UGT señala al Gobierno por el incremento de las desigualdades salariales dentro de la Administración General

El secretario federal de la Administración General del Estado (AGE) de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carlos Álvarez, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber hecho nada por reducir las desigualdades laborales existentes en el seno de las administraciones en sus dos primeros años de mandato. Estas desavenencias entre trabajadores públicos quedan reflejadas dentro del informe presentado hoy por el sindicato titulado Mapa de la desigualdad salarial en la AGE, en el que se detallan las distinciones salariales en función de los diferentes grupos de trabajadores.

“La llegada del Gobierno del PSOE tras la moción de censura nos generó expectativas en el sentido de que presentaban un programa progresista, ya que la defensa de los servicios públicos es siempre uno de sus objetivos. La confianza que nos generó la ministra Meritxell Batet [al frente de la cartera de Política Territorial y Función Pública entre 2018 y 2019], nos permitió alcanzar multitud de acuerdos que desgraciadamente no se han cumplido”, ha añadido Álvarez, que ha calificado de “rota” la confianza que mantiene en estos momentos con el Ejecutivo.

Durante el periodo comprendido entre la moción de censura y la disolución de las cortes se firmaron el Acuerdo de Movilidad del Personal Funcionario (octubre 2018), el Acuerdo de Fondos Adicionales 2018-2020 y el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General (ambos en marzo de 2019), y se diseñó la Oferta de Empleo Público 2019. Todos ellos están hoy paralizados. “Dos años después de establecer estos acuerdos, el nuevo Gobierno, quizás con la escusa de la covid o por falta de voluntad, ha sido incapaz o no ha querido desarrollarlos”, ha advertido Álvarez. Según datos de UGT, se han perdido alrededor de 40.000 efectivos en la Administración General del Estado, la quinta parte del personal total, “que es necesario reponer, máxime cuando se están implementando nuevas tramitaciones como las del Ingreso Mínimo Vital, o hay grandes necesidades como la tramitación de los ERTE en el SEPE”, ha señalado Álvarez.

Brecha en el ámbito penitenciario

El informe de UGT aborda especialmente la brecha existente en las retribuciones mínimas de los trabajadores de instituciones penitenciarias, y en el que se advierten diferencias salariales notables en función del tipo de prisión y de su ubicación, algo que “genera unas diferencias tremendas entre trabajadores que hacen prácticamente las mismas funciones”, según Álavarez. De esta forma, los trabajadores de los centros penitenciarios que se encuentran en las Comunidades Autónomas en las que tienen transferidas estas competencias reciben unos complementos específicos que superan en hasta 600 euros a los que se entregan en aquellas que dependen del Estado.

Otra de las decisiones del Gobierno que mayor malestar ha generado en los sindicatos es la de mantener al margen de la negociación para la regulación de la futura ley del teletrabajo a los empleados de la Administración General. “A fecha de hoy no tenemos ninguna notificación ni ninguna convocatoria para abordar esta situación, y podría decirse que la negociación colectiva en este sentido es inexistente”, ha confesado Álvarez.