del 60% de la plantilla total, de casi tres millones de empleados públicos), o las entidades locales.

Consultados por cuál será la horquilla que plantearán al Ministerio de Función Pública, en manos de Óscar Puente desde hace algo más de un mes, los responsables sindicales no han dado cifras, pero su posicionamiento da a entender que tratarán de abordar esta diferencia del 10% que han denunciado durante la rueda de prensa. Sí que han reconocido que buscarán que el V Convenio Único tenga, igual que su predecesor, carácter plurianual. Así como, la implementación de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas semanales como estándar en la AGE, algo que ya sucede en otras administraciones.

Equiparación

Elena Tarjuelo, portavoz del sector de la AGE de UGT-SP, ha reforzado la reclamación sindical de terminar con los distintos baremos retributivos entre administraciones, apelando a la igualdad de requisitos que los distintos trabajadores deben superar. “A igual titulación requerida para el acceso, igual salario base”, ha reclamado Tarjuelo. En su intervención, ha considerado “escandalosa” esta discriminación, que ha ejemplificado con diferencias de hasta 3.800 euros brutos anuales entre trabajadores equiparables en su categoría profesional. “En el anterior convenio dimos un paso con las homologaciones, y ahora tenemos que darlo con la equiparación retributiva”, ha concluido.

Por su parte, Esther Abajo, secretaria general del sector de la AGE de FSC-CC OO, ha querido remarcar que el objetivo de los sindicatos no es el de rebajar las retribuciones de los trabajadores de otras instituciones ajenas al Estado, sino lograr una igualdad. “Que todo el mundo tenga claro que lo que pretendemos es unificar salarios, porque la mejora del empleo público es vital para cubrir los servicios que la ciudadanía demanda. Es necesaria una revisión normativa”, ha explicado.

Pese a que ninguno de los representantes sindicales ha querido establecer plazos para llevar a cabo la negociación con el Gobierno, Abajo ha deseado que esta se lleve a cabo “en un tiempo razonable”, y ha demandado que esta se celebre “de forma dinámica”, puesto que espera que “el Gobierno tenga predisposición” para que así sea.