Bruselas abre un nuevo frente contra España por el abuso de los interinos en la administración pública

Los frentes de España con las instituciones europeas por los abusos con los interinos crecen y crecen. La Comisión Europea ha abierto otro expediente a España por este motivo. Ya puso en marcha un procedimiento de sanción en julio. El de este jueves lo provoca el hecho de que la Administración no cuente con medidas que impidan el encadenamiento de contratos en el sector público. “Independientemente de que un trabajador haya trabajado durante 20 ó 30 años, la indemnización es la misma”, pone como ejemplo el comunicado en que el Ejecutivo comunitario anuncia la apertura del expediente, que puede acabar ante la justicia europea si España no lo soluciona antes.

Precisamente ante el TJUE, las autoridades españolas se han dado de bruces varias veces por sus abusos sobre los trabajadores interinos, en concreto por este mismo hecho: la falta de una reparación adecuada y proporcional al daño que les provoca la temporalidad abusiva en la Administración. Una de las últimas veces fue el pasado junio, cuando el Tribunal de Justicia, la instancia más alta de la judicatura europea, instó al Estado español a que convirtiera en indefinidos a los empleados públicos que han encadenado de forma fraudulenta contratos temporales para cubrir necesidades estructurales. No era la primera vez que fallaba en este sentido y todavía tiene que hacerlo, por lo menos, otra vez, ante una cuestión prejudicial del Supremo.

El paso que ha dado Bruselas ahora consiste en remitir una carta a España pidiéndole explicaciones y reclamándole que corrija la situación. Ahora Madrid tiene dos meses de plazo para responder. Si la respuesta no satisface la demanda de la Comisión, esta enviará un dictamen razonado. Si la contestación a este movimiento tampoco convence, el último paso será acudir a los tribunales de Luxemburgo.

En el texto divulgado este jueves, el Ejecutivo de la Unión admite que España ya hizo cambios en 2015 para solucionar la situación. No lo logró. “La Comisión considera que las nuevas normas nacionales siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados, en particular en lo que respecta a la eficacia de las medidas sancionadoras”, subraya.

Ya en verano España se enfrentó a un proceso similar por las condiciones laborales de los trabajadores interinos de las administraciones públicas. Entonces era por “discriminaciones contrarias al derecho de la UE”. Como en el expediente actual, Madrid había tratado de resolver la situación, pero también lo había hecho de forma insuficiente. La discriminación concreta en este caso era por no contabilizar los periodos de interinidad de los funcionarios a la hora de calcular los incrementos salariales (trienios y sexenios) ni los ascensos; y no solo para los que todavía eran interinos, que no tenían acceso a la misma carrera profesional que los fijos, tampoco lo contaba para quienes habían obtenido una plaza fija siendo antes temporales.

La lista de desencuentros que tiene España con las instituciones europeas por las diferentes condiciones laborales de los trabajadores temporales del sector público o por cómo se castiga el abuso de la temporalidad por la Administración añade este jueves otro capítulo. Las normas europeas no distinguen entre empleados del sector privado y del sector público. Además, dentro de este último tampoco lo hacen entre personal laboral contratado y funcionarios (sujetos estos últimos a un estatuto propio). España sí que lo hace y eso da pie a diferencias en las condiciones laborales de unos y otros empleados.